Entrevista a D. Carlos Castresana Fernández

Antonio Jesús Ruano Tapia ABOGADO Col. 3092 a

Carlos Castresana Fernández Fiscal del Tribunal de Cuentas de España

Si se ha cometido un error, hay que declararlo así, sin contemplaciones; y en la medida de lo posible, rectificarlo y repararlo sin dilación. los 12 o 13 años. Estudiaba en el colegio de los maristas, y un día el profesor se ausentó unos minutos y me dejó a cargo de la clase. Se armó el revuelo que se puede suponer, y al regresar, el profesor me consideró responsable y me impuso un castigo. Yo protesté, señalándole que la culpa era suya, por haberme dado el encargo, pero no la autoridad para cumplirlo. Dedicamos el resto de la clase a organizar un juicio en el que fui acusado y abogado defensor, tomé declaración al profesor y a varios alumnos, y al final, luego de mi alegato, el jurado, es decir, toda la clase, votó y me absolvió. El profesor acató el veredicto y me levantó el castigo. Así pues, a su debido tiempo, estudié derecho y una vez licenciado, ejercí la abogacía durante cinco años en Granada. Fue ahí, en contacto con la realidad de unos tribunales que transitaban de la dictadura al estado de derecho y tenían poca cultura democrática, que me convencí de que podía ser más útil dentro de las instituciones que fuera, e hice las oposiciones. Aprobé las de fiscales, y aquí estoy.

¿Qué fue lo que despertó en usted la necesidad de dedicar su vida al servicio público de la Justicia?, ¿lo suyo es herencia familiar?

No había tradición de juristas en mi familia. Yo empecé a ejercer desde abajo, inscrito en el turno de oficio, en los años ochenta del siglo pasado, y en esa época los malos tratos a los detenidos eran todavía frecuentes, la asistencia letrada era renunciable, casi todas las declaraciones las pasaban los funcionarios, y los magistrados te decían que la Constitución era para los jóvenes, la atención a los profesionales en los juzgados era muy deficiente, y las astillas estaban generalizadas. Estaba todo por hacer, así que decidí hacerme juez o fiscal. Yo hubiera preferido ser juez, pero el destino me eligió como fiscal, y creo que acertó. A lo largo de su carrera, desempeñada en varias ciudades españolas como Madrid o Barcelona también trabajó en Almería, ¿cómo recuerda esa etapa?

Mi primer destino al aprobar la oposición fue Barcelona, una época de formación que recuerdo con mucho cariño. Yo había sido ya magistrado suplente y juez de provisión temporal en Madrid, y con la experiencia acumulada ejerciendo como abogado, desarrollé mucho mis capacidades. Después me trasladé a Madrid, pero estuve apenas tres meses porque pasé enseguida a la Fiscalía Antidroga (1993), y de ahí a la Fiscalía Anticorrupción (1995), a la del Tribunal Supremo (2005).

En 2015 pasé un periodo en excedencia por razones personales, y al reincorporarme en 2020 fui destinado forzoso al destacamento de Huércal Overa de la Fiscalía de Almería. Me fui a vivir a Garrucha, y atendía los juzgados de Vera y Huércal Overa, los juzgados de lo penal y la Audiencia Provincial en Almería. Lo que parecía un castigo se convirtió en una bendición. Guardo muy grato recuerdo de los compañeros, Juan y Penélope, y de Antonio, que era Fiscal Jefe. Me acogieron con los brazos

Nuestro invitado de este número tiene una larga trayectoria como jurista y, sobre todo, como fiscal en nuestro país, por no hablar de la larga lista de reconocimientos y premios nacionales e internacionales que avalan su hoja de servicio. Castresana ha ejercido como abogado, juez de instrucción, magistrado y fiscal durante mas de treinta años.

Hoy ocupa la fiscalía del Tribunal de cuentas de España y es el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para Sudán del Sur. A lo largo de la entrevista desgranaremos algunos de sus hitos mas importantes y, sobre todo, buscaremos su opinión en temas de actualidad que a todos nos afectan. Comenzamos.

