La condena del Fiscal General del Estado y la sospecha de injerencia política

LA CONDENA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y LA SOSPECHA DE INJERENCIA POLÍTICA

Si nos referimos a la historia más reciente, este fenómeno, el de la injerencia, se puede fijar el punto de salida, como muchas otras modas, al otro lado del charco, en los Estados Unidos de América. En enero de 2017, un empresario, para los estándares americanos, un mero estafador, para los europeos, se proclamó presidente del estado más poderoso de la tierra, al menos en lo que a parámetros militares y económicos respecta, gracias a una novedosa formula de campaña electoral, consistente en inundar reyes sociales de bulos hasta el extremo de llegar a crear una realidad paralela moldeada a la medida de sus intereses y que resulta del gusto de sus adeptos. Y desde el principio lo tuvo muy claro. Si se trataba de hacer lo que le viniese en gana, que para eso era presidente, inevitablemente había que desmantelar el sistema de checks and balances sobre los que descansa la democracia americana; para ello contaba con la persona adecuada, el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, un desafortunado cruce entre momia egipcia y cacatúa, y senador por Kentucky. Mediante el empleo de diversas tretas parlamentarias, y una interpretación lo más torticera posible del reglamento de funcionamiento del senado, este gris personaje consiguió colocar en el Tribunal Supremo a los muy conservadoras Señorías Brett M. Kavanaugh, Amy C. Barrett y Neil M. Gorsuch, juristas vinculados a la Federalist Society, ultraconservadora asociación de juristas que entre otras lindezas, v.gr., defiende un constitucionalismo caracterizado por una visión originalista/textualista de la norma fundamental norteamericana, lo que los acerca bastante, al menos desde un punto de vista técnico, a los jurisconsultos salafistas y talibanes que abogan por interpretar el corán desde su propia literalidad.

Gracias a estos brillantes jurisconsultos, estratégica- mente bien situados en sus puestos, el Sr. Trump está teniendo una segunda legislatura de lo más tranquila pese a estar adoptando casi a diario medidas manifiestamente ilegales tendentes a dinamitar la democracia en su país, con el pleno aval de la corte suprema, que por ahora viene corroborando todas y cada una de las decisiones adoptadas por este controvertido presidente, por disparatadas y vulneradoras de los más elementales derechos fundamentales que sean. Luego le tocó el turno a Brasil. En 2017 el juez Sergio Moro condenó a quien había sido presidente de la Republica, Lula da Silva, en primera instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero. En 2018, tras ser dicho fallo ratificado en segunda instancia, ingreso en prisión donde pasaría 580 días. En 2019 será liberado, luego de un fallo de la Corte Suprema que permitía el habeas corpus para presos que no hubieran agotado todas las instancias. Finalmente, el Tribunal Supremo de Brasil anuló todas las condenas contra Lula da Silva, determinando que el tribunal de Curitiba, dirigido por Moro, no era competente para juzgarlo, declarando la nulidad de los procesos. Por si alguien alberga algún tipo de duda sobre la irregularidad de las investigaciones y procesos a las que el Sr. Da Silva fue sometido, en tal sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Mientras todo este periplo judicial discurría por sus cauces de rigor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, un cafre que pretende talar toda la cuenca del Amazonas, el mayor pulmón de la humanidad, para convertirlo en una gran plantación de soja y de paso exterminar a todas las tribus de no contactados que se niegan a trabajar en ella, consiguió hacerse con la presidencia de la República de Brasil, nombrando como ministro de justicia, adivinen a quien, al Juez Sergio Moro, en pago a los excelentes servicios prestados.

Y por fin llegó a España. El Tribunal Supremo condenó 9 el 20 de noviembre de 2025 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa e indemnización de 10.000 euros por revelación de secretos en un caso relacionado con la filtración de un correo sobre presunto fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. dactada. Francamente, en mi humilde opinión podían haberlo dejado para otro día. Hubiesen así evitado odiosas pero inevitables comparaciones. Sobre el fondo de la cuestión optaré por guardar silencio. Sin embargo si me veo en la obligación de llamar la atención sobre la pérdida de confianza de buena parte de la ciudadanía tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional, órganos que, nos guste o no, están bajo la sospecha de injerencia política, de distinto signo pero igual de reprochable. Por desgracia, de esta sospecha ni la abogacía se libra, debiendo traer a colación la dudosa personación del Colegio de Abogados de Madrid en la causa. Lamentable.

OPINIÓN

El anuncio del fallo de esta sentencia, aprobada por 5 de 7 magistrados, coincidió exactamente con el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, empañando los actos gubernamentales por la democracia. Lo curioso es que en tan señalada fecha el Supremo solo adelantó el fallo, pero la sentencia no está todavía re-

Antonio Hermosa Periodista