Accidente nuclear de Palomares La distancia es el olvido: Seis décadas sin solución

JOSÉ HERRERA PLAZA Investigador Independiente

ACCIDENTE NUCLEAR DE PALOMARES

LA DISTANCIA ES EL OLVIDO: SEIS DÉCADAS SIN SOLUCIÓN da económica, otro defensivo más breve y un tercero sobre mutua defensa (ver Foto 1). El defensivo tenía un Acuerdo Técnico secreto, en cuyo artículo VII, no existía estipulación alguna que impidiera el libre tránsito y almacenaje de armamento nuclear sin límite temporal, de tipo o cuantía, lo que dio paso a la libre discrecionalidad de la USAF.

El 17 de enero se cumplió el 60 aniversario del accidente nuclear de Palomares. Una historia nacida en plena dictadura que jamás se cerró y de la que aún se siguen escribiendo sus páginas. En el presente restan 40 hectáreas valladas por contaminación de plutonio, americio y uranio. Se hallan a la espera desde 2010 de que unas hipotéticas élites políticas de Madrid cumplan con su obligación y emprendan la restauración radiológica planificada. Como España carece de un lugar fijo donde ubicar esos residuos, se procedería de la misma manera que en las centrales nucleares. Se crearía un almacén temporal individualizado en el Cabril. Allí quedarían ubicados de manera provisional el plutonio que no se llevaron los norteamericanos, hasta que sea retornado a sus legítimos propietarios. Con ello se pondría fin a los riesgos padecidos por los vecinos y al soterrado y pertinaz lastre a su desarrollo y buen nombre.

Desde 1958 se crearon unos arsenales nucleares subterráneos en las bases conjuntas de Torrejón, Zaragoza y Morón, que albergaron distintos tipos de bombas atómicas y de hidrógeno, alcanzando en 1963 las 250 unidades. Esto generó su inmediata conversión en objetivos prioritarios nucleares de la URSS o de «primera oleada» junto a pobladas capitales, como Madrid, Zaragoza o Sevilla. Todo ello promovido por las élites militares y políticas asumiendo un elevado riesgo a espaldas de los potenciales afectados: los ciudadanos. La creación de la ignorancia en temas sensibles es y siempre ha sido objetivo político de todos los regímenes y sistemas, una de las más poderosas herramientas del poder. Con el desconocimiento, los ciudadanos se tornan pusilánimes y silenciosos, se soslayan posibles controversias, se desactiva y vacía de soporte argumental cualquier disenso.

Recordemos que un bombardero estratégico norteamericano colisionó en enero de 1966 con un avión nodriza cuando iba a repostar sobre los cielos de Palomares, como hacían todas las mañanas desde 1961. Con el impacto y la fragmentación del bombardero se desprendieron cuatro bombas de hidrógeno de 1,1 megatón. Cada una casi setenta veces más destructiva que la de Hiroshima. La que cayó al mar tuvo una incierta, procelosa y dilatada recuperación durante ochenta días. Dos de las tres que cayeron en tierra esparcieron entre nueve y diez kilos de plutonio muy radiactivo y uranio en casi 630 hectáreas. Hasta Chernobyl, veinte años más tarde, fue el accidente más relevante de la era nuclear.

Aunque no hubo detonación nuclear, desde 1945 no habían vuelto a caer bombas nucleares en una zona urbana y contaminado a las personas. Durante algo más de ochenta días, una pequeña población que ni siquiera figuraba en los mapas, estuvo presente en la radio, prensa y TV de los cinco continentes.

[ Foto I ]

1. Origen y contexto Todo había comenzado en 1953 con los llamados «Pactos de Madrid» entre España y Estados Unidos de América (EUA). La España de Franco se hallaba aislada desde la Conferencia de Postdam (1945), sumida en las penurias económicas de la autarquía. Los pactos constaban de tres convenios: uno bastante extenso sobre ayu-

Un instante de la firma en el Palacio de Santa Cruz de los «Pactos de Madrid» con EUA. De izqda. a dcha. el ministro de Exteriores, Alberto Martín Artajo, el general Juan Vigón, el general Kissner y el ministro de Comercio, Manuel Arburúa (Foto: Univ. de Alcalá, Colección fotos Embajada EUA).