Gracias por concedernos esta entrevista para la revista Sala de Togas de Almería, es una inmensa gratitud para todos los que hacemos la publicación y para nuestro colegio contar con usted. El agradecido soy yo. El Colegio de Almería se ha portado muy bien conmigo. Estoy especialmente agradecido con el Decano Juan Luis de Aynat, con la Letrada María del Carmen López Saracho, y por supuesto, con mi compañero y amigo, el fiscal Antonio Pérez Gallegos. En la reciente visita del Papa León XIV a España un niño de corta edad le preguntaba si de pequeño quería ser Papa, déjeme copiar al niño para preguntarle, ¿usted de pequeño quiso ser Fiscal o Juez?

Yo decidí que iba a ser abogado muy tempranamente, a 18 abiertos. Después de tantos años, yo había perdido la práctica del día a día de los juzgados: las guardias, los juicios rápidos, las órdenes de alejamiento, todo era nuevo para mí. Ellos me enseñaron de nuevo el oficio, con mucha paciencia, y les guardo mucho cariño y un gran agradecimiento. Fue un año intenso y muy gratificante, que al final se me hizo corto. Vuelvo a Almería cada vez que puedo, y recuerdo ese periodo con nostalgia. Sabemos que aquí dejó grandes amigos y magníficos compañeros de trabajo, ¿le gustaría volver a residir aquí?

Efectivamente, mi recuerdo de Almería y de los amigos que he dejado allí es inmejorable. Ahora estoy en el Tribunal de Cuentas, y supongo que por razones familiares aquí seguiré, pero no descarto Almería como destino para mi jubilación, porque la calidad de vida de la que disfrutan ustedes es inmejorable. Y ahora que me he hecho escritor, una casa en algún lugar del Cabo de Gata, delante del mar, es una opción a considerar seriamente. También ha sido docente en varias universidades de prestigio como la de California o la Carlos III de Madrid. ¿Cree que la educación es el motor de cambio de una sociedad y la que nos va a permitir la lucha contra las desigualdades o, por el contrario, los jóvenes de hoy pasan más tiempo ante las redes sociales que ante los libros?

La educación es fundamental; el aprendizaje y la mejora personal no deben terminar nunca. Yo me sigo formando todos los días. Internet y las redes sociales han llegado y están aquí para quedarse, igual que la inteligencia artificial, pero los libros han sobrevivido, demostrando que son insustituibles. En definitiva, unos y otros son instrumentos y vehículos del saber, y esto es lo importante. Usted ha escrito un libro que recoge algunos de los fallos judiciales más históricos de nuestro país: “Bajo las Togas, errores judiciales y otras infamias”. ¿Siguen produciéndose dichos errores judiciales? La administración de justicia, como cualquier elaboración humana, es imperfecta. Los operadores jurídicos tenemos que ser conscientes de ello, y tenemos que poner los cinco sentidos para hacerlo lo mejor posible, porque detrás de los papeles hay siempre seres humanos, y nosotros trabajamos con bienes jurídicos ajenos, que para sus titulares son preciosos, únicos: la vida, la libertad, la integridad física y moral. La justicia es una empresa que nos compromete a todos: jueces, fiscales, abogados, policías y guardias, forenses y peritos, funcionarios. Todos. Seguiremos equivocándonos, pero que no sea por no haber puesto todo nuestro empeño por hacerlo bien. Hay que erradicar la rutina, la desidia, el conformismo, la burocracia. Cada asunto es para nosotros un expediente más, de importancia relativa, pero para los seres humanos que están detrás de los papeles, es el asunto de su vida. No podemos olvidar eso.

Los aprovechados sin escrúpulos son los menos, pero su ejemplo, sobre todo cuando se salen con la suya, es devastador

¿A qué se refiere con infamias?, ¿podría darnos algún ejemplo?

