Los Partidos Judiciales: Huércai- Overa.

SALA DE TOGAS

Me preguntas 'para que opine sobre la Justicia y a fe de ser sincero y aun a nesgo de que pueda considerárseme como pedante, cosa que no lo he sido en la vida, creo que debo de comenzar por expresar, con el poeta «un soneto me manda hacer Violante y en la vida me he visto en tal aprieto ... » porque un gran aprieto significa para mi, el tener que expresar públicamente, mi intima opinión, formada u avalada por 55 años de ejercicio profesional, por toda una larga vida al servicio de la Justicia, rindiendo culto a la misma en el ara del altar de la diosa que la representa.

Y digo que es un gran aprieto, porque como quiera que desde que tuve uso de razón, mis ascendientes, también cultivadores a través de varías generaciones del campo del derecho, Impregnaron en mi ánimo un amor a la Justicia tan grande y una fe ilimitada en la misma, en el concepto que de ella nos daba el Digesto: «Justicia est constans et perpetua voluntas jus suum quique tribuere», que enjendró en mi ánimo, como he dicho, un gran ampor por la Justicia.

Pero es verdaderamente triste, sobre todo para aquellos profesionales que profesamos ese amor, que los cambios sociales, la evolución de ciertos principios y conceptos que siempre tuvimos como aximoáticos, que después de una dilatada vida profesional, en el ocaso de la misma y desde la panorámica que nos propoclona esa dilatada vida profesional, tengamos que reconocer, con gran tristeza· por cierto, y sin que ello disminuya ni un ápice, nuestro amor por la Justicia, que la misma, en su verdadera esencia y ·en cuanto a la facultad cuasi divina que representa, que a veces sus resoluciones hacen tambalear nuestras convicciones y nacer en nuestro pensamiento y creencias, dudas sobre su eficacia y ejemplarídad. Ofende e hiere gravemente nuestros más profundos sentimientos esas locuciones que se permiten hacer hoy a personas que si bien a veces, son completamente inexpertas y carentes de conocimientos jurídicos para criticar, malherir y burlarse de aquello a que muchos juristas hemos dedicado nuestra larga vida, pero es más triste y mayor ofensa aún cuando esas críticas son hechas públicamente, según leemos en la prensa, por profesionales del Derecho, por quienes son depositarlos de esa delegación de administrar recta y cumplida justicia, que son sacerdotes de su culto, por aquellos que se alimentan de su pan y que, por tanto, deben mantener enhiesta la bandera de la Justicia y no desprestigiaría en forma alguna, ya que es bastante que ello se verifique por profanos .Y envidiosos, para que sea adverdado por personas que dicen administrarla. Contra ellos no nos queda más que decir como Nuestro Señor en el Gólgota, que a pesar de verse encarnecido, maltratado y mortalmente herido, elevó los ojos al Cielo para implorar de su Padre ¡Señor, Senor, perdónalos que no saben lo que se hacen! En cuanto al estado actual de la Justicia ha de decirse, con notorio pesar, que en general y salvo contadas excepciones, está en estado de tranquilidad, sopor, dejadez y pesadez, pero de esto no tienen toda la culpa los funcionarios que la administran y que coadyuvan a ello, ya que en estos últimos años ha sido tal la afluencia de trabajo que el mismo se ha visto aumentado en más de diez veces en algunos Juzgados, sin que, apenas, se hayan aumentado los funcionarios, pues sigue habiendo un solo Juez, en algunos Juzgados, un solo Secretario y una plantilla de Oficiales y auxiliares reducida, todo ello notoriamente insuficiente para el despacho de tantos asuntos y ello perjudica notoriamente la recta y cumplida administración de justicia que no puede ser cumplida rápidamente y con un profundo estudio de los problemas que los asuntos sometidos a la resolución judicial envuelven, pues el Juez no tiene tiempo material, a veces, para estudiar los autos, las alegaciones de las partes, las pruebas sometidas a examen, por lo que no puede, en forma alguna, que resuelva en los plazos que la ley señala. Todo ello redunda en perjuicio de la Justicia porque ésta para que sea verdadera Justicia ha de ser administrada con un concienzudo y · profundo examen de los autos y estudio de los problemas planteados en los mismos y al mismo tiempo, resueltos con rapidez, porque por muy justa que sea una resolución judicial, si ésta se pronuncia a los tres o cuatro años, pierde su ejemplaridad, así como produce un grave perjuicio tanto a la Justicia, como a los litigantes y demás profesionales que intervenimos en el proceso.

