Transparencia judicial

tra sociedad, adolecen de serias limitaciones de contextualización. Nada que objetar a quienes intervienen para tratar de cortar una sangría evidente de la sociedad contemporánea. Hay muchos, demasiados jóvenes que viven una adolescencia casi interminable, enganchados a las drogas más diversas, irresponsables, irrespetuosos, violentos incluso en su propio entorno familiar inmediato. En silencio, con constancia y eficiencia, hay muchos profesionales trabajando de manera encomiable en esa dirección. Lo que no tengo tan claro es que ni ellos ni Calatayud tengan demasiadas oportunidades reales. Por eso me viene a la mente el Poema pedagógico. sociedad socialista que es lo que terminaron siendo más allá de la puerta del orfanato. Los centros españoles actuales, o los occidentales en general, se desenvuelven en una dinámica ostensiblemente distinta. Para empezar, los jóvenes que manejan no proceden de sectores marginales de la sociedad. Muy al contrario, los comportamientos disruptivos en la adolescencia son una línea transversal que recorre todos los grupos sociales. En los programas formativos, en algunas de las propuestas de Calatayud, se predican valores extraordinarios: tolerancia, autodisciplina, responsabilidad, respeto, comprensión, vida sana, primacía del afecto, ¿quién puede no sentirse fascinado ante todos ellos? El problema, en todo caso, no radica en los valores en sí mismos, mucho menos en su transmisión, sino en su aplicabilidad fuera de los programas. Los jóvenes, pertinentemente reeducados como ciudadanos ejemplares, vuelven al mundo real regido por los valores justamente contrarios, los mismos que los llevaron a la infame situación personal que obligó a intervenir con ellos. Cuando se reencuentran con las calles, resulta que siguen campando las drogas sin muchas dificultades, en una sociedad que promociona la violencia desde los dibujos de Walt Disney, insolidaria e irrespetuosa hasta límites verdaderamente patológicos. Eso es algo que nos tendríamos que hacer mirar como colectividad. Hemos interiorizado como algo normal, e incluso inevitable, las continuas falta de respeto hacia los médicos (que nos sanan), las fuerzas del orden (que nos protegen) o, entre otros, los docentes (que enseñan a nuestros hijos). De regreso a esa selva pocas oportunidades tienen de no reincidir. Maalouf hablaba de los desajustes del mundo en su último ensayo para referirse a la pérdida de ejes gravitatorios en la política internacional. Lo malo de estas situaciones es que, al final, todo forma parte del mismo momento histórico, que existe una pérdida generalizada de ejes gravitatorios hasta en los aspectos más nimios de la vida. Ante eso, el librillo de Calatayud son pompas de jabón elevándose al cielo brillante de Plaza Nueva, en plena primavera granadina.

Makarenko se ocupó de uno de los grandes estropicios causados por el asentamiento de la Revolución de Octubre. El país estaba poblado de huérfanos, hambrientos, desarrapados, sin educación, abonados a la delincuencia. La Colonia Gorski tenía la misión de proporcionarles todo aquello de lo que carecían para, como gran objetivo final, integrarlos completamente en la sociedad. El propósito, pues, era el mismo en lo sustancial.

Makarenko era un bolchevique ortodoxo, convencido y firme, tanto que el propio Stalin lo animó a ampliar su experiencia formando, no ya un centro, sino un entorno al completo, el municipio Dzerjinski. Los resultados fueron absolutamente exitosos, consiguiendo la plena integración de aquellos jóvenes, que aportaron representantes muy ilustres a la ciencia, la ingeniería espacial o el ejército. Hoy Makarenko es lectura obligatoria en innumerables facultades de pedagogía del mundo entero. ¿Cuál fue la clave explicativa de ese éxito y, probablemente, la clave explicativa del fracaso de los sistemas y propuestas actuales? Los centros de Makarenko, por descontado, inculcaron valores completamente comunistas, sin fisuras de clase alguna. El contexto que los recibía, la Unión Soviética stalinista, estaba por supuesto en completa sintonía, por más terrible que eso pueda parecer en la distancia histórica. Los formaron como futuros miembros de una

Antonio Hermosa Periodista

TRANSPARENCIA JUDICIAL

Aunque resulte reiterativo, hay que recordar que al ciudadano le importa, y mucho, que el país funcione con una buena división de poderes. Un equilibrio entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para lograr una democracia plena, la sintonía entre estos tres poderes tiene que ser equitativa y completa. Los estados comienzan a flojear y a provocar la desconfianza de los miembros de su comunidad y la pérdida de libertades de sus mujeres y hombres, cuando uno de estos tres poderes sobresale sobre los otros dos, o cuando alguno es capaz de dominar y manipular a alguno de los otros.