¿Fue consecuencia de la mala suerte? Los datos apuntan a que se forzó holgadamente la ley de la probabilidad con un intenso tránsito aéreo. Desde que comenzó la alerta aérea permanente el 06/11/1961 hasta el 21/01/1966, por el espacio aéreo de España transitaron 21 624 bombarderos y 83 256 bombas H, efectuándose 30 582 repostajes; más de la mitad nocturnos. Todos los días solían volar ocho o doce de estas aeronaves. En la Crisis de los Misiles con Cuba (1962) en que el mundo estuvo cerca de la destrucción nuclear mutua asegurada, el número se disparó a 84 vuelos diarios por encima de nuestras cabezas o las de nuestros padres. España era el único país de la Ruta Sur que permitía el sobrevuelo y repostaje de los B-52 cargados con armas nucleares. Dinamarca era la otra excepción en la Ruta Norte. En 1968 sufrió en Thule (Groenlandia) otro accidente similar.

La pregunta recurrente es: ¿por qué volaban esos aviones por España cargados con armas nucleares? El desarrollo nuclear soviético de segunda mitad de los 50, de sus vectores de transporte, con el lanzamiento del primer satélite Sputnik (1957), generó la respuesta norteamericana orientada a incrementar la operatividad y dispersión de sus fuerzas estratégicas. En 1961 una numerosa flota de B-52 inició sus vuelos cerca de las fronteras de la URSS las 24 horas, todos los días del año. A este programa de alerta, definido como una alerta aérea permanente, se le denominó «Operación Cúpula de cromo». Se hallaba estructurado en tres itinerarios, el más largo y frecuentado era la Ruta Sur, de casi 24 horas.

El bombardero accidentado en Palomares (B-52G) poseía una autonomía de 13 500 km, lo que le permitía despegar de las bases de su país, con la capacidad de penetrar a baja cota (100 m) y alcanzar cualquier punto de la vasta extensión de la URSS. La aeronave siniestrada había partido desde una de las bases aéreas de la costa este de EUA. Había cruzado el Atlántico, entrando a las 06:29' (hora local) de la madrugada del 17 de enero por el sur de la ciudad de La Coruña. A los pocos minutos, en las tinieblas de la noche, ya había realizado la delicada maniobra de reabastecimiento con un avión nodriza que provenía de Zaragoza. Transferidos 60 000 litros en alrededor de diecisiete minutos, se acopló a otro que le completó los 181 000 litros de sus depósitos. La recarga finalizó a las 7:15', cuando aún no había comenzado a alborear. Se hallaba sobre la provincia de Zaragoza. Había transitado de noche repostando por las provincias de Coruña, Lugo, León, Palencia, Burgos y Soria, distanciado a sólo diez metros del nodriza, que es lo que mide la manguera, (ver Foto II). Después pasó por el norte de Ibiza hasta cerca de Córcega y Sicilia, para retornar hacia el levante almeriense. A las 10:20' alcanzó la costa, entre Garrucha y Villaricos. Cuando dos minutos más tarde intentaba acoplarse con otra aeronave nodriza se produjo la colisión.

El suceso de Palomares costó la vida a siete aviadores. De inmediato fueron sepultados, antes que en la tierra, en el olvido mediático. La causa vino por lo inusitado y espectacular de lo acontecido. Hubo cuatro aviadores que fueron salvados de inmediato por los pescadores y los habitantes. Las tres bombas de tierra fueron halladas en menos de 24 horas gracias a las indicaciones de los vecinos. Como la Historia siempre se escribe desde arriba por los vencedores o los poderosos, esta colaboración fue sesgada de la narrativa oficial, poniéndose la medalla los miembros de la US Air Force (USAF). Algo semejante sucedió con la bomba perdida en el mar. El pescador de Águilas, Francisco Simó, señaló el punto de amerizaje, que además coincidía con los vectores direccionales señalados por el boticario de Garrucha: Moldenahuer y su mancebo. Transcurridas unas semanas de fallida búsqueda finalmente le hicieron caso y fue hallada cerca.

Foto III

[ Foto II ]

Inicio del repostaje en vuelo de un B-52 y un cisterna KC-135. La manguera mide alrededor de 10 m. Junto con el despegue y aterrizaje supone una maniobra crítica, por ello nunca se realizaba sobre el mar cuando portaba armamento nuclear. Hasta el accidente, se realizó sobre España en 30 582 ocasiones; la mayoría de noche (Foto: USAF).

