grabación de un documental sobre la asesina de su hijo Gabriel, Ana Julia Quezada

LIBERTAD DE EXPRESIÓN RESPETANDO EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL HONOR Patricia Ramírez exige que se pare con la posible grabación de un documental sobre la asesina de su hijo Gabriel, Ana Julia Quezada

Dónde acaba la información y dónde comienza el espectáculo. Es lo que se pregunta Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz, asesinado en Almería en 2018 por la que entonces era la novia de su padre, Ana Julia Quezada. Ramírez asegura que esta mujer, condenada a prisión permanente revisable en

2019, está en la actualidad, grabando desde la cárcel abulense de Brieva, donde se encuentra presa, un documental para un programa televisivo sobre la muerte de su hijo. Patricia Ramírez, asegura que lo está haciendo en contra de la familia del menor, “menoscabando su imagen y su memoria, haciéndonos aún más daño si cabe y obligándonos a exponernos públicamente de nuevo para detenerlo”. La madre del pequeño ha lamentado y ha pedido a instituciones y plataformas de televisión “que se pare” tanto su rodaje como su posible emisión. Anunció, además, que interpondría querellas judiciales contra la reclusa por supuestamente haber tenido entrevistas para la grabación de ese documental. imagen. También la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, mantiene que estos derechos son irrenunciables, inalienables e imprescindibles y, en su artículo noveno, remarca que la vulneración de estos derechos puede promover procedimientos judiciales, estableciendo contra la intromisión ilegítima el cese inmediato y la reposición del estado anterior. En caso de vulnerar el derecho al honor, sin perjuicio del derecho de réplica, habrá una publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. También previene intromisiones inminentes o ulteriores; la indemnización de los daños y perjuicios causados; y la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. Patricia Ramírez dijo en rueda de prensa haber puesto el asunto en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tras tener pruebas de que funcionarios de prisiones habrían facilitado el acceso a un teléfono móvil a la asesina de su hijo dentro de la cárcel. Instituciones Penitenciarias y la prisión de Brieva actuaron ante estas denuncias y trasladaron a Ana Julia Quesada a una celda de aislamiento, tras asegurar que no habían encontrado en su posesión ningún teléfono móvil.

En 1948, Naciones Unidas, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también incide en este tema y apunta que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.

Por contra el artículo 20 de la Constitución Española está dedicado el derecho a la libertad de expresión, comunicación e información, que tiene tanta legitimación y vigencia como el del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En ese artículo 20 de la Carta Magna se reconoce y protege el expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, y comunicar o recibir libremente in-

En su momento, el Consejo Audiovisual de Andalucía denunció el tratamiento realizado por algunos medios de comunicación sobre este caso. Se produjo una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho al honor, el derecho a la intimidad y, también, a la propia imagen. Es innegable tener en cuenta el Código Deontológico que los periodistas deben cumplir a la hora de llevar a cabo su actividad. Muchas veces, el código se incumple, dando primacía a la transmisión inmediata y sensacionalista de información frente a la ética periodística. El Consejo cargó sus tintas contra algunos programas matinales televisión y, muy especialmente, contra el espacio matinal de Telecinco: “El programa de Ana Rosa”, que fue el que buscó y fomentó el periodismo sensacionalista, usando y propagando informaciones escabrosas que, incluso, llegaron a perjudicar la investigación. El artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 13 formación veraz por cualquier medio de difusión. La Constitución es tajante al asegurar que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y establece que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social, garantizando el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo. Pero matiza que, estas libertades tienen su límite en las leyes y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, además de en la protección de la juventud y la infancia. Además ofrece la posibilidad del secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial. Lo que remarca que el derecho de la libertad de expresión no es ilimitado y debe conciliarse con el derecho de honor e intimidad. Es evidente que los medios de comunicación no pueden actuar ilimitada e irresponsablemente, mintiendo o deformando la verdad y entrometiéndose ilegítimamente en las vidas privadas ajenas. Lo mismo que la libertad de expresión, comunicación e información son derechos fundamentales de cada ciudadano, para mantener un nivel de la opinión pública libre en un Estado democrático donde el valor fundamental del pluralismo político. Patricia Ramírez tiene todo el derecho a denunciar el grado de indefensión, desamparo y desprotección que ha sentido desde la muerte de su hijo ante las continuas publicaciones en prensa y en televisión. Ella ha solicitado, además, comparecer públicamente ante las comisiones de Justicia e Interior del Congreso y del Senado para exponer la situación de “revictimización” que viven las víctimas de delitos violentos debido a la “violencia mediática”, y ha asegurado no estar sola en su empeño. En la rueda de prensa que ofreció en el Patio de Luces de la Diputación, se dirigió directamente a Ana Julia Quezada para decirle: “Si realmente te arrepientes de lo que hiciste, no hagas esto ahora”. Algo que hay que decirles también a los medios o empresas que buscan un beneficio económico aprovechándose de su dolor.

OPINIÓN

Miguel Martín Alonso Periodista