Breves glosas de Natalio Rivas y de Nicolás Salmerón, por JOSÉ RAMÓN CANTALEJO, miembro

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ENERO 2017

NICOLÁS SALMERÓN Y LA PENA DE MUERTE

La visión de Natalio Rivas sobre la actitud de Salmerón E

_Por José Ramón Cantalejo Testa

Abogado y bibliófilo. Miembro del Instituto de Estudios Almerienses l documento que presentamos no puede por menos que emocionarnos. Se puede o no estar de acuerdo con nuestro paisano y compañero Nicolás Salmerón sobre su rechazo de la pena de muerte en situaciones tan extremas como las que del texto se deducen.

Natalio Rivas, también compañero, no lo estaba, pero la actitud del Presidente almeriense es lo más firme que, como político, filósofo y Jurista se puede llegar a exhibir ante la ciudadanía, rechazando la pena de muerte hasta en momentos en los que se juega la propia supervivencia. El gran Natalio Rivas, al que tanto debe Adra y Almería en general, por el importante despliegue de influencias que realizó a favor de la comarca en todas las instancias del poder madrileño a las que tuvo acceso, tomó postura ante la actitud de Salmerón pero de una forma en la que se imbuye la admiración que la coherencia moral de tan gran personaje dejó para la posteridad. Personalmente considero el texto que presentamos una pequeña joya de la bibliografía almeriense bastante desconocida e imprescindible para conocer el auténtico alcance de la personalidad de ambos personajes y las épocas que les tocó vivir, sin olvidar su condición de abogados almerienses.

NICOLÁS SALMERÓN ALONSO

Abogado.Catedrático de Filosofía. Tercer Presidente de la I República Española Nació el 10 de Abril de 1838 en Alhama de Seca, Almería. Estudió el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Almería (fundado en 1845, perteneció Salmerón a la primera promoción del Instituto que hoy lleva su nombre). Cursó estudios de Filosofía y Letras y Derecho ganando en 1863 por oposición la cátedra de Historia Universal de la Universidad de Oviedo, pese a lo cual permaneció en Madrid y en 1866 obtuvo la cátedra de Filosofía en la Universidad Central, y tres años después la de Metafísica (1869), cátedra que mantuvo hasta su muerte. En 1867 fue detenido por sus actividades pro-revolucionarias dentro del Partido Democrático junto a Pi i Margall, Figueras y Orense. Después de la Revolución de Septiembre que acabó con el reinado de Isabel II fue elegido repetidas veces diputado, y al proclamarse la República federal tras el corto reinado de Amadeo I de Saboya, fue ministro de Gracia y Justicia. En su mandato preparó el proyecto de separación entre la Iglesia y el Estado, reformas penitenciarias e inmovilidad de funcionarios, siendo más tarde nombrado presidente del Congreso y finalmente del Poder Ejecutivo.

Durante su breve mandato (18 de julio al 7 de septiembre de 1873), reprimió los numerosos desórdenes que se estaban produciendo en todo el territorio: consiguió vencer las sublevaciones cantonalistas salvando la importante plaza militar de Cartagena.

Dimitió al negarse a firmar algunas sentencias de muerte dictadas para restablecer la disciplina. Le sucedió Emilio Castelar. Su negativa a apoyar a Castelar el 2 de enero de 1874 -fecha en la que ya había dimitido como presidente de la República- abrió paso al golpe de Manuel Pavía, que le desprestigió como político. Tras el golpe que acabó con la República y restauró la dinastía borbónica fue desposeído de su cátedra y emigra a París donde residió hasta 1884, año en que lo reintegraron a su cátedra y eligieron diputado en 1886.

Fue cofundador del diario La Justicia y jefe de la Unión Republicana desde 1890, siendo elegido diputado en todas las legislaturas desde 1893 a 1907. Al fundarse en 1906 la Solidaridad Catalana, es elegido presidente lo que provoca la escisión dentro del movimiento republicano de un sector españolista liderado por Alejandro Lerroux, y será sustituido finalmente de la jefatura de los republicanos. Actuó como Abogado en numerosas causas y, entre otras clientes, defendió a la propia reina Isabel II en el exilio.

Nicolás Salmerón falleció en Pau (Francia), el 20 de septiembre de 1908.