La bomba hallada primero había desplegado su paracaídas de frenado de cintas, lo que impidió que deflagrara su explosivo químico y liberara el plutonio. Junto con la recuperada del mar, fueron las que apenas sufrieron daños. En la actualidad se hallan expuestas en Albuquerque, Nuevo México (Foto: National Atomic Museum).

1.1 España extiende la alfombra roja a la USAF básico y elemental es evacuar a la población. Medida de la que se prescindió cumpliendo órdenes de Presidencia del Gobierno —impartidas desde 550 km— en aras de no llamar la atención de la prensa internacional. Después resulta apremiante levantar un mapa radiométrico a escala que cuantifique, localice y delimite la magnitud de la dispersión radiactiva para adoptar las medidas de restauración. Cuando esta tarea se culminó a partir de la tercera semana, la USAF pudo comprobar los elevados niveles de radiación, así como la vasta extensión del plutonio y uranio generada por los vientos.

El Ejército del Aire español puso a disposición de la US Air Force (USAF) la Base de San Javier (Murcia) las 24 horas. Gracias a su disposición y extrema generosidad, se pudo establecer un escalón avanzado en Palomares el mismo día del suceso en una de las zonas peor comunicadas del país. Incluso fue posible improvisar el mismo día por la noche un puesto de mando militar en el bar de Tomás Mula. El primer centro de mando avanzado del ejército más moderno en Palomares, integrado por los generales Wilson y Donovan, tuvo como escenario una angosta habitación de huéspedes encima del bar, con un frugal mobiliario y un camastro, iluminada con la pálida luz de una lámpara de butano, el aroma a tabaco, fritanga de las tapas cocinadas y el vivo rumor tabernario de un pequeño bar de la España profunda, con una nutrida clientela aún consternada.

2. Comienzan las rebajas, los silencios y las deslealtades

La actitud del país causante en los inicios fue un derroche de pomposos halagos, loas de reconocimiento a la población y autoridades españolas. Con las muestras orales de gratitud no hubo miseria, pues carecían de coste. Pero las palabras vanas en sí adolecen de valía y significado. Si por espontáneas, francas y sentidas alguno tuviesen, lo pierden si no vienen por los hechos refrendadas. Cuando la USAF pudo forjarse una idea aproximada de la magnitud de las resultas, la actitud cambió radicalmente. Lo primero fue minorar cualquier parámetro que indicara la gravedad de lo sucedido. No quedó ninguno a salvo: los niveles rebajados de las isolíneas de radiactividad del mapa, del que se hicieron varias versiones apócrifas que han estado vigentes hasta pasados 50 años. La superficie contaminada de 630 hectáreas pasó a 255 según la USAF, ocultando la de Sierra Almagrera. A los EUA se llevaron con alharacas 1000 m3 de tierras y cultivos contaminados de los 27 000 comprometidos, mientras enterraban de manera subrepticia cuatro veces más en dos fosas descubiertas en 2007.

Las primeras personas contaminadas en España y las que aparecieron después en EUA sufrieron el negacionismo de que se habían contaminado las muestras o eran erróneas. Todo ello fue incorporado a una historia oficial que, como buen discurso dominante, ha persistido hasta cincuenta años. Hasta la conversión de las magnitudes radiológicas sufrieron una manipulación a la baja del 23%. El ejemplo más persistente ha sido con la denominación oficial, que tampoco se libró: la calificación del Departamento de Defensa de «accidente» fue degradada a «incidente», que implicaría que no hubo contaminación ni en el medioambiente ni en las personas. Aún hoy día persiste en algunas fuentes tal calificación.

Al mismo tiempo que realizaban todo tipo de rebajas, se negaron a aceptar el nivel de descontaminación que proponía España a través de la Junta de Energía Nuclear (JEN) y contrapropusieron una cifra casi quince veces mayor. Mientras se libraba la pugna porque cumplieran sus obligaciones, convencieron a quienes tenían el poder en España, la gloria y la última palabra: Muñoz Grandes y Franco, para descontaminar con un nivel

