Inauguración del curso en la Facultad de Derecho de la UAL

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MARTA ORTIZ ELEGIDA VOCAL DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ALMERÍA

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INAUGURACIÓN DEL CURSO

EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAL Mediante Resolución de 8 de noviembre de 1989 de la Universidad de Granada, se implantan en su Campus de Almería los estudios de la Licenciatura de Derecho. Tal Licenciatura se incardinó, desde el punto de vista orgánico, en la Facultad de Humanidades. Al curso siguiente pasaría a estarlo (junto con la Diplomatura de Ciencias Empresariales) en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, creada ex novo.

Durante los años 1989 a 1992 desempeñó el cargo de Decano en funciones el profesor Bonachela Mesas. La efectiva impartición de los estudios de la Licenciatura de Derecho se inició en octubre de 1989. En ese mes dieron comienzo las clases correspondientes a las asignaturas de Primer Curso conforme al Plan de 1953.En los cursos académicos siguientes, se fueron implantando, gradualmente, las enseñanzas correspondientes a los cursos de la Licenciatura. Fue a través de la Ley 3/1993 de 1 de julio, por la que la Junta de Andalucía creó la Universidad de Almería. En su artículo 3, la Facultad, que durante los años anteriores venía denominándose de Ciencias Sociales y Jurídicas, pasó a denominarse, ya en el curso 1993-1994, de Ciencias Económicas y Jurídicas. Fue en este curso cuando finalizaron sus estudios de Licenciatura los alumnos de la primera promoción de Derecho. Por Resolución del Rector de la Universidad de Almería, de 18 de octubre de 1996 la, hasta entonces, Facultad de Ciencias Económicas y

Claustro de la facultad de derecho con su decano profesor Luis Gómez Amigo al frente junto a nuestro Decano Juan Luis de Aynat Bañón que asistió al acto académico. (Foto: Archivo SdT)

Jurídicas, quedó dividida en dos nuevos centros: la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Derecho. De ésta pasaron a depender la Licenciatura de Derecho y la Diplomatura de Gestión y Administración Pública. Constituida la nueva Junta de Facultad, se procedió a la elección del que habría de ser el primer Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería: el Profesor Herrera Campos, al que le sucedieron, por este orden, el Profesor Vázquez García-Peñuela, el Profesor Sáinz-Cantero Caparrós, el Profesor Fernández Marín, el profesor Mellado Ruiz, y quien actualmente ostenta el cargo de Decano, el profesor Luis Gómez Amigo. (Fuente: Pag WWW de la UAL)

ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS CON ASISTENCIA DE AJA-ALMERÍA Rafael Gil Garcia y Sergio Martínez Compán, componentes de la Junta Ejecutiva de AJA Almería, asistieron a la entrega de premio de AJE Andalucía (Asociación de Jóvenes Empresarios) en representación del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, que se realizó en el Teatro Cervantes de Almería el 6/10/2022, con compañeros de toda la comunidad andaluza, y muchos empresarios de la región almeriense. Rafael Gil García y Sergio Martínez Compán, componentes de la Junta Ejecutiva de AJA Almería.

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XXIV JORNADAS DE LOS SERVICIOS

DE ORIENTACION JURIDICA PENITENCIARIA,

CELEBRADAS EN ALBACETE, CON PRESENCIA ALMERIENSE Durante los días 3 y 4 de noviembre se han celebrado en Albacete las “XXIV Jornadas de los Servicios de Asistencia Jurídica Penitenciaria” (SOAJP), del Consejo General de la Abogacía Española, a las que asistió, en representación de nuestro Colegio, la Vicedecana Rita María Sánchez.

9.- Se demanda transparencia en la relación laboral de las personas privadas de libertad, evitando la precarización salarial y la falta de promoción en estos trabajos. 10.- Se propone la modificación del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, para garantizar un salario adecuado, la revisión de la extinción de la relación laboral especial con la administración penitenciaria, indemnizaciones adecuadas y la modificación del contrato de obra adaptándolo a modalidades contractuales más adecuadas.

Las conclusiones han sido las siguientes: 1.- Con el objetivo de que las prisiones sean seguras, pero sobre todo humanas, se considera que cualquier avance en materia de digitalización ha de preservar el contacto humano y respetar la seguridad y privacidad de las comunicaciones.

11.- Los Servicios orientación y asistencia jurídica penitenciaria son imprescindibles para garantizar los derechos de las personas presas, siendo el objetivo prioritario que al menos en todos los colegios en cuya demarcación existe un centro penitenciario se implanten, su financiación sea pública y con cargo a presupuesto de justicia gratuita de forma que se pueda garantizar su continuidad.

2.- Se destaca la importancia de que la comunicación con las personas internas se realice sin barreras y de manera presencial. En aras a garantizar el derecho de defensa, los profesionales de la abogacía deben poder acceder a los centros penitenciarios con la tecnología necesaria para tal fin.

3.- Para preservar a la población LGTBI es necesario potenciar la formación de los Servicios Orientación Jurídica Penitenciaria sobre esta cuestión y requerir a la Administración para formar y sensibilizar al personal de Instituciones Penitenciarias. 4.- En relación con la población transexual y transgénero ha de profundizarse en la posibilidad de que cumplan sus condenas de acuerdo con su género sentido y respetando el principio de libre autodeterminación de la persona y el género.

5.- Necesidad de información sobre la asistencia de recursos disponibles, formación de los profesionales intervinientes, así como coordinación conjunta en materia de discapacidad intelectual y salud mental. 6.- Es importante la utilización de la figura del facilitador con contrastada experiencia con el objetivo de alcanzar la comprensión de la terminología jurídica en la fase penal y de ejecución de condena.

7.- La detección y el diagnóstico precoz en materia de discapacidad y salud mental son imprescindibles, así como la coordinación con servicios externos para llevar a cabo las evaluaciones pertinentes. Se reitera la necesidad de abordar las transferencias de las competencias en materia de sanidad penitenciaria a las CCAA.

8.- Se considera imprescindible la formación específica sobre los riesgos de suicidio, los recursos existentes y el empleo de los mismos para la prevención y detección de los suicidios en prisión.

Victoria Ortega, Presidenta del CGAE , junto a Rita María Sánchez, Vicedecana del Colegio de la Abogacía de Almería, durante la celebración del Congreso en Málaga.