La ciudadanía se moviliza por su legado histórico

MANIFIESTO POR LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE BARIA

Ante la situación que afecta a parte del yacimiento de la antigua Baria, enclave fenicio fundado en el siglo VII a.C. y origen histórico de la actual Villaricos (Cuevas del Almanzora), y evitando que no se destruya o se oculte nuestra historia con la construcción de 24 viviendas de lujo, manifestamos:

3. La necesidad de transparencia y rigor técnico. Toda actuación urbanística que pueda afectar a bienes patrimoniales debe sustentarse en criterios científicos, informes técnicos independientes y procesos transparentes que garanticen la protección integral del yacimiento. Ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora pueden ser actores secundarios en la protección del Patrimonio, ni facilitar la labor de aquellos que desean destruirlo y ocultarlo.

1. El valor excepcional del enclave. Baria constituye un yacimiento arqueológico de extraordinaria relevancia histórica, científica y cultural. En las recientes excavaciones de 2021-2023 se han documentado estructuras portuarias como una dársena con su atarazana, así como instalaciones industriales destinadas a la producción de salazones, elementos que evidencian su papel estratégico en el comercio mediterráneo antiguo y su intermediación con otras zonas del Alto Guadalquivir (Baza (Basti), Galera (Tútuji), Linares (Cástulo), etc. El enclave, junto a sus hipogeos y resto de zonas ya excavadas o pendientes de excavar, su castillo del siglo XVIII, sus elementos mineros y galerías, y batería defensiva de la Guerra Civil, puede servir para articular un parque arqueológico único en la provincia de Almería.

4. La apuesta por un modelo de desarrollo sostenible. La defensa del patrimonio no es una renuncia al progreso. Al contrario, constituye una oportunidad para impulsar un modelo de desarrollo basado en la cultura, el turismo responsable y la puesta en valor de la identidad histórica del territorio. Baria puede constituir un futuro Parque Arqueológico que englobaría gran parte de los pueblos que han construido la historia de Baria y del Mediterráneo.

Por todo ello, solicitamos:

• La paralización cautelar de cualquier actuación que comprometa la integridad de las estructuras arqueológicas documentadas.

2. La responsabilidad institucional en su protección. La conservación del patrimonio histórico no es una cuestión ideológica ni circunstancial. Es una obligación legal y ética de las administraciones públicas, recogida en la normativa vigente en materia de patrimonio cultural, y un deber hacia las generaciones presentes y futuras. No se puede esconder o enseñar un trozo de nuestro patrimonio en unos aparcamientos, ni tapar una parte importante de este, en una zona declarada BIC y formando gran parte de un yacimiento tan importante. Esas viviendas dentro del parque son un despropósito y un atentado que no entra en cabeza humana, ni hay norma que lo soporte.

• La protección efectiva y puesta en valor del enclave.

• La apertura de un proceso de información pública claro y accesible, permitiendo el acceso a las personas interesadas a la documentación de las excavaciones realizadas.

• La implicación activa de las instituciones competentes en la preservación de Baria. La historia no es sustituible. La memoria colectiva no es edificable. El legado cultural no es negociable. En Villaricos, sábado 21 de febrero de 2026.

EL TSJA LAMENTA EL «DEFICIENTE ESTADO GENERAL» DE LAS SEDES JUDICIALES EN ANDALUCÍA Y SU «DISPERSIÓN»

En el caso de Almería el TSJA hace mención expresa a un caso paradigmático, el de los Juzgados de de Huércal-Overa. (Foto, BALJRC).

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha lamentado el «deficiente estado general» de las sedes judiciales andaluzas y su «dispersión», por lo que ve «imprescindible» un «salto cualitativo y cuantitativo» para mejorarlas en un corto espacio de tiempo. Del Río advierte de que Andalucía todavía cuenta con «numerosas sedes judiciales que no responden al nivel exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos» y donde desarrollan su actividad funcionarios y trabajadores públicos. En este sentido, y junto a la «preocupante dispersión de sedes», la última memoria del alto tribunal andaluz reclama una mejora de habitabilidad y accesibilidad de los inmuebles que acogen los tribunales andaluces; en muchos casos también necesitados de obras de mantenimiento, tratamiento de humedades y mejora de la eficiencia energética. Sobre todo ello, existen informes individualizados que se han traslado a la Administración autonómica.

Desde el TSJA consideran «clave» el desarrollo y ejecución del Plan de Infraestructuras judiciales de Andalucía 2023-2030 para contar con edificios judiciales «más dignos y modernos». Todo ello en un ámbito de actuación que abarque, por una parte, la adquisición o construcción de nuevas sedes y edificios; la rehabilitación y reformas en sedes actuales, y las mejoras energéticas que se hacen necesarias.