Transcurrida una semana, aún no se les había pasado el susto del suceso a las autoridades españolas. Entonces surgió la duda del soporte legal para contar con las suficientes garantías ante los posibles daños generados por el accidente. De inmediato fueron consultados los distintos acuerdos bilaterales. El director de la Dirección General de Relaciones con los EUA, Ángel Sagaz, ordenó cursar una nota informativa a su superior, el ministro de Exteriores, Fernando Mª Castiella, para documentarle en el siguiente Consejo de Ministros. En ella se detallaba lo contenido en el párrafo tercero del Acuerdo Confidencial firmado el 17 de julio de 1964, ante la llegada a la base de Rota de los nueve submarinos nucleares portadores de misiles Polaris: 3.- No obstante el artículo 18 del Acuerdo Técnico hispano-norteamericano de 26 de septiembre de 1953, toda reclamación por lesiones a personas o daños a bienes sitos en territorio bajo la jurisdicción de España que pudieran ocasionarse por algún incidente o accidente nuclear relacionado con uno de los buques de guerra a propulsión nuclear o sus barcos de apoyo o cualquier otro elemento de las Fuerzas de los EE. UU. operando en o desde territorio español, sin tener en cuenta su causa u origen y cualquiera que sea el lugar donde se originase el accidente será resuelta rápidamente a través de la vía diplomática de acuerdo con los procedimientos usuales aplicados al arreglo de reclamaciones internacionales usuales conforme a los principios de derecho y equidad generalmente aceptados y reconociendo la ley española sobre energía nuclear. [...]

Su inequívoco contenido seguro que tuvo que tranquilizar algo al gobierno español. Aunque la aparente solidez y credibilidad de lo acordado se hallaría en relación directamente proporcional al grado de candidez de sus ministros, porque ahora sólo faltaba su cumplimiento. Cuando se genera un accidente de este tipo, con dispersión del combustible fisible en una zona poblada, además de recuperar los restos de las bombas, lo primero, 115 firmado un acuerdo secreto para estudiar la «captación y retención de plutonio y uranio por un número representativo de población»; es decir, para experimentar cómo se contaminaban internamente los palomareños, que engañados, siguieron cultivando sus campos contaminados y así llevar a cabo el estudio de la dinámica corporal interna del plutonio, incluyendo los ratios de excreción en orina. Para que no fuera asociado a la población, se le puso un nombre en código: «Proyecto Indalo» (1966-2009). Este prescindía del requisito fundamental para que exista una garantía bioética: el consentimiento informado; base fundamental desde el Código Nüremberg de 1945, la Declaración de Helsinski (1964 y siguientes), el Informe Belmont (1978) o cualquier código deontológico médico. nueve veces superior al propuesto por la JEN; también fueron persuadidos para arar los niveles de radiactividad inferiores. El 28 de febrero acordaron definitivamente los acuerdos y métodos de limpieza radiológica. Aquello suponía una humillante y peligrosa claudicación para España y sobre todo para los lugareños, que tendrían que convivir con un entorno elevado de radiactividad. Una gran parte de registros «menores» se ararían para enterrar los contaminantes. Como el plutonio emite radiación alfa, que es bastante peligrosa dentro del cuerpo, pero no atraviesa ni una hoja de papel, al ser aradas las tierras el contaminante de la superficie era volteado a una profundidad de 30 centímetros. Cuando se pasaba un monitor por la superficie daba cero o muy baja radiación. Una gran mayoría de los 856 certificados de descontaminación entregados a los propietarios de las parcelas agrícolas se basaba en esta metodología de ocultación.

En la década de los 70 fallecieron tres personas jóvenes de leucemia en Palomares, lo que ocasionó una gran desazón en la barriada. Entonces, el Dr. Ramos de la JEN incorporó de manera unilateral y sorpresiva a finales de 1974 e inicios de 1975, un programa de supervisión médica anual de 130-150 vecinos, que viajaban a Madrid. Aquella iniciativa disgustó a la contraparte norteamericana, pues argumentaban que el «Proyecto Indalo» no había sido creado para ello. La narrativa oficial, que había sido confeccionada y mantenida durante doce años en dictadura tuvo su continuidad, vigencia y preservación durante treinta y un años en democracia. Los palomareños —como cobayas humanas— fueron expuestos de manera crónica a los radionucleidos, hasta que en 2008 se adoptaron las primeras y únicas medidas de radioprotección, con la restricción de acceso y uso de más de 40 hectáreas muy contaminadas, para vergüenza de nuestra democracia. Aquí también se hizo realidad el aforismo que el escritor italiano Tomasi di Lampedusa pone en boca de uno de los protagonistas de «El Gatopardo»: «Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie».