Mas ello, sea culpa o dejadez de quien lo fuere , pues ya sabemos que cuando se acumula el trabajo, nos cuesta más el comenzar a resolver, el comenzar, sin que pretendamos exonerar a ningún estamento de la Justicia y coadyuvantes, es más difícil, como somos conscientes del gran perjuicio que esas dilataciones producen a litigantes y profesionales que tenemos que esperar la resolución de los asuntos, a veces, durante largo tiempo y resistir las reclamaciones justificadas de los clientes, de las que los profesionales no tenemos culpa. Es problema que ha de resolver el Gobierno, que ha de proveer la función, del número de Jueces su- a ficiente para que puedan cumplirse las ne· cesidades que demanda la Justicia con la competencia y rapidez que la función exige, puesto que. como hemos dicho, la Justicia ha de consistir no sólo en dar a cada uno su derecho. sino que la recta administración de la misma ha de estar adecuada, al igual que la ley, al tiempo y al espacio. es decir. ha de ser justa y rápida, porc:¡ue si no reúne éstas condiciones, no es justicia por cuanto si un atropello al derecho, una vulneración del mismo, una injusticia no es reparada rápidamente, casi inmediatamente a su comisión, esa reparación por muy justa que sea ha perdido su ejemplaridad, aunque después, se deshaga el entuerto. Tiene, entre otros remedios, además del expresado, establecer las oportunas reformas en el procedimiento, adecuándolo a las normas, usos y necesidades actuales, suprimiendo o reduciendo en el plazo los trámites, algunos de los cuales si no son innecesarios, a veces son repetidos, hay que adecuar el procedimiertto a los tiempos, sin que, por ello, pierda efectividad y garantía para el justiciable, ello con la intervención o por lo menos informes, tanto de los Colegios de Abogados, como de las Cátedras de Derecho Procesal de las Universidades; hay, además, que hacer que o bien en las Facultades de Derecho o antes de comenzar a ejercer alguna de nuestras profesiones, se impregne en el ánimo de aquel que desee ejercerla lo que pudiera denominar «conciencia jurídica» impregnando en cada uno ese amor acendrado por la justicia para dar a ca- · da uno su derecho, para sacar tiempo, incluso de donde no lo haya, para impartirla, para que el Abogado no obstaculice sino que haga compatible con su sacrosanto deber de la defensa de su parte, el facilitar la cumplida y rápida administración de Justicia, y para que el Juez comprenda que su misión, no es sólo una función administrativa en el ejercicio de uno de los poderes del Estado; el Judicial, según Montesquieu, sino que lo que ejercen es una función de tal importancia, pues es cuasi divina, por delegación de aquel en quien radica la verdadera y divina Justicia, de Dios, a quien como buen mandatario, ha de dar cuenta no solamente de haber hecho cumplir la ley, sino de haberla cumplido, puesto que su misión es esta. cumplir y hacer cumplir la ley.

Y mientras todo ello no se lleve a cabo no habrá verdadera justicia, que es función de todos, aunque la administre el Poder Judicial que habrá de estar desposeída de todo prejuicio e influencia terrena y como la diosa que la representa, con los ojos tapados, peso para que sólo se venza al lado de la razón y el derecho y espada para imponerla. Diego BLESA

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Desde los tiempos de Perico Picapiedra hasta hoy, administrar Justicia, ha sido, a más de una vocacíón, una profesión, probablemente la más alta que exista, y la más noble sin duda, pues la Justicia no consiste sino en dar a cada uno lo que le pertenece; no en balde, una de las cuatro virtudes cardinales. De ahí, pues, que, a mi juicio, la Justicia no pueda ser nunca un cachondeo, como infelizmente dijo cierto Alcalde histriónico, pero sí que su administración pueda funcionar mal. Y que, de hecho. funcione mal. Y que. incluso, esté hoy cuestionada por la ciudadanía, lo que me parece extraordinariamente grave, pues el Judicial es uno de los tres poderes-pilares del Estado. pese a que D. Alfonso Guerra, no menos histriónico que el Alcalde famoso, proclamase que Montesquieu lleva muchos años enterrado, sin caer en la cuenta de que, con frases y actuaciones como la suya -y. lógicamente, del Gobierno que vicepreside- es él quien está mandando a la tumba el prestigio y el respeto debidos a la Administración de Justicia. El y hombres como García Pelayo al frente del Tribunal Constitucional , irremediablemente politizado y desprestigiado.

