La justicia en peligro... Revista del Abogados de Almería

Acabo de leer la noticia; es de fecha 16 de junio de 2009: "Expediente a cinco tribunales por dejar datos personales en la basura", y como subtítulo: "La Agencia española de Protección de Datos puede sancionarlos hasta con 600.000 euros"; "Quedaron expuestos casos de abusos y violencia de género". Aparte de la lógica sorpresa (que ya no lo es tanto) que pueda causar la crónica, llama la atención el hecho de que lo primero que advierta la información, es que un Tribunal pueda ser sancionado con una multa de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por la cantidad de 600.000 euros. ¿Es esto posible?. Por nuestra parte, quizás deberíamos haber pedido al informador que pusiera un poco más de interés por documentarse adecuadamente; incluyendo entre sus obligaciones la necesidad de interesarse por la lectura de la norma y llegar al artículo 43.2 de la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD) para leer:

Artículo 43. Responsables.

1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley. 2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2 Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas. 1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de Jos que sean responsables las Administraciones públicas, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si los hubiera. 2. El Director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran . El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las Administraciones públicas.

3. Se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores.

A tenor de la norma, podemos comprender hasta qué punto resulta difícil (cuando no imposible) que la Administración de Justicia (o cualquier otra) pueda ser sancionada (en este caso, también por otra administración) con una multa de 600.000 euros. (Y ello sin entrar en las múltiples consideraciones que respecto al análisis administrativo de la situación podríar

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