A veces los tribunales se equivocan porque algo se ha torcido de manera involuntaria, porque el testigo se equivoca, un documento se traspapela, un certificado no llega a tiempo, un dictamen de balística, de huellas dactilares o de ADN llega a una conclusión errónea. Es inevitable, y eso debería llevarnos a ser más humildes y responsables. Cuando se constata el error, hay que reconocerlo, sin ocultarlo -como tantas veces- por un corporativismo mal entendido. Si se ha cometido un error, hay que declararlo así, sin contemplaciones; y en la medida de lo posible, rectificarlo y repararlo sin dilación. La infamia es otra cosa. Es el uso torcido del derecho. Aquí estamos hablando de las denuncias falsas o los falsos testimonios, de la utilización torticera del proceso penal -uno de los instrumentos más poderosos del estado de derecho- para deshacerse de un adversario, o como instrumento de venganza o de acción política. Es inaceptable, y el sistema legal tiene herramientas para corregir el uso desviado del derecho penal. No podemos conformarnos con las condenas que destruyen las vidas de inocentes que se pierden en el laberinto judicial porque alguien manipula las pruebas en su contra. El principio de igualdad ante la ley y el derecho a la presunción de inocencia deberían ser baluartes inexpugnables, contra los que se estrellen la discriminación, los prejuicios, la razón de estado y el uso torticero del derecho. ¿Podría darnos algún ejemplo de esos errores que usted recoge en el libro, el más flagrante o el más duro?

La pena de muerte y la tortura son los grandes males de la justicia penal que siguen muy presentes y que deberíamos erradicar. En nuestro país, afortunadamente, ambas fueron abolidas, pero se siguen produciendo prácticas coactivas que procuran conseguir la confesión, la conformidad del acusado, cuando las garantías de la Constitución indican que la prueba de cargo se tiene que construir al margen del investigado, sin contar con su colaboración para que se auto incrimine. Los casos del libro son relatos de injusticias paradigmáticas. Los lectores me han ido diciendo cuáles han sido los que más les han impresionado, y parece haber coincidencia en que los más impresionantes son el proceso de Mariana Pineda, madre de dos niños pequeños y condenada a muerte a los 26 años por bordar una bandera; el del pastor protestante Sören Qvist, ejecutado por un crimen que no cometió; el de Beatrice Cenci, tor19 materia de relevancia nacional e internacional. Esto último le hizo merecedor del I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la corrupción, concedido por el Consejo General de la Abogacía Española y la organización Transparencia Internacional-España en 2016, ¿qué supuso para usted dicho premio?

Me emocionó mucho porque supone el reconocimiento de la Abogacía española y de una organización tan importante en todo el mundo como Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción, porque es la culminación de una carrera dedicada a promover la acción de la justicia en los ámbitos más difíciles, donde confluyen el poder político, económico y mediático y donde los fiscales nos hemos encontrado a veces muy solos, desprotegidos y sometidos a amenazas y a una gran presión sobre nuestras personas y nuestras familias. ¿Es la corrupción una cualidad innata al ser humano?

No, en absoluto. La mayor parte de la gente vive y trabaja con dignidad, sin hacer daño ni aprovecharse de nadie, de manera coherente con los principios morales que nos han inculcado desde la infancia. Los aprovechados sin escrúpulos son los menos, pero su ejemplo, sobre todo cuando se salen con la suya, es devastador. ¿Podrá llegarse alguna vez a la corrupción cero? En los países escandinavos, con una tradición democrática mucho más larga y sólida que la nuestra, la corrupción es excepcional. No podemos erradicar la corrupción, porque siempre habrá alguien para quien la avaricia tenga más atractivo que la decencia, pero tenemos que aprender de quienes nos han precedido, y fomentar la transparencia, que es el procedimiento que permite asegurar que la corrupción no se vuelve endémica. Lo dijo Enrique Tierno Galván, el primer alcalde de Madrid elegido democráticamente en 1979: “los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”. La única manera de asegurar que la corrupción no se vuelva sistemática, es que cada euro que ingresa en las arcas públicas por vía de los impuestos transite por la administración de modo que todos podamos verlo sin perderlo de vista un instante, hasta que sale de nuevo convertido en un servicio público o una prestación social.

