Simios con rostros humanos, humanos con rostros de simio

OPINIÓN

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia, señalaron también en agosto de 2019 que estábamos asistimos a un creciente interés del público y de la prensa por los casos denominados mediáticos y a un cambio sustancial en su tratamiento informativo. Admitían que el derecho a la información está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental y, que en relación con estos casos, nadie duda de que haya interés público y un derecho social de ejercicio individual a recibir información veraz de los medios de comunicación, cuya función democrática es incuestionable. Ambas asociaciones también puntualizaban que en este tipo de juicios, no se protege de igual forma el derecho de los investigados a un juicio justo con todas las garantías conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que pasa por el escrupuloso respeto a la presunción de inocencia, y se difundían datos e imágenes de ellos sin especial relevancia en el caso, y, a menudo, asistíamos a debates televisivos y en prensa en los que se daba por sentada la culpabilidad. De igual forma, alegaban que no se prestaba atención en la difusión de la información al derecho de las víctimas a que se respetara su derecho a la intimidad y a la imagen, incumpliéndose sistemáticamente lo establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que establece que “los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social a favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimida, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social”. sociales y solicitan una ley que proteja los derechos de los menores, aún después de su muerte. Buscan hacer un frente común para lograr un marco legal que prohíba utilizar y beneficiarse de las emisiones audiovisuales del asesinato de los menores. Quieren que los poderes públicos respalden una normativa que permita retirar todo lo que hay publicado sobre el pequeño Gabriel Cruz y frenar la intención de una productora de elaborar un documental sobre el “Caso Gabriel”, además del uso de la figura de su hijo en páginas web en las que se utiliza como reclamo para obtener beneficios económicos.

Es fundamental que el poder legislativo revise y amplíe los aspectos de la protección de la imagen de los menores víctimas de violencia y de sus familias, y que se sancione con dureza y rotundidad a los medios de comunicación y a las personas que lo incumplan. A aquellos que lo utilizan para su enriquecimiento personal o el de sus empresas. Es necesario establecer mecanismos firmes contra medios de comunicación en los que prevalece el interés por aumentar los índices de audiencia por encima de la búsqueda de la verdad, la igualdad y transparencia. Sigue siendo muy peligroso el tratamiento de informaciones con falta de rigor y profesionalidad, y el uso de la rumorología y las fuentes no contrastadas para conseguir alimentar el morbo de las personas receptoras de esos mensajes. Respetando el derecho fundamental a la información, hay que ser contundentes a la hora de imponer sanciones económicas que superen los beneficios que pueda reportar la utilización interesada de estas víctimas mediáticas, e incluso decidir el cierre de programas, emisoras o cuentas de internet de aquellos grupos mediáticos e individuos que incumplan las normas éticas. Hay que ser contundentes contra los bulos y las noticias falsas.

Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia remarcaban que en el “Caso Gabriel Cruz” algunos medios no habían respetado la voluntad expresa, reiterada e inequívoca de los padres a que se respetara la memoria de su hijo y no se hiciera del juicio lo que conocemos como un “circo mediático”. Y veían una oportunidad para reflexionar sobre el tratamiento informativo de los casos judiciales y pedían que nos fijáramos en las prácticas periodísticas más respetuosas de algunos países de nuestro entorno, y concluían diciendo que era una asignatura pendiente de nuestra sociedad respetar la intimidad de los menores y de las familias, así como la presunción de inocencia de los acusados mediante un tratamiento informativo que conjugue el derecho a la información con la protección constitucional de las partes.

Es por ello que el consejo audiovisual andaluz pide una mayor vigilancia de las autoridades y entidades dedicadas a esta misión para frenar estos hechos abusivos y solicita que se analice si son necesarias posibles ampliaciones o revisiones de la normativa. Valora como un problema añadido el aumentado del uso de las redes sociales, que dificultan los controles, la identificación de auditorías, y el establecimiento de responsabilidades, algo más fácil de medir y vigilar en los medios de comunicación tradicionales, a pesar de que existe en España y Europa una amplia legislación sobre este tema.

