‘A treinta años del punto de partida’, por Antonia Segura Lores

Antonia Segura Lores Col. 1072 ICAAlmería

A treinta años del punto de partida eñoras y señores: Mujeres Juristas de Almería ha cumplido 30 años. Cuenta en su haber con la sabiduría de su primera Presidenta, Concha López Luengo, y del ímpetu y juventud de su actual Presidenta, María del Mar Mena Recha, para continuar con la reivindicación de los derechos de las mujeres y, en especial, los de las mujeres abogadas. En medio de ellas dos, otras muchas compañeras de igual valía y muchas horas de trabajo, lucha y reivindicación, donde juntas han reído, disfrutada, debatido y hasta llorado la pérdida de compañeras entrañables como Margarita, Dulce o Mari Luz.

La Asociación Mujeres Juristas va unida a los cambios legislativos que ha vivido este país, desde su constitución hasta la actualidad. Desde sus entrañas las socias han llevado ponencias y comúnicaciones a los Congresos Estatales de Mujeres Abogadas, donde eran debatidas, consensuadas, aprobadas en su Plenario y elevadas a instancias superiores, impulsando posteriores cambios legislativas. Así la comúnicación elaborada por María Dolores González y Antonia Segura relativa a la arcaica y degradante denominación de “hijos naturales”, dio lugar a la expresión de “hijos matrimoniales” e “hijos no matrimoniales” contemplada en la Ley 11/81, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil, en

Sala de Togas · Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería materia de filiación, patria, potestad y régimen económico. Para las situaciones de crisis y ruptura, pese a considerar transcendente la reforma del artículo 159 del Código, introducido por la Ley 11/1990, de adecuación del Código Civil al principio de no discriminación por razón de sexo, solicitamos que para atribuir la custodia de los menores se tenga en cuenta el progenitor que durante la convivencia se haya ocupado de atender sus necesidades y que sea preceptivo recabar informes psico-sociales. Guerra antigua que brota y renace según los avances o retrocesos sociales, es la exigencia de despenalizar el aborto que desde 1992 la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas venía manteniendo, proponiendo que toda la regulación del aborto debe estar basada en el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad y por ello, se acordó en su momento instar al Gobierno que en el Proyecto de Ley que se estaba elaborando se incorpore la despenalización del aborto efectuado con el consentimiento de la mujer y, en consecuencia se suprimieran los art. 145 y 417 bis del C.P. de 1973, todavía en vigor en virtud de la Disposición Derogatoria 1ª del Código Penal de 1995. La más ardua batalla ha estado siempre en eliminar las violencias hacia las mujeres; en que se modifiquen los tipos penales que se centraban en la defensa de los estereotipos del patriarcado con total desprotección a la integridad de las mujeres. Participamos activamente en Beig+5, celebrado en la Universidad de Almería, debatiendo y exponiendo esta servidora los objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la igual de género en 12 esferas cruciales, que se adoptaron en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, partiendo de los acuerdos políticos alcanzados en las tres conferencias mundiales anteriores y que contó con la participación de más de seis mil delegadas/os gubernamentales y más de cuatro mil representantes acreditadas/os de organizaciones no gubernamentales.

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En diferentes instancias hemos presentado un análisis de gados y, del estudio de sus socias la elaboración del “Protocolos tipos penales en los que o estaban desprotegidas las mulo de Actuación de las/os Letradas/os adscritas/os al turno jeres o se anteponía la defensa del honor del marido por enespecializado de violencia de género en la Provincia de Alcima de la propia integridad de la mujer, partiendo siempre mería” y de la “Guía para la Asistencia Letrada a la Víctima de de un estudio con perspectiva de género. Igualmente se llevó Violencia de Género”. por Ana María Castaño y Antonia Segura, al XXII Congreso Visto lo visto, las socias de Mujeres Juristas tenemos muEstatal de Mujeres Abogadas, celebrado en Madrid, en 2009, cho que reivindicar: que tengan las mujeres asistencia psiuna ponencia con el análisis práctico de la L.O. 1/2004, de cológica previa a la denuncia; que se asegure el acompaña28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra miento a las mujeres víctimas de violencia de género durante la Violencia de Género, que comprende un estudios de todos todo el proceso; más y mejor formación para todos los operalos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la dores jurídicos que intervienen en violencia de género; formisma y en la que denunciamos muchos de los males que mación en género para desmitificar el amor romántico; eduaún hoy tenemos como son la nula actividad para recabar los cación afectivo-sexual para promover relaciones igualitarias mínimos elementos de prueba en los atestados policiales; la basadas en el respeto mutuo, etc. Pero esto no acaba aquí, nula diligencia por parte de la Fiscalía para instar diligencias el machismo se ha retroalimentado y convertido en nuevos de investigación complementarias para lograr una correcta micromachismos, más sutiles y que intentan pasar desaperinstrucción; que la violencia psíquica permanece invisible; cibidos pero siguen causando más violencia psíquica si cabe, que los Puntos de Encuentro Familiar son gestionados mey han surgido nuevas violencias como los vientres de alquiler diante contratación privada, funcionando con horarios redubajo la sensiblería de “son nuestros hijos” cuando suponen cidos y personal poco cualificado y, sin embargo, a sus inforun delito de trata de seres humanos como viene regulado en mes, de dudoso rigor, se les da más valor que la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre téca otros informes de centros públicos; la falta nicas de reproducción asistida, y una explode personal en los Equipos Psicosociales con tación y cosificación de los cuerpos de las