En la España actual, con los distintos y numerosos casos que están sobre la mesa, algunos de ellos con largas instrucciones, como la Gürtel, y otros que acaban de iniciarse, ¿cree que estamos en un difícil momento democrático?, ¿hay algo en nuestro país en peligro? turada y decapitada por orden del Papa Clemente VIII; y los de Ruperto y Cuchi, víctimas nunca reconocidas del franquismo.

Por cierto, no puedo dejar de mencionar la glosa memorable que hizo el Decano Juan Luis de Aynat en la presentación de mi libro en el Colegio de Almería el pasado 5 de marzo del letrado defensor de Mariana Pineda, el almeriense insigne José María de la Escalera, a quien concedieron apenas veinticuatro horas para preparar la defensa, a pesar de lo cual hizo todo lo que estaba en su mano para salvar la vida de la infortunada granadina sin conseguirlo. Le tocó la ingrata tarea de comunicarle a su cliente en la prisión del beaterio de Santa María Egipciaca la sentencia que la condenaba a muerte. Seguidamente, Escalera la acompañó en la Cárcel Baja el tiempo que Mariana permaneció en capilla hasta su ejecución. ¿Ha escrito otros libros?

He publicado muchos artículos en prensa y en revistas especializadas, y varios capítulos en libros jurídicos co- me he lectivos, pero esta ha sido la primera vez que adentrado en la narrativa, queriendo acercar al lector una realidad judicial con la que convivimos a diario, pero de la que se sabe muy poco. “Bajo las togas” está escrito para todos los públicos, para cualquiera que se conmueva ante la injusticia, para quien disfrutara viendo “Matar a un ruiseñor”, “Doce hombres sin piedad” o “El jurado nº 2” o haya leído “El conde de Montecristo”, “Calle Londres 38” o los libros de Von Schirach. Su trayectoria de publicaciones es extensa y prestigiosa, fruto de su formación y de su dilatada trayectoria profesional e investigadora, como también lo es su implacable lucha contra la corrupción y la instrucción de muchos de los casos sobre esta

Falta confidencialidad en la instrucción y transparencia en el enjuiciamiento de los procedimientos judiciales y falta igualmente transparencia en los nombramientos para los cargos judiciales de mayor responsabilidad 20 especializadas de investigaLos tres ción en las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han alpoderes del canzado un alto grado de estado han profesionalización.

En su trayectoria como dado muestras

Fiscal

Anticorrupción, de no respetar

¿cuál ha sido su instrucción más dura y difícil?, sus respectivas

¿cuál, la que más le ha hecho sentir satisfecho? competencias

Las causas contra Jesús Gil y su entorno, en la Audiencia de Málaga y en la Audiencia Nacional, han sido las más difíciles, las que han representado para mí un coste personal más alto por el constante hostigamiento mediático y jurídico al que me vi sometido sin el suficiente apoyo institucional, y las que me han dado también mayor satisfacción porque al final prevaleció el estado de derecho.

¿Se puede luchar contra la corrupción para erradicarla? Erradicarla es imposible, seguramente, pero sí es posible combatirla de manera disuasoria, para que a los corruptos no les merezca la pena. Para mí, el ejemplo más elocuente es posiblemente el de los fiscales de Baleares, que sin más recursos que los demás y con las mismas leyes sustantivas y procesales fueron capaces de eliminar la mayor parte de la corrupción en las islas con procedimientos sencillos y eficientes. Ese modelo se debería generalizar.

¿Qué le merece que la sociedad española no castigue la corrupción política en las urnas? Es un problema de falta de cultura democrática. Los ciudadanos deberían ser inflexibles con los comportamientos corruptos, sobre todo si afectan a los partidos, a las organizaciones más allá de los individuos. El votante se expresa muchas veces más por conveniencia que por principios. Es un error.

Usted es un profundo defensor de los Derechos Humanos y ha sido un ejemplar perseguidor de la impunidad en Latinoamérica, pero ¿por qué dimitió tras un largo trabajo en Guatemala incardinado a desmantelar a los grupos criminales?, ¿sufrió alguna amenaza?, ¿sintió miedo?

