Lawfare y politizar la justicia

LAWFARE Y POLITIZAR LA JUSTICIA

Los ciudadanos estamos muy preocupados por los continuos comentarios que señalan una politización de la justicia o una judicialización de la política. Se habla con frecuencia de la actuación de los políticos para manejar y controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, o de las acciones que llevan a cabo determinados jueces para interferir en la actividad de los políticos. En un Estado de derecho como el que existe en España, es imprescindible, para que haya una buena salud democrática, que exista y se defienda la independencia de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El artículo 159.3 de la Constitución establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres, y el artículo 568 de la Carta Magna, indica que los del Consejo General del Poder Judicial lo harán cada cinco. Los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, son los encargados de garantizar que se realicen estas renovaciones, algo que no han cumplido en los últimos años. Los principales responsables son los dirigentes políticos y, sobre todo, los de los dos partidos mayoritarios: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Es lógico y normal que se produzcan casos de procesamientos de cargos públicos o personas relacionadas con los partidos políticos, que se han saltado las reglas de la democracia y han prevaricado: faltando conscien10 temente a los deberes de su cargo, llevando a cabo decisiones o dictando resoluciones con plena consciencia de su injusticia, o malversado: al sustraer o gestionar mal los caudales públicos en beneficio de sí mismos o de personas de su entorno. A esto no lo podemos considerar una judicialización de la política, porque el juez está cumpliendo con una función imprescindible en un Estado de derecho, que no es otra que controlar jurídicamente el poder. judicial y quiebra de la separación de poderes”. Para los firmantes del escrito: “Los jueves han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117,1 de la Constitución”, remarcando que ese punto de ese acuerdo no era aceptable porque se traslucía una posible desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, se concluía en un comunicado firmado el pasado 10 de noviembre por todos los Jueces Decanos de España.

Existen relaciones interdependientes que enlazan la política con la justicia. Tanto la politización de la justicia, como la judicialización de la política son dos deformaciones de una Justicia independiente. Hay que estar vigilantes para evitar que los partidos políticos ejerzan un dominio sobre las instituciones del Estado provocando un funcionamiento ineficaz de la separación de poderes, y que los jueces adopten decisiones y expresen opiniones que intenten coaccionar esa separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Desde hace varios años el Grupo de Estados Contra la Corrupción, GRECO, del Consejo de Europa viene formulando recomendaciones para asegurar y mantener la calidad democrática. Los ciudadanos estamos muy preocupados por el hecho de que los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE no se hayan puesto de acuerdo desde hace varios años para renovar el Poder Judicial en nuestro país, dando un claro ejemplo de politización judicial. Es imprescindible que, de una vez por todas, los dirigentes políticos sean responsables y solucionen este grave problema que ha provocado la alarma en la Comisión Europa, que ha criticado que, desde diciembre de 2018, esté aún pendiente la renovación del Consejo general del Poder Judicial, una renovación que lleva ya un lustro de retraso.

Por su parte, los socialistas en palabras del ministro de la Presidencia del ejecutivo saliente, Félix Bolaños, matizaron que, con estos acuerdos, en ningún momento se intentó atentar contra la separación de poderes y que, la creación de comisiones de investigación, nunca podrían alterar las decisiones adoptadas por un juez.

Hay que huir del alarmismo y rechazar las afirmaciones que apuntan a que detrás de estos acuerdos prevalece un golpe de Estado contra las instituciones, y tampoco a las que aseguran que, los críticos contra estos pactos también buscan desestabilizar España. Cuando un parlamento está muy fraccionado y ningún partido político consigue suficientes escaños para disponer de una mayoría holgada para gobernar, debe hacer uso de estos mensajes filibusteros que buscan sabotear las propuestas de las otras formaciones políticas.

Quizás, habría que preguntarse, si el interés final es normalizar la situación en Cataluña. También, si la respuesta judicial durante el “procés” fue proporcionada, y si las calificaciones: primero de rebelión, y luego, de sedición, no eran exagerada para lo que pasó realmente, una situación de sistemática desobediencia por parte de las instituciones catalanas y algunos desordenes públicos. La falta de diálogo impidió la vía del acuerdo político, que llevó a una confrontación política, que terminó llegando al ámbito judicial. La judicialización de la política terminó produciendo la politización de la justicia.

Pero también se puede producir el caso de que un juez o magistrado se salte su obligación de impartir justicia de forma equitativa y cometa delito de prevaricación al dictar una sentencia injusta, negarse a juzgar una causa o llevar a cabo un retraso malicioso. Es el CGPJ el encargado de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial. Hemos vivido momentos críticos con el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts Per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria para investigar el supuesto “lawfare” o judicialización de la política. Todas las asociaciones judiciales de España mostraron su rechazo alegando que “podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia

Hay que defender al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial como instituciones del Estado cuya prioridad es servir al interés general, y dejar claro que no están al servicio de los partidos políticos. Hay que separar política y justicia, renovar el CGPJ, para permitir elegir a los magistrados que faltan en la Audiencia Nacional y en el Supremo para dejar claro que España es un Estado de derecho consolidado, donde funcionan bien las instituciones.

Miguel Martín Alonso Periodista