Justicia en ruinas: Lo que Huércal-Overa dice (y el BOE calla)

JUSTICIA EN RUINAS: LO QUE HUÉRCAL-OVERA DICE (y el BOE calla) En Huércal-Overa, Almería, hay murciélagos anidando en las persianas de la sede judicial. Las víctimas son atendidas en cuartos sin ventilación, sin luz natural y, lo más grave, sin circuitos seguros que garanticen que no se crucen con sus agresores. La sala destinada a entrevistas confidenciales entre abogado y cliente ha sido reconvertida en calabozo. Y si hay problemas informáticos -que los hay, y constantes- las declaraciones se toman a mano, como en un juzgado decimonónico. No es una caricatura, ni una denuncia sindical inflada. Es la descripción exacta de lo que ocurre en este partido judicial del Levante almeriense, según han denunciado recientemente en un comunicado conjunto la juez decana, Andrea Martín, y el decano del Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat. A ellos se ha sumado el sindicato CSIF, que ha calificado la situación de “insostenible” y ha recordado que más de 57.000 vecinos de municipios como Albox, Pulpí o Zurgena dependen de este servicio público. El término “servicio” suena casi irónico cuando se repasan las condiciones en que se presta.

“Se remitió un informe de deficiencias a la Junta de Andalucía, y la única respuesta ha sido una mano de pintura”, lamenta la juez decana. “Pero el problema de fondo es mucho más grave: el estado del edificio roza lo insalubre y compromete la calidad del servicio público”. La expresión “roza lo insalubre” debería bastar para alarmar a cualquier responsable político. Pero estamos en un país donde la justicia se reforma por arriba mientras se desangra por abajo. La entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la Ley Orgánica 1/2025 marca un antes y un después con la implantación de los tribunales de instancia. El problema es que el cambio no viene acompañado de lo más básico: ni medios personales, ni materiales, ni garantías mínimas de ejecución. La propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lo advirtió con claridad durante la apertura de las XXXIII Jornadas de Jueces Decanos, celebradas en Alicante: “El déficit de la planta judicial es una realidad sostenida y supone un gran problema”. El Servicio de Inspección del CGPJ ya consideró “imprescindible” hace un año la creación de 421 unidades judiciales. ¿Cuántas se han creado en 2024? 14

Ninguna. Y mientras tanto, el Ministerio anuncia nuevas plazas para 2025… sin concretar calendario, ni criterios de reparto, ni prioridades objetivas. La reforma, que prevé la reconversión de más de 3.800 juzgados unipersonales y la creación de 436 tribunales de instancia, también asigna nuevas funciones a los juzgados de violencia sobre la mujer y refuerza el papel de los decanos como presidentes de esos órganos colegiados. “La estructura organizativa de estos nuevos tribunales puede causar preocupación si no hay medios materiales suficientes”, advirtió Perelló, antes de subrayar que los cambios deben ir “acompañados de incremento de personal y presupuesto”. Un recordatorio obvio, pero imprescindible ante un legislador más preocupado por las reformas en el BOE que por su aplicación real en la geografía judicial.

Y es que no se puede pedir excelencia en toga y miseria en presupuesto. No se puede exigir eficacia, transparencia y celeridad cuando el primer eslabón de la cadena -la infraestructura mínima- está colapsado. ¿Cómo se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva en un juzgado donde los funcionarios se sienten “abandonados”, donde no hay accesibilidad para personas en silla de ruedas, donde no se pueden asegurar espacios seguros para víctimas, ni salas adecuadas para los letrados?

“Ese espacio ha sido ocupado como calabozo”, denuncia el decano de la Abogacía almeriense al referirse a la sala donde los abogados deberían entrevistarse en privado con sus defendidos o colocarse la toga con un mínimo de dignidad profesional. No estamos hablando de grandes inversiones, ni de construcciones faraónicas. Estamos hablando de condiciones básicas. De mínimos. Todo esto ocurre en Huércal-Overa, pero no debería verse como una excepción. Es, en realidad, un símbolo de una justicia provincial a menudo olvidada, fragmentada, precarizada. Una justicia que no sale en los titulares nacionales salvo cuando hay una huelga o una sentencia llamativa, pero que sostiene la vida cotidiana de millones de personas.

Desde el CGPJ insisten en que ellos -y solo ellos- tienen la competencia exclusiva para la selección de jueces, y que velarán por los principios de mérito, capacidad e in- dependencia. “El legislador no puede degradar el estatuto de los jueces”, advirtió Perelló, ni tampoco afectar negativamente a los principios nucleares del sistema judicial. Pero esa advertencia no puede limitarse al plano institucional: hay una degradación más sutil y profunda, que empieza por las goteras, los pasillos oscuros, los expedientes apilados en cajas y los juzgados sin ventilación. Y esa también mina la independencia, la confianza ciudadana y el derecho de defensa.

OPINIÓN

Frente a ese panorama, la modernización no puede quedarse en los titulares ni en las ruedas de prensa. La dignidad de la justicia empieza por sus sedes, por sus profesionales, por el respeto a quienes trabajan -y litigan- en ellas cada día. Almería, y Huércal-Overa en particular, no pueden seguir siendo el epílogo silencioso de una reforma escrita desde Madrid. La justicia no se impone desde el BOE. Se construye desde el suelo. Y hoy, ese suelo está agrietado.

Félix Solís Sánchez Col. 1.115