_Por Natalio Rivas Santiago

Real Academia de la Historia (escrito entre 1944-1950) a Primera República española fue proclamada y constituida por el Senado y el Congreso reunidos, con el nombre de Asamblea Nacional, al renunciar a la Corona don Amadeo de Saboya. Aquel régimen, que estuvo a punto de hundir a la nación en los abismos de la anarquía si la espada del general don Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque no la hubiera derribado en hora feliz y afortunada, no tuvo origen legal, como han querido sostener la casi totalidad de los republicanos, con la honrosa excepción del austero Pi i Margall, que, a pesar de ser el más extremista de todos ellos, tuvo la franca honradez de declararlo en su libro “La República de 1873”, en la página 15.

La Constitución de 1869, vigente al ser instaurada la República en 11 de febrero de 1873, consignaba sin distingos que el Rey no podía abdicar si no estaba autorizado para ello por una Ley especial. Y, en otro artículo, mandaba que en ningún caso pudieran deliberar reunidos los dos cuerpos colegisladores; y sin embargo, atropellando dichos preceptos, el Soberano dimitió la Corona sin ley que le autorizara y el Senado y el Congreso se reunieron nada menos que para cambiar la forma de gobierno.

Con bases tan anticonstitucionales, rugió la República.

No voy a hacer la historia, ni siquiera en forma sucinta, porque aun así sería extensísima, de aquel régimen perturbador, pleno de violencias y delirios, que en un año que duró hubo de gastar cuatro Presidentes, dando un escandaloso ejemplo que no ha tenido precedentes. Concretaré mi trabajo a explicar -ya que justificarla es im-

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‘Salmerón y la pena de muerte’- (Transcripción de las páginas 89 a 92 de la obra

“Narraciones Contemporáneas. Páginas de mi archivo y apuntes para mis memorias”. Séptima parte del Anecdotario Histórico Contemporáneo. Por Natalio Rivas Santiago, de la Real Academia de la Historia). posible- la actitud de don Nicolás Salmerón, abandonando la Presidencia de la República el 5 de septiembre de 1873 por no autorizar la ejecución de la pena de muerte que había sido impuesta por un Tribunal con estricta justicia.

Salmerón, filósofo antes que gobernante, sentía tal obsesión por la abolición de la pena capital, que cuando el 11 de febrero fue proclamada la República, sin esperar un día siquiera, redactó y escribió de su puño y letra una proposición de Ley, que hizo firmar con él a varias personalidades republicanas. Un amigo mío, que poseía el original, me concedió el favor de que lo fotografiara, y en mi archivo está guardado. Dice así: “Pedimos a las Cortes españolas se sirvan tomar en consideración, declarándola urgente, la siguiente proposición.

-Art. l.º Queda abolida la pena de muerte para toda clase de delitos.

-Art. 2.º El Gobierno de la República española nombrará inmediatamente una Comisión que por el plazo improrrogable de un mes, a contar desde la promulgación de esta Ley, proponga las bases de la organización del sistema penitenciario y el presupuesto que para plantearlo se necesite. Palacio de las Cortes, 11 febrero 1873. Nicolás Salmerón, E. Chao, Juan Uña, El Marqués de Perales, José Fernando González, Joaquín Boceta, Rafael Prieto, Joaquín María Sanromá.”

Claro es que esta proposición no llegó a tener estado parlamentario.

El veneno de las doctrinas federales se extendió por toda España. Producto de tales propagandas fue: aparte de la verdadera anarquía que reinaba en el interior de las Cortes constituyentes, el espíritu de indisciplina que se apoderó del país, llegando el afán de insubordinación hasta los cuarteles. Los soldados se negaban a ir a la guerra civil, a hacer frente al enemigo; hacían befa y escarnio de sus oficiales, gritándoles en plena calle “que bailen” y “abajo los galones”, y, lo que era más grave, dando muerte a algunos jefes, como sucedió con el teniente coronel del Batallón de Cazadores de Madrid, señor Martínez Llagostera, vilmente asesinado en Sagunto por la soldadesca sublevada.