El intento de acercar la justicia a los ciudadanos comenzó a 11 des y personas al servicio de la administración de justicia que intervengan en una determinada tramitación. También, podrán recibir información sobre que normas se han tenido en cuenta para el reparto en un partido judicial. fraguarse en el año 2005 a través del Plan de Transparencia Judicial, un ambicioso proyecto destinados a conseguir una mayor claridad de los procedimientos judiciales. Para ello se pretendía reforzar los principios de independencia, imparcialidad, competencia, accesibilidad, eficiencia, duración razonable en las tramitaciones, calidad, previsibilidad, igualdad y responsabilidad. Este trabajo pretendía garantizar una adecuada correspondencia entre el coste y el rendimiento de este servicio público.

Otra medida que se ha puesto en macha en los últimos días es la apertura, tres días a la semana, por las tardes, del registro civil. Esta iniciativa permite a los ciudadanos un mayor y mejor acceso a un servicio que es de los más demandados. El registro está operando los lunes, martes y jueves, entre las 16,00 y las 19,00 horas, y las personas que quieran tener acceso a él, podrán hacerlo a través de una solicitud de cita previa de forma telemática.

Ese Plan de Transparencia se fundamentó en tres pilares: dotar de medios estadísticos que permitieran ofrecer datos válidos sobre la actividad judicial y su calidad; dotar a la administración de justicia de infraestructuras, instalaciones y equipos de trabajo adecuados, tanto a nivel estatal, como en las Comunidades Autónomas, las provincias y los partidos judiciales, para facilitar el trabajo a los profesionales y la accesibilidad al servicio judicial a los ciudadanos; y mejorar el lenguaje empleado en el entorno judicial para conseguir una mejor comunicación y un mejor entendimiento por parte de los ciudadanos de las acciones que se llevan a cabo en los distintos órganos judiciales. A fin de cuentas, se pretendía convertir la institución judicial en algo natural y humano, apartándola de una imagen intimidatoria y paternalista que la alejaba de los principales receptores de sus servicios: los ciudadanos.

La carga de trabajo en muchos de los juzgados almerienses obliga a seguir ampliando las instalaciones y a aumentar el número de trabajadores para corregir la lentitud en impartir justicia. Los responsables judiciales saben que uno de las razones que incrementan la desconfianza de los ciudadanos en la justicia es la tardanza en obtener una resolución a los pleitos en los que se ven inmersos. Es de destacar que por fin van a entrar en servicio dos nuevos juzgados en Almería: el número 11 de Primera Instancia e Instrucción y el 6 de lo Penal. También que, por fin, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Roquetas de Mar comience su andadura.

En una situación crítica se encuentran las instalaciones judiciales en las localidades de Roquetas de Mar y Huércal-Overa. Es imprescindible dotar de partidas presupuestarias que permitan construir edificios que alberguen los órganos judiciales de estos dos pueblos. Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción que existen en Roquetas de Mar y los dos que hay en Huércal-Overa. Su crecimiento poblacional ha provocado que se aumenten muchísimo los litigios.

Hoy en día se han dado muchos pasos para conseguir estos objetivos, aunque todavía muchos ciudadanos tienen una percepción negativa de la justicia, debido a la falta de nitidez en el desempeño de sus funciones por parte de los trabajadores de la administración de justicia, empezando por los magistrados y jueces, siguiendo por abogados y procuradores, y acabando en los funcionarios. Es verdad que la falta de recursos humanos y materiales dificultad muchas veces el desempeño de estas funciones, y provocan que muchos casos se eternicen en el tiempo y provoquen muchas dudas entre los ciudadanos.

Aunque pueden ser considerados soluciones circunstanciales, también es fundamental reorganizar el partido judicial de Berja, donde la acumulación de trabajo es elevadísima. Se pretende derivar a la Ciudad de la Justicia de El Ejido los casos que correspondan a Dalías y Balanegra, para aliviar la carga de trabajo en Berja, donde una demanda puede tardar entre dos o tres años en resolverse. Otro caso similar es el que se está produciendo en el Juzgado de Instrucción Único de Purchena. La acumulación de trabajo se puede ver reducida trasladando los casos procedentes de Oria al juzgado de Instrucción Único de Vélez-Rubio.

