La mujer del Cesar en el estrado: La apariencia de independencia como pilar del estado de derecho

OPINIÓN

da la carne en el asador, ni el interés que se tenía que poner a la administración pública. Los compañeros trabajan con muchas carencias, haciéndolo lo mejor posible. Podría ser una buena administración pública para el administrado, y no llega a serlo porque no tenemos los medios suficientes. No es por falta de ganas del personal, ni muchísimo menos, sino porque no nos ponen los medios suficientes para ello”.

La acumulación de asuntos pendientes constituye otro indicador revelador del problema. A finales de 2025 permanecían sin resolver en la provincia alrededor de 77.000 expedientes judiciales, una cifra que evidencia la dificultad de los órganos judiciales para absorber el volumen de litigios existente. Aunque durante ese ejercicio se produjo un ligero descenso en el número de nuevos asuntos registrados, la bolsa de procedimientos acumulados continúa siendo extraordinariamente elevada.

La dimensión del problema puede apreciarse en la evolución de los órganos de la jurisdicción social. Los Juzgados de lo Social de la capital llegan a soportar cargas de trabajo superiores al 200 % de los módulos recomendados por el Consejo General del Poder Judicial, provocando que numerosos procedimientos laborales sean señalados para el año 2030.

La percepción de una justicia lenta contribuye a erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en la capacidad del Estado para garantizar una tutela judicial efectiva dentro de plazos razonables.

La jurisdicción civil presenta igualmente indicadores preocupantes. Según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente a 2025, cada magistrado de la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Almería asume una media superior a los 2.500 asuntos anuales, más del doble del volumen orientativo fijado por el Consejo General del Poder Judicial.

Las propias autoridades judiciales reconocen la necesidad de reforzar la estructura existente. Estas demandas ponen de manifiesto que el problema no puede atribuirse únicamente al incremento de la litigiosidad, sino también a una insuficiencia histórica de medios personales y materiales para atender el crecimiento demográfico y económico experimentado por la provincia durante las últimas décadas.

Miguel Martín Alonso Periodista de Tribunales

LA MUJER DEL CÉSAR EN EL ESTRADO:

LA APARIENCIA DE INDEPENDENCIA COMO PILAR DEL ESTADO DE DERECHO Decía Plutarco que, tras repudiar a su esposa Pompeya por un escándalo en el que ella ni siquiera había participado de forma voluntaria, Julio César justificó su decisión con una frase que ha trascendido los milenios: "La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo". Esta máxima, que subraya la importancia vital de la reputación y la percepción pública, encuentra hoy un eco ensordecedor en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: la Administración de Justicia. mos a un problema endémico de percepción. Las constantes injerencias, o intentos de injerencia, de los poderes ejecutivo y legislativo en la cúpula judicial han creado una pátina de sospecha que amenaza con socavar la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Basta con abrir cualquier periódico o encender un informativo para asistir a un espectáculo mediático en el que los jueces, magistrados y fiscales son etiquetados sistemáticamente con la brocha gorda de la política. Hablamos con una naturalidad pasmosa de "jueces progresistas", "magistrados conservadores", "fiscales moderados" o, lo que es más grave, vocales "afines" a uno u otro partido político. Esta narrativa mediática y política proyecta una imagen profundamente

En los tiempos que corren, los periodistas que transitamos a diario por los pasillos de los juzgados cubriendo la información de tribunales sabemos que la justicia en España es, en su inmensa mayoría, profesional, rigurosa y virtuosa. Sin embargo, nos enfrenta13 distorsionada de la realidad judicial. Transmite a la sociedad la falsa creencia de que las togas actúan al dictado de las sedes de los partidos, ignorando que la inmensa mayoría de las resoluciones se basan estrictamente en la hermenéutica jurídica y en la aplicación imparcial de la ley.

OPINIÓN

Pero que la imagen sea falsa en la base del sistema no significa que el problema no exista en su diseño institucional. Precisamente por ello, organismos vinculados al Consejo de Europa han levantado la voz de alarma en reiteradas ocasiones. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y la Comisión de Venecia han instado repetidamente a nuestro país a implementar reformas profundas que garanticen una mayor y más nítida separación de poderes. Las recomendaciones europeas son claras: es imperativo reducir la influencia política en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apostando por modelos donde los jueces elijan a sus pares, y dotar de una mayor autonomía real y estatutaria al Ministerio Fiscal frente al Gobierno de turno. Europa no nos dice que nuestros jueces sean corruptos o dependientes; nos dice que nuestro sistema permite que lo parezcan, y en democracia, las formas son el fondo. La falta de barreras visibles entre la política y la justicia es un caldo de cultivo peligroso. Esta vulnerabilidad en la "apariencia" de independencia no es inocua. La erosión de la confianza en las instituciones es la brecha por la que se cuelan los movi- mientos políticos más extremistas y populistas. Estos partidos instrumentalizan la percepción de una justicia politizada para deslegitimar los fallos que les son adversos o para justificar sus propios atropellos institucionales. Si la ciudadanía cree que la justicia es solo una extensión de la voluntad del gobierno o de la oposición, el Estado de derecho pierde su fuerza vinculante y moral. El extremismo se alimenta de la desconfianza, y no hay mayor regalo para quienes buscan desestabilizar la democracia que un poder judicial bajo permanente sospecha de partidismo. Desde mi perspectiva como periodista y colaborador de esta Sala de Togas, observando a diario la realidad judicial, creo que tenemos el deber de defender la labor de nuestros tribunales, pero también la obligación de exigir a nuestros representantes públicos que dejen de jugar con las reglas del juego. Necesitamos reformas estructurales valientes, alineadas con los estándares europeos, que blinden a la judicatura y a la fiscalía del mercadeo político.

La justicia española es virtuosa, de eso no nos cabe duda a quienes la observamos trabajar a pie de estrado. Pero ya va siendo hora de que nuestras leyes y nuestros políticos le permitan, de una vez por todas, parecerlo. Porque cuando la ciudadanía mira a los tribunales, no solo debe ver la ley encarnada; debe ver un refugio inexpugnable, ciego a las presiones y sordo a los dictados del poder. Solo así protegeremos a nuestra particular mujer del César de las sombras de la sospecha.

Félix Solís Sánchez Col. 1.115

PROFECÍAS DE NUESTRA VERGÜENZA EN VERSO Y PROSA Cuando Valle Inclán escribía: “Yo anuncio la era argentina de socialismo y cocaína, de cocottes con convulsiones y de grandes revoluciones”; creía estar describiendo la época que veía iniciarse, en realidad se refería (decía bien “anuncio”) a esta época nuestra. pago de su puta compañía. Y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos, señora mía. Mas llámenme a mi puto enamorado, si al cabo para puta no os dejare; y como puto muera yo quemado si de otras tales putas me pagaren, porque las putas graves son costosas, y las putillas viles afrentosas”.

Del mismo modo Quevedo, en su soneto: “Puto es el hombre que de putas fía, y puto quien sus gustos apetecen Puto el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía. Puto es el gusto y puta la alegría que el rato putaril nos encarece y puto el estipendio que se ofrece en

La lectura del soneto parece descriptiva de esta época: donde hay un “puto” enamorado que busca librarse del primer epíteto dejando para puta quizá a un sujeto colectivo. Hay putas graves por costosas y, sin duda, 14