Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adolescencia

ESTRATEGIA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) pone de manifiesto que nuestra sociedad no tolera la violencia en ninguna de sus formas, colocando los derechos y el bienestar físico y emocional de los niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones, visibilizando la violencia contra la infancia como una prioridad de interés público y social que nos atañe a todos.

Este documento configura una hoja de ruta para que las diferentes administraciones, entidades y actores trabajen juntos para fortalecer el trabajo de prevención de todas las formas de violencia. La violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes es un problema extendido y de efectos muy graves. Cuando se analizan las diferentes formas de violencia, la más notificada es la negligencia, seguida por la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. En los datos generales de casos registrados no existe diferencia de género. En esta estrategia, con su enfoque integral que emana de la LOPIVI, se pretende tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias `para garantizar el derecho del niño, niña o adolescente a desarrollarse libre de cualquier forma de violencia.

Esta lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos, siendo esencial para ello asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica.

La protección de las personas menores de edad, su derecho a la integridad física y moral es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en los artículos 15 y 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente su artículo 19 y la Observación General número 13. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven los derechos de la infancia y suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo la consigna de no dejar a nadie atrás.

En el marco europeo, el Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) y la Estrategia de Derechos de la Infancia de la Unión Europea instan a todos los Estados miembros a aplicar políticas y medidas que combatan la violencia contra la infancia y adolescencia y les asegure una protección integral.

En el plano nacional, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS), contiene medidas específicas para garantizar la protección de las niñas y niños menores de dieciocho años frente a las violencias sexuales, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), combate la violencia contra la infancia y adolescencia desde una aproximación integral, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y consecuencias. La Estrategia cubre el período 2023-

2030 y contiene cinco áreas estratégicas estableciendo para cada una de ellas un objetivo, las líneas de actuación y las medidas más importantes con sus respectivos resultados para evaluar el impacto.

Respetando las normas y los procesos presupuestarios, se propondrán planes operativos con objetivos, presupuestos y cronograma, concretando mejor la Estrategia, la cual no pretende recoger una enumeración exhaustiva de todas las acciones necesarias para erradicar la violencia, sino más bien impulsar un proceso entorno a las cinco áreas estratégicas claves para alcanzar ese objetivo.

Esta Estrategia pretende conseguir las siguientes transformaciones: - Concienciación social. Visibilización del problema de la violencia y movilización de todos los actores claves para su erradicación.

- Tolerancia cero. Creación de una cultura de buen trato y tolerancia cero hacia la violencia sobre la infancia y la adolescencia, desde una perspectiva de derechos humanos. - Entornos protectores. Desarrollo de una política de protección y estructura de recursos humanos necesaria para su implementación por parte de las instituciones y entidades responsables del diseño y gestión de los entornos donde convivan o se relacionen los niños, niñas y adolescentes. Esos entornos contarán con mecanismos de participación infantil y adolescente y con profesionales adecuadamente formados. - Especialización. Atención especializada, multidisciplinar y en espacios amigables.

FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES - Coordinación eficaz entre servicios, administraciones y otros actores que garantice un enfoque multidisciplinar, y la eficiencia, eficacia y calidad de la acción.

Las actuaciones de los poderes públicos, instituciones, sociedad civil, profesionales, familiares y otras personas implicadas en la implementación de la Estrategia adoptarán los siguientes enfoques y principios: Enfoques

- Enfoque de derechos de la infancia: Incluye como objetivo la promoción, protección y salvaguardia de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en todos los procesos, actuaciones y decisiones que les afectan. Los NNA son tratados como titulares de derechos y no solo como objeto de protección. - Enfoque de género: Permite analizar, visibilizar y enfrentar las desigualdades entre NN, derivadas de patrones patriarcales, que reproducen y justifican las violencias sufridas por niñas y niños, especialmente en el ámbito familiar.

Debe promoverse la igualdad entre todos los géneros y combatir la discriminación transversalizando el enfoque de género recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. - Enfoque de discapacidad: Permite analizar, visibilizar y enfrentar las desigualdades por causa de discapacidad. - Enfoque de interculturalidad: Pretende reconocer la diversidad cultural que coexiste en nuestra sociedad, dando valor a cada una de ellas a través de una mirada centrada en la persona como protagonista y titular de derechos.

Principios

- Buen trato: Promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discrimina- ción de los niños, niñas y adolescentes. - Supervivencia y desarrollo pleno e integral: El desarrollo se entiende de modo integral, abarcando la evolución a nivel físico, intelectual, espiritual, moral, psicológico y social ( Observación General 5 del Comité de Derechos del Niño)

- Interés Superior: Según el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el interés superior es un derecho substantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento.

- Igualdad y no discriminación: Se tomarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión, la accesibilidad universal y el ejercicio pleno de sus derechos.

- Participación y protagonismo: Se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como agentes sociales, se protege y promueve su derecho a expresar libremente su opinión y a que sea tenida en cuenta en la toma de decisiones que les conciernen en función de su edad y madurez. - Principio de accesibilidad universal: Todos los entornos, procesos, medidas y servicios implementados tendrán que ser accesibles a todos los niños, niñas y adolescentes sin excepciones, asegurando la igualdad de oportunidades.

- Diligencia debida: Implica el deber de movilizar a todos los actores para su participación en la erradicación de la violencia, incluido el sector privado y en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicación.

- Multidisciplinariedad, transversalidad e interseccionalidad: El fenómeno de la violencia requiere estrategias multidisciplinares, intersectoriales y transversales. - Principios reguladores de la actuación de la Administración Pública: En particular los principios de necesidad, eficacia y eficiencia, de proporcionalidad, de seguridad jurídica, de transparencia y coordinación. En la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y adoles- cencia se contienen las definiciones necesarias para no dar lugar a dudas que pudieran perjudicar la interpretación de la misma y los objetivos propuestos en dicho documento. Así se recogen las siguientes: Niños, niñas y adolescentes; Violencia; Atención o protección integral; Situaciones de vulnerabilidad; Servicios amigables o adaptados; Entornos seguros y Parentalidad positiva. Respecto a la financiación de la Estrategia, serán los diferentes ministerios de la Administración General del Estado y las Comunidades y Ciudades Autónomas las que adoptarán las medidas necesarias para el desarrollo de la Estrategia y su ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias a través de los planes operativos que aprueben para ello. Cada plan operativo contará con su memoria económica correspondiente.

Los compromisos derivados de la aplicación de esta Estrategia quedarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y en los siguientes y, en el caso de actuaciones para las que resulten competentes las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, lo recogido en la Estrategia tiene carácter potestativo, en cumplimiento del principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, artículo 7, apartado 2).

Esta Estrategia se articula sobre la base del concepto de gobernanza multinivel que implica la coordinación y participación de los diversos actores que desempeñan un papel en el diseño, implementación y evaluación y seguimiento de las políticas dirigidas a erradicar cualquier forma de violencia contra la infancia y adolescencia. En lo que concierne a este marco de gobernanza, es la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia quien ostenta el liderazgo de esta Estrategia. Los Planes Operativos incluirán una serie de indicadores de resultado y metas intermedias para medir los avances logrados a lo largo de la implementación de la Estrategia.

FONDO JURÍDICO Y COLABORACIONES

ESTEBAN JIMÉNEZ RIBADENEIRA Cda. 2.711