Retrasos que perjudican al ciudadano

RETRASOS QUE PERJUDICAN AL CIUDADANO

La lentitud de la Administración de Justicia constituye uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía almeriense, debido a las consecuencias que genera tanto en el ámbito personal como en el económico y social. La acumulación de procedimientos y la insuficiencia de recursos humanos y materiales provoca que numerosos asuntos permanezcan pendientes de resolución durante largos periodos de tiempo, prologando situaciones de conflicto e incertidumbre. Para muchos ciudadanos, los retrasos judiciales suponen una dilación en la defensa efectiva de sus derechos. Procedimientos relacionados con conflictos familiares, reclamaciones laborales, herencias, desahucios o indemnizaciones se ven afectados por tiempos de espera que, en ocasiones, superan ampliamente los plazos considerados razonables. Esta circunstancia n solo retrasa la obtención de una respuesta judicial, sino que también puede agravar los problemas económicos y emocionales de las personas implicadas. En el ámbito laboral, las demoras afectan especialmente a trabajadores que esperan una resolución sobre despidos, incapacidades o reclamaciones salariales, mientas que en el terreno empresarial la tardanza en la resolución de litigios puede dificultar la actividad económica y generar inseguridad en las relaciones comerciales. A ello se suma el coste psicológico derivado de mantener durante años conflictos sin resolver, una situación que incremente la sensación de incertidumbre y desgaste entre quienes dependen de una decisión judicial.

Suena redundante, pero los déficits de la Justicia en la provincia de Almería sigue generando graves problemas en la administración de este servicio público entre la ciudadanía. Desde una perspectiva institucional, la congestión de los órganos judiciales repercute negativamente en la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la Justicia. La demora en la resolución de los procedimientos puede erosionar la confianza en las instituciones públicas y alimentar la idea de una administración incapaz de responder con la rapidez que demandan los problemas de la sociedad contemporánea. En consecuencia, el retraso judicial transciende el ámbito estrictamente jurídica para convertirse en una cuestión con implicaciones sociales, económicas y democráticas que afectan al conjunto de la provincia. El anuncio del presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, de la llegada de diez nuevos jueces a los partidos judiciales de Almería capital, Berja, El Ejido, Huércal-Overa, Purchena, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio y Vera, supondrá un salto cualitativo en la aceleración de los veredictos. En la actualidad, en la provincia hay 88 jueves, 64 en la capital, de los que 40 son titulares de los juzgados situados en la Ciudad de la Justicia y 24 trabajan en el Palacio de Justicia, y otros 24 están repartidos en los siete pueblos donde existen instalaciones dependientes de la Consejería de Justicia.

El presidente de la Audiencia mantiene que “dentro de los problemas que tenemos, siempre digo que todas las mañanas en todos los juzgados hacemos el milagro de los panes y los pece, porque con los pocos medios con los que contamos sacamos muchas cosas adelante”. Y remarca que se sigue impartiendo justicia en unos plazos que se prolongan mucho en el tiempo. “La falta de medios sigue siendo más lenta de lo que debiera ser -remarca-. Cuando me preguntan por ello, pongo un ejemplo: si nos vamos a una boda, tenemos 300 invitados y dos camareros, van a tardar en servirnos. Ahora, si para esos invitados hay 300 camareros, nos van a servir enseguida. Y eso es lo mismo”. Coincide en los planteamientos la presidenta de la Confederación del Sindicato Independiente de Funcionarios, CSIF, María Angustias Serrano, que antes de llegar a la cúpula del mayor sindicato de funcionarios de Almería estuvo 12 años representando a los trabajadores públicos de la Administración de Justicia. Mantiene que en nuestra provincia hacen falta casi un millar de funcionarios más para poder descongestionar los juzgados y las salas de la Audiencia Provincial. “Yo lo he estado viviendo durante muchísimos años en la Administración de Justicia, donde hay una carga de trabajo terrible y, sin embargo, los compañeros intentan atender a todo el mundo y hacerlo lo mejor posible”. Es tajante en la evaluación de la situación. “No se pone to12 da la carne en el asador, ni el interés que se tenía que poner a la administración pública. Los compañeros trabajan con muchas carencias, haciéndolo lo mejor posible. Podría ser una buena administración pública para el administrado, y no llega a serlo porque no tenemos los medios suficientes. No es por falta de ganas del personal, ni muchísimo menos, sino porque no nos ponen los medios suficientes para ello”.

OPINIÓN

La acumulación de asuntos pendientes constituye otro indicador revelador del problema. A finales de 2025 permanecían sin resolver en la provincia alrededor de 77.000 expedientes judiciales, una cifra que evidencia la dificultad de los órganos judiciales para absorber el volumen de litigios existente. Aunque durante ese ejercicio se produjo un ligero descenso en el número de nuevos asuntos registrados, la bolsa de procedimientos acumulados continúa siendo extraordinariamente elevada.

La dimensión del problema puede apreciarse en la evolución de los órganos de la jurisdicción social. Los Juzgados de lo Social de la capital llegan a soportar cargas de trabajo superiores al 200 % de los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, provocando que numerosos procedimientos laborales sean señalados para el año 2030.

La percepción de una justicia lenta contribuye a erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en la capacidad del Estado para garantizar una tutela judicial efectiva dentro de plazos razonables.

La jurisdicción civil presenta igualmente indicadores preocupantes. Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente a 2025, cada magistrado de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Almería asume una media superior a los 2.500 asuntos anuales, más del doble del volumen orientativo fijado por el Consejo General del Poder Judicial.

Las propias autoridades judiciales reconocen la necesidad de reforzar la estructura existente. Estas demandas ponen de manifiesto que el problema no puede atribuirse únicamente al incremento de la litigiosidad, sino también a una insuficiencia histórica de medios personales y materiales para atender el crecimiento demográfico y económico experimentado por la provincia durante las últimas décadas.

Miguel Martín Alonso Periodista de Tribunales

LA MUJER DEL CÉSAR EN EL ESTRADO:

LA APARIENCIA DE INDEPENDENCIA COMO PILAR DEL ESTADO DE DERECHO Decía Plutarco que, tras repudiar a su esposa Pompeya por un escándalo en el que ella ni siquiera había participado de forma voluntaria, Julio César justificó su decisión con una frase que ha trascendido los milenios: "La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo". Esta máxima, que subraya la importancia vital de la reputación y la percepción pública, encuentra hoy un eco ensordecedor en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la Administración de Justicia. mos a un problema endémico de percepción. Las constantes injerencias, o intentos de injerencia, de los poderes ejecutivo y legislativo en la cúpula judicial han creado una pátina de sospecha que amenaza con socavar la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Basta con abrir cualquier periódico o encender un informativo para asistir a un espectáculo mediático en el que los jueces, magistrados y fiscales son etiquetados sistemáticamente con la brocha gorda de la política. Hablamos con una naturalidad pasmosa de "jueces progresistas", "magistrados conservadores", "fiscales moderados" o, lo que es más grave, vocales "afines" a uno u otro partido político. Esta narrativa mediática y política proyecta una imagen profundamente

En los tiempos que corren, los periodistas que transitamos a diario por los pasillos de los juzgados cubriendo la información de tribunales sabemos que la justicia en España es, en su inmensa mayoría, profesional, rigurosa y virtuosa. Sin embargo, nos enfrenta13