[ Foto IV ]

Un escuadrón de soldados retiró más de cien hectáreas de tomateras contaminadas. Por la ausencia de un equipo de protección individual, con una inservible mascarilla quirúrgica, todos se contaminaron internamente, al igual que sus compañeros, excretando plutonio en orina en los 1586 análisis realizados. Y eso que sólo estuvieron en Palomares de uno a dos meses, no como los vecinos, que quedaron permanentemente expuestos hasta 2008, donde se adoptaron las primeras medidas de protección radiológica (Foto: Archivos Nacionales de EUA).

3. Conclusiones y discusión

La obligatoriedad moral y legal del país causante de descontaminar y resarcir por el dolo generado resulta indiscutible. España se había cubierto las espaldas dos años antes, o eso creía cuando firmó el acuerdo secreto sobre la llegada de submarinos nucleares portadores de Polaris a Rota. Para el magistrado Manuel Espinosa: «este es un caso perdido salvo la vía diplomática o que exista algún tratado que haga imprescriptible la acción». La Ley 25/64 de 29 de abril sobre energía nuclear, en su artículo 67 establece un plazo de reclamación para daños inmediatos de diez años y veinte para los diferidos. Pero la duda se centra en, si más allá de las personas físicas o jurídicas, ¿existe prescripción cuando es el país causante quien ha incumplido todos los acuerdos con el país afectado? En cualquier caso podemos colegir que desde el plano moral, no existe fecha límite. De hecho, este tema aún planea como un viejo contencioso entre ambas naciones, que reaparece

2.1 El Proyecto Indalo

Al reparar el país causante en la holgada pusilanimidad de la dictadura, aprovechó la coyuntura e incumplió todo lo comprometido y firmado en los anteriores días, realizando un rápido simulacro de descontaminación. Al mismo tiempo creó, junto con España, una falaz historia oficial de que todo había quedado igual que antes del accidente, proclamando la inexistencia de riesgo para los vecinos. Esto ha quedado demostrado con la caracterización e inventariado radiológico realizado entre 2004-2008. Tres días antes del pacto para descontaminar se había 116

Pero, ¿quién descontamina Palomares entonces? Dado que el Estado español fue en 1966 cómplice de EUA en pergeñar la narrativa oficial, además de sostener casi cuarenta años esa falaz historia, sería lícito y de justicia considerarla en sí misma —sin maniqueísmos partidistas o ideológicos— responsable subsidiaria. Por tanto, es la que ha de llevar a cabo una restauración radiológica real y efectiva. Ello sin contar la obligación que tiene de cumplir con la Constitución y de procurarle a los palomareños el derecho de todos los españoles a convivir en un entorno libre de contaminación (art. 45). Pero el problema es que España ha padecido y padece el atavismo de un poder central en extremo centralista y excluyente, que ha generado un prolongado y agudo déficit institucional con la periferia. Canta el bolero que «la distancia es el olvido». No tenemos más que ver en el mapa las seis zonas radiactivas reconocidas por el Consejo de Seguridad Nuclear. Cinco se hallan en el área periférica peninsular, a cientos de kilómetros de la capital. Se da también una curiosa circunstancia: la instrumentalización política del problema radiológico de Palomares. Sólo algunos partidos abogan porque España descontamine Palomares, pero únicamente cuando están en la oposición. Al ejercer el poder la actitud cambia de forma antagónica. Mientras, los políticos almerienses del partido de turno en el poder asignados al Congreso y Senado guardan silencio cómplice. Son las reglas del juego político. Si se mueven no salen en las fotos y listas electorales de la próxima convocatoria. La única posible salida es seguir los cauces normativos de un hipotético estado de derecho: forzar a las élites políticas de Madrid en los juzgados a cumplir con sus obligaciones. Eso es lo que lleva realizando de forma filantrópica e ininterrumpida desde 2015 el abogado José Ignacio Domínguez, de la Federación provincial de Ecologistas en Acción en Almería. Este letrado, anterior piloto de cazas y pasajeros, cual Don Alonso Quijano, inasequible al desaliento, ha presentado querellas y otras iniciativas en aras de la descontaminación, casi agotando el ámbito jurisdiccional español y europeo. Comenzó con una denuncia al Fiscal de Medioambiente del Supremo (2015); le siguió el contencioso en la Audiencia Nacional (2017); peticiones al Parlamento Europeo

