El agua: Un bien básico para la vida convertido en mercancía

EL AGUA: UN BIEN BÁSICO PARA LA VIDA CONVERTIDO EN MERCANCÍA

Eva Correa Porcel Cda. 4.942

Aprovechando el altavoz que me otorga el Ilustre Colegio de Abogados de esta provincia para expresar libremente inquietudes y reflexiones, he considerado plasmar mi imperiosa necesidad de escribir este artículo para acercarnos a un tema de actualidad, por ser de enorme relevancia para la supervivencia humana y de cualquier ser viviente: el agua.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la precipitación media registrada este año ha sido de 9l/m², un 85% inferior a los 62,l/m² de la media histórica. Para más inri, en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana se han impuesto restricciones en el uso industrial, se ha cortado el agua por las noches y ya se está transportando agua desde pozos de emergencia.

Veo con desconcierto y preocupación el presente y el porvenir del abastecimiento de agua para las personas y los cultivos. Y ello, porque en los últimos meses los políticos y medios de comunicación no dejan de advertirnos de la sequía que amenaza a todas las regiones de España, la cual hemos experimentado especialmente en esta bendita tierra almeriense, líder del cultivo y producción agraria en Europa.

En los últimos años hemos sido destinatarios directos de grandes campañas publicitarias gubernamentales en torno al ahorro de los recursos hidráulicos, la eficiencia en su consumo, la solidaridad en su distribución, haciéndote sentir que tú, ciudadano promedio, estás influyendo negativamente en tu necesidad por vivir en la gestión de este escaso recurso como usuario y consumidor -y como amenaza para el medio ambiente- teniendo que dejar en manos de empresas gestoras su uso.

Según los datos de la web especialista Embalses.net, el nivel en España se ha situado en el 44,6%, cuando la media de los últimos 10 años por estas fechas ha sido del 60,8%. Es especialmente preocupante en el sur de España, donde Andalucía está en el 31,4% y Murcia en el 22,3%. Según datos de la

Bien es cierto que España es un país con bajas precipitaciones, especialmente en su zona sur; por ello, nuestra nación 15 es la fundamentación jurídica y, especialmente, a los profesionales del Derecho administrativo. Siendo consciente de que el Derecho del agua que se encuadra en la rama jurídica mencionada es muy extenso y complejo donde se maneja al mismo tiempo civil, penal y mercantil, no procede detallar y analizar al detalle todos sus pormenores en este artículo, pues ya sería objeto de otra publicación para un estudio jurídico. Por ello, vamos a entrar someramente en la materia jurídica que prueba esta guerra que se está llevando a cabo contra el líquido vital desde hace décadas. ha sido quinta potencia mundial desde principios del siglo XX en la construcción de presas y pantanos para generar electricidad y abastecer de agua para riego a las zonas habitadas. Pero, ¿y si te dijera que en 2021 fueron demolidas 108 presas?; ¿eres conocedor de que en el verano de 2021 las compañías eléctricas aprovecharon los altos precios en la factura de la luz para vaciar embalses y producir a más bajo coste?; ¿y que la Xunta de Galicia impuso una sanción de 200.000 euros a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Naturgy e Iberdrola por alterar el curso natural de los ríos y vaciar los embalses de Cenza, As Portas, Belesar y Salas el pasado verano?

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, consagra en su artículo tercero que “la fase atmosférica del ciclo hidrológico sólo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice.” Entonces, ¿con este precepto nos están diciendo que se está modificando curso natural del ciclo del agua?; ¿con qué finalidad: provocar precipitaciones para favorecer cultivos y abastecimiento o inducir sequías?

Para ilustrar este extremo, pondré como ejemplo la noticia publicada por el periódico La Vanguardia en fecha 17 de mayo de 2022, cuyo titular reza: “España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes que alteran los ríos.”

Entonces, entenderás mejor que la falta de lluvias no es el único factor que ha influido en la sequía y no se estamos ante un fenómeno exclusivamente meteorológico, sino ante una actuación saqueadora de grandes empresas que han construido un lucrativo negocio para limitar el grifo del “oro azul”. ¡Porque se alteran los ríos!. Y esto alcanza su auge desde que en diciembre de 2020 comenzara a cotizar el agua en Wall Street, acumulando una ganancia de 147%, pasando de tener un valor de 496 dólares a 1.226 dólares por acre-pie.

