‘Independencia judicial’, por Antonio Hermosa

OPINIÓN

Antonio Hermosa Periodista Canal Sur TV

Independencia judicial a independencia judicial es fundamental para que un estado de derecho funcione con todas las garantías. Los ciudadanos necesitan confiar en la justicia y saber que los agentes que intervienen en ella desarrollan su ejercicio con plena imparcialidad. La división de poderes es el principio organizativo de los estados modernos. Es fundamental que se diferencien las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, y que estos poderes sean ejercidos a través de órganos diferentes e independientes unos de otros. De esta forma se impide que exista un abuso de autoridad. El pensador, filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, explicó la importancia de esta separación dentro del movimiento de la Ilustración. El poder legislativo es el encargado de hacer, corregir o derogar las leyes, y en una democracia como la española está representado por las cámaras legislativas o parlamentos; el poder ejecutivo es el responsable de la gestión de esas leyes, de aplicar el orden jurídico, representar al estado en los foros y estamentos internacionales, dirigir el ejército y ejecutar las políticas necesarias que hagan aplicables esas leyes y la voluntad popular; y el orden judicial es el que tiene como objetivo interpretar las leyes e impartir justicia en los conflictos entre los ciudadanos. La separación de poderes fue una conquista de la revolución francesa en contraposición a la monarquía absolutista que desarrollaban los reyes y gobernantes de aquella época. La división de los poderes permite evitar la concentración de estos en una persona, en un órgano o corporación, y así impedir ese abuso de autoridad. De esta forma se logra que no exista un cambio en la forma de gobernar, y se obstaculiza que se pase de un régimen democrático a otro autoritario. La independencia judicial es una de las características diferenciadoras de la jurisdicción como función autónoma. Gracias a esta división del poder se puede vivir en libertad. En los últimos meses los ciudadanos están perdiendo aún más la confianza en el poder judicial al ver que cada día más los partidos políticos son los que dictaminan los nombramientos de los máximos responsables del poder judicial. La mitad de los españoles considera que el nivel de independencia judicial es muy malo o bastante malo, según se recoge en el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea. En la comunidad, sólo Croacia, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Eslovenia tienen peores resultados que España. Lo que más preocupa a los ciudadanos son las presiones a magistrados y fiscales en el desarrollo de sus funciones.

El último eslabón de esta cadena de descrédito del poder judicial lo ha protagonizado un whatsapp enviado por el senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó, en el que reconocía que existía un acuerdo entre populares y socialistas para designar al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y que el nombre elegido se conociera antes incluso de que los vo-

Sala de Togas · Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería cales fueran designados por las Cortés Generales. El elegido, el juez Manuel Marchena ha decidido rechazar la designación. La postura ha provocado que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español hayan roto el acuerdo de designación, y ha ampliado el nivel de desconfianza por parte de los ciudadanos. Desde las organizaciones judiciales se critica esta forma de designar a los nuevos responsables. Desde el Consejo de Europa se pide al gobierno que adopte medidas para que en España exista más independencia judicial, y desde el Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa también se piden medidas que eliminen esa imagen de corrupción. Entre ellas que la mitad de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial sean designados directamente por los jueces y no exclusivamente por el Senado y el Congreso de los Diputados.

Muchas voces se alzan cada día para conseguir que los profesionales sean los que lideren esta designación. Una fórmula que podría mejorar la imagen de los líderes políticos y de los máximos responsables del poder judicial. Sorprende ver que sigue habiendo jueces almerienses que incumplen o desconocen el contenido del protocolo de comúnicación del Consejo General del Poder Judicial. En este protocolo se insta a sus señorías a facilitar el trabajo a los medios de comúnicación y a permitir a los medios audiovisuales la grabación de imágenes de la vistas que son públicas. Hace unos días, la titular del juzgado de lo Penal Número 4, Marta Inés Sierra, de la que se dice que es una gran profesional, que pasa largas horas, de lunes a viernes en su despacho, en sesiones de mañana y tarde, intentando sacar adelante todos los asuntos que tiene bajo su responsabilidad, volvió a impedir a los medios de comúnicación grabar imágenes de un juicio contra Dosanu Pinzariu, el hombre acusado de intentar escaparse de la Audiencia Provincial y agredir a varios policías que lo custodiaban, en una vista que se estaba celebrando por el asesinato de su compañera sentimental. Refrescando la memoria, hay que recordar que los hechos de aquel juicio tuvieron lugar en el año 2014. El condenado le asestó 49 puñaladas a su esposa, mutiló su cadáver y le extirpó los ojos. Por aquellos hechos el hombre fue condenado a 24 años de prisión. Durante el desarrollo de este juicio, Dosanu, usando la violencia, intentó escaparse y los policías que lo custodiaban tuvieron que emplearse a fondo para detenerlo y reducirlo. Como consecuencia de este altercado, los agentes sufrieron algunas heridas que también fueron denunciadas ante la justicia. Después de un año, el juicio por intento de fuga y agresión contra este hombre se iba a celebrar en la Ciudad de la Justicia de Almería. El acusado iba a prestar declaración a través de videoconferencia, debido a que se encontraba internado en una cárcel fuera de Almería. Los medios pidieron permiso para acceder a la sala y su señoría prohibió el acceso, denegando la posibilidad de recoger imágenes para cubrir la noticia.