Ahora bien. El Juez no está sólo a la hora de administrar la Justicia. El tiene, cierto es, el poder de la última palabra -la sentencia-. de la palabra justa, pero hasta llegar ahí ha habido que recorrer un largo y sinuoso camino -que el Juez solo no hubiera podido recorrer-. para lo que cuenta con el imprescindible apoyo y trabajo de sus gastadores: los Funcionarios de la Oficina Judicial, desde el Agente al Secretario, pasando por Auxiliares y Oficiales, que son. realmente, quienes. junto a Abogados y Procuradores, llevan la carga del proceso.

El Juez, el Magistrado, sin los Funcionarios, se vería imposibilitado de admínístrar la Justicia. De ahí, pues, que tales Funcíonarios se llamen «de la Adminístracíón de

Justícía», lo que correctamente interpretado significa que la Oficina Judicial debe ser como una colmena presidida por el principio de la solidaridad. Y así ha venido siendo hasta que el Gobierno actual ha decidido crear una ley especial de retribuciones para tos miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, desgajándolos del resto de los Funcionarios con quienes hasta ahora compartían el régimen retributivo de la Ley de 24 de abril de 1980.

Por todo ello, no puedo sino mostrar mi solidaridad y apoyo -e invitar a hacerlo al Colegio como Corporación y a los compañeros. a título particular- a los Funcionarios que, desde finales de noviembre del pasado año, luchan por y para la defensa de sus derechos legítimos. de su dignidad, lo que, a la larga, ha de traducirse en beneficio para el justiciable y para la Justicia misma:

El pago de las guardias, que realizan con periodicidad semanal gratis et amore. Que no se discrimine a Almería con la conversión del Juzgado de 1 .• Instancia n~ 4 en Juzgado de lo Penal -exclusivamente encargado de sentenciar y de las ejecutorias- . pues ello supone, en la práctica. la supresión de un Juzgado y dejar sólo tres para Almería y los 56 pueblos de su partido judicial, lo que daría lugar a que cada uno incoase al año 1.200 asuntos civiles y 3.800 diligencias penales, aproximadamente. Es decir, ¡5.000 asuntos. cada Juzgado! Y le ruego, lector, que piense sobre ello. ¿Cuántos asuntos supone por dla; cuántos por funcionario, teniendo en cuenta que cada Juzgado cuenta con una plantilla de 2 Oficiales, 4 Auxiliares y 2 Agentes? ¿Cuántas sentencias a dictar, anualmente, por cada uno de los 3 Magistrados? ¿Es, realmente, justo que la Administración de Justicia tenga que funcionar así, más o menos, como en los tiempos de los Picapiedra, pero con más asuntos? ¿Puede, realmente , admínístrarse Justicia en esas condiciones? Sólo la abnegación de Jueces y Funcio- narios -y, ¡por qué no decirlo con absoluta sinceridad!-la de Abogados y Procuradores, está consiguiendo que la Justicia no se colapse. Pero esa abnegación y dedicación del Funcionariado no se vé reconocida a la hora de la verdad, en el nuevo régimen de retribuciones. Y los Funcionarios sólo piden seguir como hasta ahora, pues mientras a ellos sólo se les va a· subir el sueldo en el 4%. los Magistrados verán incrementado su haber en el 33% . lo que significa, por poner un ejemplo -y los números son sólo eso. mero ejemplo- que un Magistrado pase de 250.000 a 322.500 pesetas (y aún así no será un csueldo europeo•; ¿cuándo se pagará a los Jueces en función de su alto ministerio?); un Secretario, sólo, de 150.000 a 156.000 pesetas y un Auxiliar -que hace, las más de las ve ces, de Oficial- de 76.000 a 79.000 pesetas al mes. Realmente. el salto, el abismo porcentual es, a mi juicio, absolutamente injusto y desproporcionado. Sinceramente: ¿es, eso, justo? Me consta personalmente que incluso muchos Jueces lo rechazan. Yo creo que la Justicia, la Enseñanza, la Medicina y la Polftica tienen que ser las profesiones mejor pagadas en un Estado de Derecho. Pero cuando hablo de la Justicia no me refiero sólo a Jueces y Magistrados. sino a Secretarios, Oficiales, Auxiliares. Agentes... Es decir. a todos cuantos con su abnegado trabajo contribuyen de manera esencial a que en España, pese a todo, se administre, realmente. Justicia. Y la solución no es que los Jueces ganen menos, sino que los Funcionarios ganen más. Que no haya discriminación. Por todo ello -no sólo por las pesetaspues. hago mío -y os invito, repito. a compartirlo- el slogan que figura en la pancarta puesta, desde noviembre pasado, en el Palacio de Justicia: «Justícia para la Justicia".

Fausto ROMERO-MIURA GIMENEZ