En esta gravísima situación, con una guerra civil en el norte, otra separatista en Cuba y constituídos en cantones independientes varias ciudades, entre las cuales culminaba Cartagena, el poder público, en lugar de poner coto a tales desmanes haciendo uso de todos los resortes de gobierno, veía impasible cómo se iba hundiendo la nación en el más tenebroso abismo. En aquellos momentos supremos, un diputado de la derecha, el señor Martínez Pacheco, médico militar, presentó una proposición de Ley encaminada a mantener la pena de muerte contra los actos de rebeldía militar. La discusión que se produjo fue larga y penosa, pero al fin aprobada la proposición.

Era una medida necesaria, indispensable y que no admitía espera, porque se había llegado al extremo de que varios jefes militares habían visitado al Ministro de la Guerra, manifestándole que no podían someter a la obediencia a los soldados si no se restablecían las ordenanzas militares en toda su integridad.

No fue posible convencer a Salmerón, que, aferrado en su inquebrantable opinión de que no podía ni debía ejecutarse la pena de muerte en ningún caso, renunció a la Presidencia en 5 de septiembre.

Elegido Emilio Castelar para sucederle, realizó un acto de incomparable patriotismo que nunca alabará bien la historia, restableciendo el principio de autoridad a cambio de perder la mayor popularidad de que jamás ha disfrutado un hombre público entre las muchedumbres. Se procedió a dar cumplimiento a la que se llamó Ley Pacheco, fusilando en Vitoria al soldado Cirilo Rodríguez y en Tarragona a un cabo de apellido Pérez, que habían desertado y hecho fuego contra sus compañeros desde las filas enemigas.

Como por ensalmo cesó la insubordinación, y la disciplina militar quedó restablecida, sin más excepción que los sublevados en Cartagena, que escribieron la página más deshonrosa y negra de nuestra historia. Castelar hizo cuanto le fue posible por salvar a España, pero no pudo. La locura que se había apoderado de los extremistas republicanos no podía ser extinguida más que por la fuerza, y de realizarlo se encargó, para gloria suya, el general Pavía en la memorable madrugada del 3 de enero de de Instrucción Pública con el ministro Julio Burell (1913) y más tarde con Santiago Alba, en 1918, y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre el 21 de diciembre de 1919 y el 5 de mayo de 1920 en el gobierno que presidió Manuel Allende Salazar.

(SIC)

NATALIO RIVAS SANTIAGO

Miembro del Partido Liberal, fue diputado por Órgiva en todas las legislaturas entre 1901 y 1923. Durante la Segunda República obtuvo escaño por Granada en las Cortes en las elecciones de 1936, y con la dictadura del general Franco fue designado procurador en Cortes por el jefe del Estado en 1949, 1952 y 1955.

Falleció en Madrid el 16 de enero de 1958. Su obra literaria está compuesta entre otros por los siguientes títulos:

• La Escuela de Tauromaquia de Sevilla y otras curiosidades taurinas (1939)

• Anécdotas y narraciones de antaño (1943),

Anecdotario histórico contemporáneo (1944-1950), • Luis López Ballesteros, gran ministro de Fernando VII (1945). • Toreros del Romanticismo: (Anecdotario taurino) (1947). • Estampas del sigio XIX

Natalio Rivas Santiago (Albuñol, 8 de marzo de 1865-Madrid, 16 de enero de 1958), abogado, político y escritor español.

Nació en Albuñol (Granada) el 18 de marzo 1865. En su juventud residió varios años en Adra, donde trabajó como secretario del alcalde Francisco Cuenca Ibáñez, padre del escritor Francisco Cuenca Benet. Tras este tiempo se trasladó a Granada en cuya Universidad estudió Derecho, siguiendo la carrera de su padre. Se dedica a la política y su primer cargo es el de juez municipal de Albuñol.

Fue presidente de la Diputación de Granada (1893); concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Madrid (1900); subsecretario de la Presidencia (1906) con Segismundo Moret; director general de Comercio en el gobierno de José Canalejas de 1910; subsecretario

• Miscelánea de episodios históricos (1950). Fue nombrado hijo predilecto de Adra por la cantidad de servicios prestados a su población. Fue elegido académico de la Historia en 1940, y su discurso de entrada versó sobre el guerrillero de la Guerra de la Independencia Juan Fernández Cañas, conocido por “el tío Caridad” o “El Alcalde de Otívar”.