(2017 y 2019) que instó a España a descontaminar Palomares y a informarles de los pasos que daban en tal sentido. Como seguían mirando hacia otro lado, continuó con la petición y Recurso de Reposición al Consejode Ministros (2021); Recurso de Casación al Consejo de Seguridad Nuclear (2021); Recurso de Amparo al Constitucional (2023); Recurso contra el Ministerio de Transición Ecológica (2024); demanda al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (2024)... Los gobiernos partitocráticos de la Xª a la XVª Legislatura han utilizado todo tipo de argucias y excusas sin consistencia para la inacción. Lo último ha sido servirse de la ingeniería eufemística hasta límites patéticos, negando la natura- intermitentemente. Aunque la experiencia relacionada con los diferentes gobiernos españoles presenta la sospecha de su uso como mero instrumento en el juego diplomático. Desde el Acuerdo de Intenciones Kerry-Margallo en octubre de 2015, a dos meses de las elecciones generales, siempre ha sido incluido en la agenda bilateral cuando quedaban poco para los plebiscitos, como apoyo y refuerzo a otras demandas. ¿Qué seguridad jurídica presentaba el Acuerdo Confidencial de 1964 con esa «vía diplomática» para la resolución del dolo ocasionado y la restauración medioambiental? En la historiografía relacionada con las relaciones entre sendas naciones existe bastante consenso sobre la torpeza negociadora española. A esto ha de sumarse la ausencia de un punto de partida de similitud en la actitud de ambos. Más allá de la cortesía mutua de cara a la esfera pública, se saltaron tal acuerdo, el pacto firmado en Palomares el 28 de febrero para restaurar los terrenos y porque no hubo más. La extrema asimetría con el país hegemónico, excluyó y excluye un trato de aproximación y desarrollo igualitario —real o incluso explícito— que es inherente a toda relación diplomática que se precie. Lo demás fue un nuevo quebranto a la soberanía, imposición y vasallaje, sumisión en mayor o menor grado, típico de un país satélite. El caso Palomares constituyó un ejemplo más, como lo había sido la renovación de los pactos en 1963: el hacer valer su superioridad y si no era efectiva, utilizar la estrategia del divide et impera dentro del gobierno, como ha señalado el historiador Ángel Viñas.

[ Foto V ]

Respecto a la normativa EURATOM, Palomares aparece como una zona franca de hecho. En la foto: almacén improvisado cerca del cementerio con casi seis toneladas de residuos nucleares y 270 megaBequereles de radiactividad. Tres toneladas de ellos fueron transportadas de manera subrepticia entre 2011-2016, sacándolos de una instalación radiactiva de segunda clase de Madrid, que es donde deberían de estar todos y no en contenedores para hortalizas, sin medidas de seguridad (Foto: José Herrera).

- Artículos académicos:

“Cincuenta años del accidente nuclear de Palomares (Almería). Repercusiones médicas”. Revista Clínica Española (2017). Laynez Bretones, F. y Lozano Padilla, C. http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2016.12.010 “La experimentación humana con plutonio en España”. Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, vol. 42, nº 1, (2022). Herrera-Plaza, José. DOI: https://doi.org/10.30827/dynamis.v42i1.26896. “El papel real del Ejército del Aire de España en el accidente nuclear de Palomares”, Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 12, nº 25, (2023). Herrera-Plaza, José. https://doi.org/10.53351/ruhm.v12i25.867 leza y consideración de «accidente nuclear», para evitar verse obligados a descontaminar. Recuerda a 1966, cuando para esquivar la censura, las bombas de Palomares eran: «elementos disuasorios de carácter militar». Hasta el momento, Palomares lleva 60 años siendo una localidad franca de hecho, no de derecho, donde se incumple la casi totalidad de la normativa nacional e internacional relacionada con lo nuclear, mientras los organismos competentes se inhiben y miran para otro lado. Al dejar la casi totalidad de la radiactividad sin recoger en 1966, el accidente nuclear de Palomares se convirtió en una historia abierta e inconclusa, que se sigue escribiendo día a día. También una historia interminable, que alcanzará su final si alguna vez se descontamina de forma eficaz según el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010.

- Bibliografía:

Laynez Bretones, Francisco (2025): Las bombas de Palomares 60 años después. Personajes, mitos y leyendas, Universidad de Almería.

Herrera-Plaza, José (2025): El año de las bombas. Historias de Palomares. Universidad de Almería. Moreno Izquierdo, Rafael (2016). La historia secreta de las bombas de Palomares. Crítica, Barcelona. Herrera-Plaza, José (2015). Accidente Nuclear en Palomares. Consecuencias (1966-2016). Arráez Editores. Mojácar.