Miedo y amenazas las hubo desde el primer día, pero eso es parte del oficio. Yo tenía escolta policial desde que estuve en la Fiscalía Antidroga, a partir de 1993. Vives con ello, haces tu trabajo, y otros se ocupan de tu seguridad. Pero si el miedo y las amenazas son tales que no te dejan hacer el trabajo, la solución es simple: renuncias y te vas.

No fue mi caso. Yo renuncié por otra razón. Creo que a los cargos públicos hay que saber llegar, y también hay que saber irse. No se debe aceptar un cargo para el que no estás cualificado, y tampoco se debe permanecer si

La transparencia de nuestra administración de justicia es una asignatura pendiente. Falta confidencialidad en la instrucción y transparencia en el enjuiciamiento de los procedimientos judiciales. Falta igualmente transparencia en los nombramientos para los cargos judiciales de mayor responsabilidad, y en la exigencia de responsabilidad a jueces, magistrados y fiscales por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. La concentración de macro causas de corrupción en la Audiencia Nacional y las consiguientes dilaciones de los procesos son un cuello de botella indeseable. ¿Cree justificada la merma en la confianza en las instituciones que sienten los ciudadanos? Sí, la politización de la justicia -la demora escandalosa en la renovación del CGPJ, por ejemplo- y la judicialización de la política -con algunos procesos carentes notoriamente de justificación desde el sentido común- han dado en los últimos tiempos razones sobradas para la desconfianza de los ciudadanos. Los tres poderes del estado han dado muestras de no respetar sus respectivas competencias, la separación es esencial para la democracia. ¿Qué opinión le merece que el Ministerio del Interior esté dirigido por quien antes ocupaba una plaza de Juez?

Ser juez de carrera no es ni debe ser impedimento para ocupar sucesivamente un cargo político, siempre que las funciones se mantengan estrictamente separadas. ¿Se puede volver a la carrera judicial tras haber pasado por la política?

Sí se puede, pero hay ciertas condiciones, y sobre todo, el transcurso de plazos razonables, que se deben observar para evitar la politización de las instituciones judiciales. Nombrar Fiscal General al Ministro de Justicia al día siguiente de su cese como tal, por ejemplo, no es la decisión más acertada, ni contribuye al prestigio y a la imparcialidad de la institución, ni a la confianza de los ciudadanos. Como recuerda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de imparcialidad, hasta las apariencias importan.

Usted ingresó en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995. ¿Qué balance hace de la creación de esta Fiscalía Especial? El balance es favorable. La Fiscalía Anticorrupción ha contribuido decisivamente a la consolidación del estado de derecho, a la constatación, esencial en democracia, de que nadie está por encima de la ley. No todo se ha hecho bien y a veces no se ha estado a la altura, pero en general creo que la trayectoria ha sido positiva. ¿Se ha dotado a la Fiscalía de medios suficientes como para que el trabajo desempeñado por los profesionales como usted realmente obtenga resultados? Al principio, carecíamos de suficientes recursos materiales y personales, pero esa situación ha ido mejorando, principalmente gracias a la creación de Unidades 21

Nombrar Fiscal General al Ministro de Justicia al día siguiente de su cese como tal, por ejemplo, no es la decisión más acertada, ni contribuye al prestigio y a la imparcialidad de la institución, ni a la confianza de los ciudadanos ya no reúnes las condiciones necesarias para seguir desempeñándolo. Yo renuncié como Comisionado de la ONU contra la Impunidad en Guatemala porque estaba muy cansado, y porque las campañas mediáticas personales en mi contra y en contra de mi familia habían alcanzado un punto en el que yo había dejado de ser un interlocutor útil para la institución que dirigía y para las contrapartes.

Aquí la gente se empecina en permanecer aferrado a los cargos, pero lo importante son las instituciones. Si no las puedes servir como se merecen, renuncias y te vas. No pasa nada, nadie es imprescindible. Hablando de derechos humanos, ¿qué opinión tiene sobre la persecución de los crímenes del franquismo?