Más reciente es el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en fecha 21 de julio de 2020 (núm. 175), donde se refleja la autorización temporal de la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Tajo -cuya referencia del expediente es AH-0001/20202- para “evitar precipitaciones en forma de granizo o pedrizo, desde 1 de mayo a 30 de septiembre”, consistente en una “red antigranizo formada por 24 generadores de yoduro de plata en las comarcas de la Baja Campiña y Las Vegas.” ¿Con qué finalidad se emplea el yoduro de plata? Evita el tan indeseado granizo, pero también disipa las nubes. Ahora se van entendiendo mejor las cosas.

Realmente no somos conscientes del mundo en el que vivimos y que estamos construyendo -o destruyendocuando ponemos coto al acceso a los bienes que la naturaleza nos otorga para vivir por encima de leyes positivistas. Por ello, cuando ponemos un precio a acceder libremente al agua como necesidad vital para dejar su gestión a grandes empresas y organismos gubernamentales que atienden exclusivamente a intereses de mercado, emergen los siguientes dilemas: ¿qué “derecho” legal y moral pretende imponerse para limitar o impedir que un ser vivo –especialmente un ser humano– pueda hacer uso del agua, impidiendo su acceso si no paga el precio impuesto por las grandes compañías o no está sujeto a una cuota de asignación con la excusa de la oferta limitada de este bien?; si el cuerpo humano está compuesto entre un 60 y un 80 % de agua y solamente puede sobrevivir entre tres y cinco días sin agua, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer o a pagar para que nuestros seres queridos, los animales de compañía y el ganado que nos alimenta, los campos que cultivamos y nuestro propio ser no muriesen?

En este contexto de alarma por la sequía, se aprobó el Decreto 178/2021, de 15 de julio, por el que se regulan los indicadores de sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía; el mismo habilita para activar declaraciones de sequía. Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la más extensa de estas tierras andaluzas y la más conflictiva, es responsable de la demolición de varios depósitos y presas y está pendiente de tomar la decisión de demoler la Central Hidroeléctrica de Casas Nueva de Marmolejo (Jaén). Entonces, en marzo de 2022 fue aprobada la ampliación del decreto de sequía y medidas urgentes para movilizar 141,5 millones de euros para invertir en infraestructuras que no evitan el problema generado por quienes nos ofrecen, a su vez, la solución.

Con esta hoja de ruta que llevan años trazando se pretende que las grandes multinacionales gestoras del agua que controlan fondos de inversión, en connivencia con confederaciones hidrográficas, comunidades de regantes y asociaciones ecologistas, tengan el monopolio para decidir la cantidad de agua que puedes emplear para regar y cultivar tus campos; proveer de la misma a tu casa, tus animales, tus municipios; y producir energía. En resumidas cuentas, a decidir el precio de nuestras vidas.

¿Por qué los poderes hacen del agua un negocio y no un derecho básico accesible en libertad? Para ellos, dependerá de si la tienes o la necesitas. Lo que sí podemos colegir es que todo esto repercute en las personas, el ecosistema y la fauna de forma devastadora.

Querido lector, expuestos los aspectos más destacables de este tema tan extenso y polémico, lo que pretendo con estas palabras es apelar a tu conciencia como jurista, periodista, profesor pero, sobre todo, ciudadano. Espero que esta lectura haya servido para invitarte a estimular tu innata capacidad de discernir e investigar, tan ligada a esta respetable profesión de los que portamos la toga.

No es que vaya a centrar mi alegato en un discurso exclusivamente crítico con cariz moral, pues bien sabemos que lo que interesa a la amplia mayoría de lectores de esta revista 16

Antonio Hermosa Periodista de 2016, con 65 imputados a los que se les acusaba de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Fueron días convulsos, en los que vimos circular por los juzgados a decenas de personas que iban a testificar ante la jueza que, al final, imputaría en esta causa a unas 70 de ellas. La vista oral se iniciaba el 10 de enero de 2020, primero en la sala más grande de vistas de la Audiencia Provincial, y después, a causa de la pandemia del coronavirus, en un espacio especialmente habilitado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, con 49 personas sentadas en el banquillo. El 13 de julio de 2021 quedó visto para sentencia tras cinco meses de sesiones, quedando solo 44 imputados, por el desfalco de 70 millones de euros en las arcas públicas ejidenses a través de la empresa mixta de servicios Elsur, con aplazamientos por la pandemia y hasta con el fallecimiento del fiscal anticorrupción de Almería, Jesús Gázquez. Dos años hemos tenido que esperar para conocer las penas con la vista puesta en el juez ponente Jesús Martínez Abad.