Para saber más:

- Documentales:

“Operación Flecha Rota. Accidente Nuclear en Palomares”. Pitaco Producciones (97'). https://www.youtube.com/watch?v=lxQeaNdeaZI “Palomares, días de plutonio y playa”. Miniserie de cuatro capítulos. Movistar +.

ÁNGEL CUSTODIO NAVARRO SÁNCHEZ Secretario General, habilitado nacional, del Consell Insular de Formentera (Illes Balears)

DE LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE: ALMERÍA FUERA DE ANDALUCÍA Y LOS VÉLEZ FUERA DE ALMERÍA Y DE ANDALUCÍA Las dos enmiendas de la UCD murciana durante la tramitación del Texto Constitucional en 1978 y su posible incidencia en la adscripción territorial de Los Vélez y otras comarcas periféricas del Sureste. ese proceso o integrarse posteriormente en el territorio autónomo resultante. La propuesta, registrada como enmienda núm. 68, se insertaba en un contexto de intensa discusión sobre la organización territorial del Estado y atendía a la dinámica del momento.

I. Introducción.

Este trabajo examina las dos enmiendas presentadas por representantes de la UCD murciana durante la tramitación de la Constitución en 1978: la primera, el 25 de enero, al artículo 129 del Anteproyecto; la segunda, el 2 de agosto, al artículo 137 del Proyecto constitucional aprobado por el Congreso. Ambas pretendían abrir una vía para que determinados municipios limítrofes pudieran decidir su adscripción a una comunidad autónoma distinta de aquella en la que quedara integrada su provincia. Aunque formuladas en términos generales, respondían de forma evidente al debate territorial del Sureste peninsular y, en particular, a la posible vinculación de Los Vélez y otras comarcas periféricas a Andalucía, en la cuenca del Segura y colindantes con la Región de Murcia. El interés de tales propuestas no se agota en su formulación literal. Su relevancia reside, sobre todo, en que ponen de manifiesto una tensión característica del momento constituyente: la existente entre la división provincial heredada, el diseño del nuevo Estado de las Autonomías y determinadas identidades comarcales situadas en espacios de frontera. Desde esta perspectiva, este estudio aborda tres cuestiones principales: la viabilidad actual de una eventual alteración del mapa provincial e, incluso, del autonómico; la singular solución aplicada a Almería tras el referéndum de iniciativa autonómica del 28 de febrero de 1980 y la persistencia de una problemática identitaria, estructural, en comarcas como Los Vélez, al menos en el plano cultural y simbólico.

Ilustración 1.

Fotografía de Antonio Pérez Crespo. Extraída del libro Antonio Pérez Crespo (Político, abogado, empresario y cronista), Biografía incompleta, de José Antonio Melgares Gurrero, Ed. Azarbe, Murcia, 2009.

El procedimiento diseñado exigía acuerdo de la corporación municipal adoptado por mayoría de dos tercios y posterior ratificación mediante referéndum de los vecinos del término municipal. La exposición justificativa denunciaba la rigidez de la división provincial, la posible fragmentación de unidades históricas o naturales y la conveniencia de reconocer a municipios y comarcas un margen de decisión en el nuevo marco autonómico. A tal efecto, se invocaban razones históricas, culturales, lingüísticas y económicas, junto con una apelación al denominado “derecho natural de cada pueblo” a determinar libremente su destino; de corte autonomista des-conocido. La enmienda fue rechazada por unanimidad en la Ponencia Constitucional del Congreso, según consta en el Boletín Oficial de las Cortes de 17 de abril de 1978.

II. La enmienda presentada el 25 de enero de 1978, al artículo 129 del Anteproyecto de Constitución. La primera enmienda fue formulada por Antonio Pérez Crespo, diputado por Murcia, en el Grupo Parlamentario de UCD, mediante escrito fechado el 25 de enero de 1978. Se dirigía al artículo 129 del Anteproyecto de Constitución, antecedente remoto del actual artículo 143, y proponía añadir un apartado cuarto destinado a permitir que municipios limítrofes con provincias inmersas en el proceso autonómico pudieran sumarse a

III. La enmienda presentada el 2 de agosto de 1978 al artículo 137 del Proyecto de Constitución. La segunda enmienda fue presentada en el Senado por Ricardo de la Cierva y de Hoces, senador por Murcia, 119