A ello se suma la repercusión en infraestructuras que se derive de la implantación de los Tribunales de Instancia y la nueva organización colegiada de los recursos perso- nales, que conlleva «un inevitable y distinto diseño y emplazamiento de los integrantes de la oficina judicial». Huércal-Overa, un caso paradigmático

En la memoria del TSJA se hace un repaso de algunas de las sedes judiciales que necesitan mejoras, que detalla por provincias. En el caso de Almería hace mención expresa a un caso paradigmático, el de los tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Huércal-Overa, situados en dos inmuebles separados, uno de ellos con serias deficiencias, y se continúa a la espera de unificarlos en un edificio de nueva construcción.

Hace unos días, la jueza decana del partido judicial, Andrea Martín, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, mantenían una reunión institucional en la sede judicial en la que también tomaron parte los otros dos jueces de la demarcación en la que se puso de relieve la «imprescindible necesidad» de que se implemente «una sede judicial común, dotada de condiciones adecuadas para el desempeño profesional y la atención ciudadana». Los tres juzgados que actualmente prestan servicio se encuentran repartidos en dos ubicaciones diferentes, una de las cuales —donde se encuentran dos de los órganos judiciales— presenta unas condiciones que tanto la judicatura como la abogacía consideran inadecuadas para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. «Esta dispersión no solo dificulta el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y profesionales del Derecho, sino que compromete la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, en forma de dilaciones, barreras de acceso y pérdida de eficiencia 138 en la gestión de los procedimientos», señalan. Estas carencias fueron expresadas de forma directa a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. «La respuesta fue únicamente una mano de pintura en las paredes de los despachos de las juezas, cuando el problema de fondo es mucho más grave», ha señalado, advirtiendo que el estado del inmueble roza «lo insalubre y resulta claramente incompatible con una prestación digna del servicio público de justicia». Recalcan que hay una «falta de ventilación adecuada, instalaciones obsoletas y espacios mal distribuidos configuran un entorno que perjudica tanto al personal judicial como a los ciudadanos que acuden diariamente a estas dependencias».

Otro aspecto que afean es la falta de seguridad, ya que hay «ausencia de calabozo» en dependencias judiciales. «Esto obliga a ubicar a los detenidos en la sala de abogados, donde tienen visión directa de víctimas y familiares». Además, hay problemas de accesibilidad severos. Las personas en sillas de ruedas «tienen graves dificultades» para moverse «por las entradas estrechas, en algunas salas no hay espacio para que puedan girar». A modo de ejemplo, indican que «en ocasiones se han visto obligados a tomar declaraciones fuera de sala para evitar que una persona con discapacidad tenga que regresar otro día». En otoño (concretamente en octubre), el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, explicitaba la urgencia de renovar la sede judicial de este partido. «Es importante mejorar en la medida de lo posible las condiciones de trabajo», indicaba, en tanto en cuanto no se edifica el nuevo inmueble para albergar los juzgados y el resto de servicios judiciales, como la fiscalía, en un único inmueble. Del Río reconocía entonces que este asunto ya era objeto de conversaciones en la comisión mixta entre la Sala de Gobierno del TSJA y la Junta de Andalucía, que tenía previsto iniciar las obras de este espacio en 2023, para lo que incluso contó con una partida de 1,8 millones en las cuentas autonómicas, pero que aún no han comenzado. De hecho, ha renovado un año más el alquiler de las actuales sedes, las que -según los jueces- no está en condiciones mínimas. La Administración autonómica contempla una nueva 'sede judicial 2.0', que contará con más de 5.000 metros cuadrados construidos y unas instalaciones adaptadas a los estándares de calidad, accesibilidad, eficiencia energética e innovación tecnológica del siglo XXI. «Los tiempos muchas veces no son los que desearíamos desde el punto de vista de administración sino desde el punto de vista de la sala de gobierno, pero la propia Secretaría General lo ha transmitido», añadía en octubre el presidente del TSJA, quien valoró el «ambicioso» plan de la Junta por valor de unos 1.500 millones de euros para sedes judiciales. El informe del TSJA alega que también en Cádiz se sigue la espera sobre la construcción de la Ciudad de la Justicia tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de la capital por el que se formaliza la afectación de los inmuebles situados en el Complejo de Depósitos de Tabacalera con destino a sede judicial. En Algeciras sigue descartado el desalojo de los Juzgados de lo Penal en el edificio de Marzales, «instalaciones muy deficientes y en muy mal estado de conservación», según advierte el presidente del TSJA, mientras que los Juzgados de El Puerto de Santa María siguen provisionalmente ubicados en un polígono industrial desde 2006, alejados de la ciudad y con «serias deficiencias».

En Granada persiste la dispersión de las sedes en la capital y la reubicación de órganos judiciales se antoja «todavía compleja y de prolongada demora temporal», según aprecia el presidente del TSJA; mientras que en Huelva se esperan avances en el proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital y mientras tanto es necesario llevar a cabo actuaciones de mejora en la actual sede de la Avenida Sundhei.

Sede del TSJA en la Chacillería de Granada. (Foto: Trip advisor).

Sede de Sevila en la Avenida de Carlos V, (Prado de San Sebastián). (Foto: https://confilegal.com/...)