Son muchos la consiguiente demora en la emisión de inmujeres para satisfacer los deseos de paterlos nuevos formes; la falta de voluntad de algunos openidad, bajo la falsedad de un problema de caminos que hay radores jurídicos en la aplicación de la Ley, infertilidad que no existe, y así legalizar la recurriendo a interpretaciones opuestas al compra-venta de personas, perpetuando la que emprender para contenido de la misma; la falta de recursos explotación y control sexual de las mujeres, continuar la lucha por económicos para el cumplimiento íntegro de promoviendo el tráfico y la trata de mujeres la igualdad y contra las disposiciones de la Ley Integral de ateny niñas. Se vulneran los derechos humanos la violencia hacia ción a las víctimas de violencia de género y de las mujeres y se desprotege a los menoa sus progenitores; retraso generalizado en res que quedan como mera mercancía exlas mujeres la tramitación de los procedimientos civiles puestos a la venta de quien compra y paga competencia de los Juzgados de Violencia y a los deseos del comprador, quien, a su sobre la Mujer; mayor dotación de recursos vez, podrá resolver el contrato si no concueconómicos para la creación de más Juzgados de Violencia rren las circunstancias y condiciones pactadas. Fomenta las sobre la Mujer, más personal técnico en las Unidades Forenmafias y explotación de granjas de mujeres gestantes para la ses Integrales de los Institutos de Medicina Legal y recursos venta de órganos y pornografía infantil, el tráfico y la trata de sociales destinados a la atención de las mujeres víctimas de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. violencia de género; que tengan la misma consideración los Son muchos los nuevos caminos que hay que emprender informes técnicos realizados desde los centros públicos, que para continuar la lucha por la igualdad y contra la violencia los emitidos por los equipos técnicos adscritos a los Juzgados hacia las mujeres, y para que la justicia sea más democrática con el fin de optimizar otros recursos públicos; mejorar la e igualitaria. implementación y desarrollo de los Protocolos de actuación Seguro que os sueña la manifestación “Cuando una mujer sanitaria ante la violencia de género y Coordinación tanto en dice no, es ¡no!”, pues ya en 2009 Mujeres Juristas participael ámbito estatal como autonómico; etc. ba con otros colectivos de mujeres apoyando estas palabras Esta formación continua de las socias de Mujeres Juristas del caso de Nagore Laffage que reflejaba el machismo y el ha dado lugar a que intervengamos tanto en foros de insticlasismo, aún imperante en el enjuiciamiento de aquellos detuciones públicas como privadas promoviendo la igualdad litos en los que las mujeres somos víctimas. Hoy aún pervive, efectiva entre mujeres y hombres y sensibilizando sobre la por lo que solo nos queda desearles a Mujeres Juristas que necesidad social de erradicar las violencias que sufren las siga así defendiendo sus objetivos por muchos años. Desde mujeres. aquí animo a las abogadas de Almería a asociarse con nosoA iniciativa de las abogadas que forman esta Asociación tros y caminar juntas en esta lucha reivindicativa. Felicidades se creó el Grupo de Violencia de Género en el Colegio de Abocompañeras, Feliz Cumpleaños. n

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Antonio Hermosa Periodista Canal Sur TV