Las víctimas del franquismo no han recibido el reconocimiento que merecen, y esa es una de las asignaturas pendientes de nuestra transición. Lo digo en el último capítulo de mi libro “Bajo las Togas”, que he titulado “Los olvidados”. La justicia del franquismo bendijo todas las arbitrariedades y se mostró “subalterna y sumisa” con la dictadura. Después de la muerte del dictador, las víctimas cifraron sus esperanzas en el advenimiento de las libertades, pero la nuestra resultó ser para quienes más habían contribuido a hacerla nacer una “democracia desmemoriada e ingrata”. En buena medida, la polarización que padecemos hoy en día es consecuencia de esa grave injusticia, una claudicación moral que ha impedido la verdadera reconciliación entre los españoles, que todavía tenemos pendiente “mirarnos a los ojos”.

El crecimiento de la ultraderecha en nuestro país, ¿cree que es inversamente proporcional a la pérdida de derechos fundamentales por los ciudadanos? La ultraderecha siempre ha estado ahí, como herencia maldita de la dictadura. Se mantuvo reducida a mínimos porque su activación era innecesaria, debido a que la democracia, una vez aprobada la Ley de Amnistía de 1977, no representaba para ella ninguna amenaza. Se activó después de la desaparición de ETA y el desencadenamiento del procés en Catalunya. Ha sido siempre crítico con la Justicia de nuestro país y de hecho ha afirmado que en España existe lawfare, ¿sigue manteniendo esa opinión?

Yo he sido y sigo siendo crítico con el doble rasero que se aplica a veces a las causas de corrupción, según el color político de los inculpados. Por no hablar de casos recientes, es notorio el diferente tratamiento que se dio, todavía en los años ochenta del siglo pasado, a la financiación ilegal del PSOE -caso Filesa- y a la del PP -caso Naseiro-. Después ha seguido ocurriendo. ¿Está usted diciendo que existen jueces que utilizan la instrucción de sus casos para hacer política y provocar un cambio político en nuestro país?

La democracia descansa sobre dos pilares, el sufragio y la legalidad. El estado de derecho no existe si no se respeta la voluntad de los ciudadanos, y tampoco si los gobernantes vulneran el ordenamiento vigente. A la democracia española -a los tres poderes- le falta madurez y sentido de la responsabilidad.

¿Hay Jueces de derechas o de izquierdas que utilizan sus estrados para condicionar la opinión política de la gente? El activismo judicial ha existido siempre. El CGPJ, que es el órgano de gobierno del poder judicial, es quien debe encargarse de corregir esos abusos porque así se lo ordena la Constitución.

La figura de la acusación popular está perfectamente reconocida en nuestro sistema constitucional, pero, a la vista de la utilización que se hace de esta figura en los casos más mediáticos actuales, póngase por ejemplo a la organización Manos Limpias, ¿cree que hay que hacer una reforma de esa figura, regularla con más detalle y matizarla? La acción popular permitió sostener el caso Pinochet y muchas otras causas de derechos humanos. El problema es el uso torticero que se hace de esa institución. Corregir esos abusos es tarea de los jueces. ¿Por qué tarda tanto la Justicia en España en resolver un procedimiento? En los procesos siempre hay al menos dos partes, y alguna de ellas está interesada en que el proceso no avance, por lo que procura poner palos en las ruedas. 22

La ultraderecha siempre ha estado ahí, como herencia maldita de la dictadura. derados de algunos jueces y fiscales para con los justiciables y sus letrados. Son inaceptables, y deberían ser corregidos de manera rigurosa. A veces, parece que algunos jueces consideran que la independencia consiste en que pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. No han entendido que la independencia no es un privilegio para ellos, sino un derecho del justiciable, y que el reverso de esa moneda es la responsabilidad. Como abogado, ¿sufrió alguna injusticia en su labor en estrados?

Sí, alguna que otra. Y he interpuesto, al menos una vez que yo recuerde, una denuncia por esos comportamientos abusivos contra un juez, y otra contra un abogado -que de todo hay-. Desafortunadamente, en un caso y otro, sin resultado.