Tampoco es de mucha ayuda escuchan cada día noticias sobre el enfrentamiento entre los principales partidos políticos de este país que no son capaces de ponerse de acuerdo en la renovar de los órganos judiciales, y que llevan incluso a recibir la reprimenda de las instancias judiciales europeas.

Para facilitar la transparencia y lograr que la justicia sea cada vez más accesible, rápida y cercana, es grato comprobar que en el Palacio de Justicia de Almería, a requerimiento del Consejo General del Poder Judicial, se ha puesto en marcha un punto de atención al ciudadanos, donde se ofrece información de carácter general y particular, tanto de forma presencial, como telefónica y telemática. Cualquier persona puede acudir a esta oficina de información para saber algunos aspectos, como, por ejemplo, el lugar, la fecha y la hora donde se va a celebrar algún acto judicial; además, podrán conocer el estado y la fase de los procedimientos en tramitación, o la identificación de las autorida-

Por último, habría que insistir en conseguir que los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar pasen a ser considerados de segunda categoría, para contar con magistrados que permitan una mayor estabilidad profesional de unos jueces que llegan a estas localidades con la idea se buscar nuevos destinos, y así lograr que permanezcan más tiempo en su puesto de trabajo, evitando que dejen muchos asuntos abiertos y sin conclusión, que son revisados, de nuevo, por sus sustitutos, que acceden a estos puestos con la misma idea de emigrar cuanto antes a otro lugar.

Julián Cazorla Col. 2256 como en el privado, y que se configura como una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 109 de la de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, precepto al que la propia norma se remite de manera expresa.

“CAER EN EL OLVIDO”

El pasado 13 de julio, y bajo un gran revuelo mediático, se publicó en el BOE la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, entrando en vigor al día siguiente, con el ambicioso objetivo de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y en definitiva, llevar a cabo la trasposición a la legislación nacional de las Directivas 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, así como incorporar determinada jurisprudencia constitucional interpretativa del artículo 14 de la Constitución Española.

Para quien no ande familiarizado con la res pública, las entidades a las que dicho precepto se refiere son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado.

Sin embargo, a pesar de lo que pueda extraerse consultando los medios, no se trata de una iniciativa legislativa ni mucho menos novedosa, pues ya en 2011, en Consejo de Ministros de 27 de mayo llegó a aprobarse un proyecto de ley de título idéntico, si bien tal iniciativa caducó sin ser discutida en sede parlamentaria.

Como ejemplo de estas autoridades, puedo citar: • La Agencia Española de Protección de Datos. • La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. • La Comisión Nacional del Mercado de Valores. • El Consejo de Seguridad Nuclear.

Se trata de una ley de manifiesta transversalidad, puesto que además de contener previsiones de enorme calado desde un prisma netamente sustantivo, incluye medidas concretas en lo que respecta a la tutela judicial del derecho a la no discriminación, ello es, de índole procesal, tales como el ejercicio de acciones que van desde la declaración de nulidad, cese, prevención hasta la indemnización de daños y perjuicios, pasando por normas específicas sobre legitimación y carga de la prueba, toda vez que la norma influirá en asuntos a sustanciar en las cuatro jurisdicciones.

• El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. • El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria. Y francamente, no sé muy bien que pensar sobre el particular, ante una norma que si por algo se caracteriza es por su transversalidad, no pudiendo evitar volver al mundo de los ejemplos, y quizás por deformación, tratando en mi despacho un mayor número de asuntos propios de la jurisdicción social que de otras jurisdicciones, se me pasa por la cabeza que muy posiblemente quien mejor pueda velar por la igualdad de trato y no discriminación, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones laborales, es precisamente otro organismo autónomo conocido como Inspección de Trabajo y Seguridad Social, oficialmente Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, creado allá por 1906 como Inspección de trabajo, y cuyo personal lo conforman funcionarios de carrera de nivel técnico superior y habilitación nacional, pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de Subinspectores Laborales, con capacidad y preparación más que sobrada y contrastada.

Pero más allá de estas consideraciones, cuyo análisis resulta inabarcable para estas breves líneas, me han llamado la atención determinados preceptos, en concreto su Título III, “La Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, compuesto por los artículos 40 a 45, el cual, básicamente, como su enunciado indica, crea una “Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación”, como órgano competente para proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación de las personas por razón de las causas y en los ámbitos competencia del Estado, tanto en el sector público 13