Independencia judicial a independencia judicial es fundamental para que un estado de derecho funcione con todas las garantías. Los ciudadanos necesitan confiar en la justicia y saber que los agentes que intervienen en ella desarrollan su ejercicio con plena imparcialidad. La división de poderes es el principio organizativo de los estados modernos. Es fundamental que se diferencien las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, y que estos poderes sean ejercidos a través de órganos diferentes e independientes unos de otros. De esta forma se impide que exista un abuso de autoridad. El pensador, filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, explicó la importancia de esta separación dentro del movimiento de la Ilustración. El poder legislativo es el encargado de hacer, corregir o derogar las leyes, y en una democracia como la española está representado por las cámaras legislativas o parlamentos; el poder ejecutivo es el responsable de la gestión de esas leyes, de aplicar el orden jurídico, representar al estado en los foros y estamentos internacionales, dirigir el ejército y ejecutar las políticas necesarias que hagan aplicables esas leyes y la voluntad popular; y el orden judicial es el que tiene como objetivo interpretar las leyes e impartir justicia en los conflictos entre los ciudadanos. La separación de poderes fue una conquista de la revolución francesa en contraposición a la monarquía absolutista que desarrollaban los reyes y gobernantes de aquella época. La división de los poderes permite evitar la concentración de estos en una persona, en un órgano o corporación, y así impedir ese abuso de autoridad. De esta forma se logra que no exista un cambio en la forma de gobernar, y se obstaculiza que se pase de un régimen democrático a otro autoritario. La independencia judicial es una de las características diferenciadoras de la jurisdicción como función autónoma. Gracias a esta división del poder se puede vivir en libertad. En los últimos meses los ciudadanos están perdiendo aún más la confianza en el poder judicial al ver que cada día más los partidos políticos son los que dictaminan los nombramientos de los máximos responsables del poder judicial. La mitad de los españoles considera que el nivel de independencia judicial es muy malo o bastante malo, según se recoge en el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea. En la comunidad, sólo Croacia, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Eslovenia tienen peores resultados que España. Lo que más preocupa a los ciudadanos son las presiones a magistrados y fiscales en el desarrollo de sus funciones.

El último eslabón de esta cadena de descrédito del poder judicial lo ha protagonizado un whatsapp enviado por el senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó, en el que reconocía que existía un acuerdo entre populares y socialistas para designar al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y que el nombre elegido se conociera antes incluso de que los vo-

Sala de Togas · Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería cales fueran designados por las Cortés Generales. El elegido, el juez Manuel Marchena ha decidido rechazar la designación. La postura ha provocado que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español hayan roto el acuerdo de designación, y ha ampliado el nivel de desconfianza por parte de los ciudadanos. Desde las organizaciones judiciales se critica esta forma de designar a los nuevos responsables. Desde el Consejo de Europa se pide al gobierno que adopte medidas para que en España exista más independencia judicial, y desde el Grupo de Estado contra la Corrupción del Consejo de Europa también se piden medidas que eliminen esa imagen de corrupción. Entre ellas que la mitad de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial sean designados directamente por los jueces y no exclusivamente por el Senado y el Congreso de los Diputados.

Muchas voces se alzan cada día para conseguir que los profesionales sean los que lideren esta designación. Una fórmula que podría mejorar la imagen de los líderes políticos y de los máximos responsables del poder judicial. Sorprende ver que sigue habiendo jueces almerienses que incumplen o desconocen el contenido del protocolo de comúnicación del Consejo General del Poder Judicial. En este protocolo se insta a sus señorías a facilitar el trabajo a los medios de comúnicación y a permitir a los medios audiovisuales la grabación de imágenes de la vistas que son públicas. Hace unos días, la titular del juzgado de lo Penal Número 4, Marta Inés Sierra, de la que se dice que es una gran profesional, que pasa largas horas, de lunes a viernes en su despacho, en sesiones de mañana y tarde, intentando sacar adelante todos los asuntos que tiene bajo su responsabilidad, volvió a impedir a los medios de comúnicación grabar imágenes de un juicio contra Dosanu Pinzariu, el hombre acusado de intentar escaparse de la Audiencia Provincial y agredir a varios policías que lo custodiaban, en una vista que se estaba celebrando por el asesinato de su compañera sentimental. Refrescando la memoria, hay que recordar que los hechos de aquel juicio tuvieron lugar en el año 2014. El condenado le asestó 49 puñaladas a su esposa, mutiló su cadáver y le extirpó los ojos. Por aquellos hechos el hombre fue condenado a 24 años de prisión. Durante el desarrollo de este juicio, Dosanu, usando la violencia, intentó escaparse y los policías que lo custodiaban tuvieron que emplearse a fondo para detenerlo y reducirlo. Como consecuencia de este altercado, los agentes sufrieron algunas heridas que también fueron denunciadas ante la justicia. Después de un año, el juicio por intento de fuga y agresión contra este hombre se iba a celebrar en la Ciudad de la Justicia de Almería. El acusado iba a prestar declaración a través de videoconferencia, debido a que se encontraba internado en una cárcel fuera de Almería. Los medios pidieron permiso para acceder a la sala y su señoría prohibió el acceso, denegando la posibilidad de recoger imágenes para cubrir la noticia.

Hay jueces que ven en los medios de comúnicación a enemigos cuando, en realidad, también cumplen una función pública. Es importante trasladar a la opinión pública el trabajo que realizan dentro de los edificios judiciales para ofrecen una imagen de transparencia y legalidad de esa función. Si queremos combatir esa mala imagen que tienen en la actualidad los jueces y fiscales, de falta de imparcialidad, y transmitir a los ciudadanos una imagen clara y objetiva de su función, la existencia de una buena relación con los mensajeros de esa información es un paso fundamental para mejorar ese concepto actual que se tiene del poder judicial. n Diciembre 2018