El consejo recuerda que el Tribunal Supremo español defiende el derecho a la propia imagen, contemplado como derecho de la persona, derivado de la dignidad humana y orientado a proteger la dimensión moral de las mismas, impidiendo la reproducción o publicación de la imagen por terceros, sea cual sea la finalidad: informativa, comercial, lúdica o científica.

Cabe destacar como un ejemplo a seguir el pacto ético firmado el 6 de septiembre de 2019 entre el Consejo Audiovisual de Andalucía y cuatro asociaciones de periodistas de las provincias de Almería, Huelva, Málaga y Sevilla, con las facultades de comunicación de Málaga y Sevilla, con la federación y el sindicato de periodistas de Andalucía y con la Asociación de Derechos Humanos andaluza, para la cobertura informativa del juicio por la desaparición y asesinato del niño Gabriel Cruz con el objetivo de compatibilizar el Derecho a la Información con los derechos de las víctimas, de forma que las informaciones no añadan dolor al dolor de la familia y que no se produzcan interferencias que puedan cuestionar que se trata de un juicio justo y con todas las garantías.

Hay que recordar que este consejo emitió el 13 de abril de 2018 un informe cualitativo sobre el tratamiento dado al “Caso Gabriel” en el que se concluyó, tras el análisis de varios programas televisivos sobre el asunto durante los días 6 y 7 de marzo de ese año, que se había incurrido, entre otras cuestiones, en difusión de rumores, informaciones erróneas, hipótesis inculpatorias, emisión de datos personales, imágenes violentas y politización del debate. 16

ENTREVISTAS

Entrevista a Mustafa Bousoualef Failali Antonio Jesús Ruano Tapia ABOGADO Y PERIODISTA Col. 3092

Intérprete

Sala de Togas siempre ha sido una publicación plural, diversa, cargada de objetividad y de un rigor profesional carente de todo cuestionamiento. Con cada número tratamos de trasladar a los lectores el conocimiento de nuevas reformas, sentencias que

Primer plano de Mustafa Bousoualef en su medio. marcan actualidad, opiniones fundadas de expertos en la materia tratada y, sobre todo, acercar la figura de un personaje ilustre para que lo podamos conocer, si cabe, un poco mas. Hasta ahora han sido muchas las entrevistas en las que hemos querido dar la oportunidad de explicar, opinar y posicionarse en asuntos de actualidad a profesionales del derecho, de la medicina, de la política o de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, 17 un reflejo de aquello que cada uno de los letrados y procuradores nos encontramos en nuestro quehacer diario.

Hemos abierto estas páginas a grandes nombres de nuestra Almería que nos han regalado importantes titulares o declaraciones que nos posicionan incluso en el buscador de Google, pero también hemos dado cabida a personajes de relevancia nacional. En esta ocasión hemos reparado en algo tan sencillo como, a la vez, importante: el funcionamiento de la administración de justicia no sólo se sostiene con jueces y magistrados; letrados y procuradores; funcionarios; fuerzas de seguridad y vigilancia; el instituto de medicina legal; trabajadores de mantenimiento, limpieza o los que desempeñan sus funciones en las sedes de los colegios de abogados y procuradores; sino que hay personas sin las que no podría existir una comunicación certera entre letrado y cliente o entre éste y la autoridad judicial. Nos estamos refiriendo a los trabajadores intérpretes que reducen dis- tancias lingüísticas y culturales y sin los que no podría darse un tutela judicial efectiva como nuestro ordenamiento jurídico garantiza. En este número vamos a conocer un poco mas a uno de los mas grandes y veteranos trabajadores de la justicia en Almería, a un hombre bueno entregado a su trabajo y a su vocación.

Buenos días Mustafa

Buenos días Antonio, muchas gracias por querer conocerme y acordaros de mi.