Hay jueces que ven en los medios de comúnicación a enemigos cuando, en realidad, también cumplen una función pública. Es importante trasladar a la opinión pública el trabajo que realizan dentro de los edificios judiciales para ofrecen una imagen de transparencia y legalidad de esa función. Si queremos combatir esa mala imagen que tienen en la actualidad los jueces y fiscales, de falta de imparcialidad, y transmitir a los ciudadanos una imagen clara y objetiva de su función, la existencia de una buena relación con los mensajeros de esa información es un paso fundamental para mejorar ese concepto actual que se tiene del poder judicial. n Diciembre 2018

OPINIÓN

Francisco Amaro Vicente Báez Dr. Ingeniero Químico Abogado

Protocolo de violencia de género en la sanidad CÓMO SE TENDRÍA QUE HACER Y LAS ACCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Preámbulo. l volumen de datos e informaciones sobre los aspectos visibles de la violencia contra las mujeres se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años y, en la actualidad, ya se dispone de un marco de referencia a partir del cual pueden articularse las medidas y actuaciones para hacer frente a este fenómeno. Paulatinamente se han establecido sistemas de registro que permiten constatar el número de denuncias registradas en algunas formas de violencia, así como la cantidad de casos atendidos desde los recursos especializados. Pese a todo, continúa detectándose una serie de carencias que tienen como consecuencias no conocer en la actualidad la verdadera incidencia de la violencia. A menudo los datos de que se disponen son parciales y no abarcan todas las formas de violencia contra las mujeres. Además, falta unidad de los sistemas de registro, así como de los conceptos que aparecen.

Los criterios de recogida de la información utilizados por los diferentes recursos no están unificados, lo cual impide un tratamiento global de la información. Tampoco se hace difusión periódica de la información de la cual se dispone.

Es decir las Acciones para la Implantación del Protocolo de Violencia de genero en atención primaria y en atención especializada, tendría que pretender y hacer dar a conocer las principales cuestiones que ha de tener en cuenta el conjunto de profesionales de la salud ante la violencia hacia las mujeres, y en concreto serian las siguientes. 1.- Familiarizar al conjunto de profesionales de la salud, con alguna de las principales aproximaciones teóricas que guían la compresión del fenómeno de la violencia machista y de genero.

2.- Sensibilizar al conjunto de profesionales de la salud sobre la importancia de abordar proactivamente la detección e intervención ante eventuales casos de violencia machista y de género. 3.- Ofrecer pautas comunes de aproximación genérica para el abordaje sanitario de la violencia machista y de género. Diciembre 2018

Es así que los documentos operativos, serían un conjunto de documentos que deben operativizar el abordaje especifico y proactivo de la atención sanitaria a las mujeres que padecen violencia machista y de género ante la gran heterogeneidad de realidades y situaciones con que se encuentra el conjunto de profesionales en su día a día, es decir en concreto, se tendría que prever la elaboración de documentos operativos o la adaptación de algunos ya existentes de los ámbitos siguientes:

- Salud mental y adicciones.

- Agresiones sexuales.

- Menores.

- Personas mayores.

- Mujeres discapacitadas.

- Mujeres embarazadas.

- VIH/Sida.

- Mutilaciones genitales femeninas.

- Mujeres inmigradas.

- Prostitución.

La formación, pues de los profesionales de la salud tendrían que encontrarse entre las acciones prioritarias para favorecer la implantación del protocolo de violencia de genero, es decir en este protocolo tendría que ser destinado a sensibilizar y mejorar las habilidades de los y las profesionales en la detección y asistencia a las mujeres que padecen situaciones de violencia.

Así se tendría que efectuar en un marco consensuado en la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, que se llevase a cabo un estudio de detección de riesgo psicológico en víctimas de violencia intrafamiliar y de genero. Así en descripción de factores que facilitan o dificultan la sostenibilidad de las acciones programadas para implantar el protocolo de violencia de genero, sería que el desarrollo de las distintas actividades y especialmente el trabajo con los y las profesionales para la implantación del protocolo de atención a la violencia de genero y que permita identificar algunos factores que la facilitan o dificultan. · Factores que facilitan la sostenibilidad de las acciones: - Disponer de un protocolo.

- Formación de profesionales.

- Políticas de servicios orientadas en esa dirección. - Referentes en el territorio.

- Identificación de buenas prácticas.

· Factores que dificultan la sostenibilidad de las acciones: - Presión asistencial.

- Falta de información y sensibilización de proveedores y profesionales. - Falta de recursos humanos y recursos materiales. - Problemas de coordinación entre diferentes servicios tanto a nivel sanitario como a otros niveles, como a nivel social, policial o judicial.

Conclusión.

Unamos entre todos nuestro granito, y empecemos a hacer las cosas bien. n

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería · Sala de Togas