Una última cuestión. En su publicación hace la siguiente afirmación: “La justicia es el instrumento ideal para la venganza, plato que, como sabemos, se sirve frio”, sin embargo, refiere que hay juristas que se preguntan a menudo por qué los tribunales suelen ser tolerantes con el falso testimonio y con las denuncias y acusaciones falsas. ¿realmente cree que se toleran con demasiada frecuencia esos faltos testimonios? Si es así, ¿entonces de qué justicia estamos hablando? Sí, creo que, para exigir respeto a los justiciables, los tribunales tienen que empezar por respetarse a sí mismos, y eso incluye, naturalmente, no pasar por alto los casos, bastante frecuentes, de denuncias falsas y falsos testimonios.

Gracias por su valentía, por su claridad en las respuestas y por dejar constancia en nuestras páginas de testimonios tan importantes como los que nos ha dedicado. Le reitero las gracias y le invito a volver a Almería, aquí vivimos de otra manera, somos el sur.

Gracias a ustedes. Viven de una manera envidiable, y acogen a los visitantes con especial dedicación y esmero. Le aseguro, por ello, para cualquier actividad que organicen en la que yo pueda contribuir, que pueden contar conmigo.

Esos abusos se corrigen con la aplicación de las leyes de procedimiento. Las dilaciones, por tanto, son responsabilidad última de los jueces. Sin embargo, hay también disfunciones estructurales, como la que he señalado antes del virtual colapso de las macro causas de la Audiencia Nacional. Esas disfunciones requieren reformas legislativas. ¿Cree que Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia transforma realmente la Justicia española y ha venido a arreglar algo del problema de lentitud que sufrimos?

Si hubiera seguido en el destacamento de Huércal Overa tendría una opinión más fundada. La verdad, no lo sé. Quiero pensar que la reorganización de la oficina judicial traerá mayor eficiencia y celeridad, aunque el periodo transitorio pueda resultar problemático en el corto plazo.

A lo largo de los 25 casos que analiza de errores judiciales en su libro aborda los que se producen bajo el Tribunal del Jurado, concretamente cuando analiza el caso del asesinato de Isabel Carrasco Lorenzo, presidenta de la Diputación de León. ¿Es este Tribunal la mejor opción para juzgar determinados casos teniendo en cuenta que la formación jurídica de sus nueve integrantes es, por lo general, escasa o nula?

El jurado pretende incorporar a la administración de justicia el parecer de los ciudadanos comunes. No se persigue que tengan formación jurídica, sino sentido común. Un jurado bien organizado me parece positivo. Sin embargo, para España, que carece de tradición al respecto, yo hubiera optado por el sistema de jurado escabinado, como el que funciona en Francia, con jueces profesionales y otros legos que deliberan juntos y deciden entre todos. Usted ha sido abogado durante cinco años y ahí es donde mejor nos puede comprender a todos los integrantes del Colegio lo que vivimos cada día. ¿Nos comprende cuando hablamos de injusticias y desempeñar nuestro trabajo con dificultad y dureza? Sí. No ocurre todos los días, pero se producen con demasiada frecuencia arbitrariedades y tratos desconsi-

No ocurre todos los días, pero se producen con demasiada frecuencia arbitrariedades y tratos desconsiderados de algunos jueces y fiscales para con los justiciables y sus letrados

VIDA COLEGIAL Actos institucionales

Vida colegial TRADICIONAL ENCUENTRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL EQUIPO HUMANO DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA ALMERIENSE

Con ocasión de las tradicionales celebraciones navideñas, las instalaciones del Club de Mar de Almería, hoy restaurante El Candelero, acogieron la habitual comida anual del Colegio de la Abogacía de Almería, un acto de carácter institucional especialmente significativo que, año tras año, reúne en un clima de cordialidad y auténtico compañerismo a los miembros de la Junta de Gobierno y al conjunto de profesionales que integran el equipo humano de la corporación.

Esta imagen de familia, expresión elocuente de la cohesión y del espíritu de colaboración de quienes hacen posible, con su trabajo diario, el adecuado funcionamiento de la institución pasa a integrarse en la memoria gráfica de nuestra revista, publicación que celebra con legítimo orgullo sus treinta y ocho años de trayectoria y que alcanza, con este número noventa y tres, un nuevo hito en la crónica de la abogacía almeriense. 24