Inaugurado el nuevo curso de la UNED

INAUGURADO EL NUEVO CURSO DE LA UNED “El Camino para una nueva cultura en la justicia”.

Por Juan Sánchez Martínez,

Fiscal y profesor-tutor UNED Centro Asociado de Almería.

Lección inaugural del curso académico 2023/23 en el Centro Asociado de la U.N.E.D de Almería a cargo del Excmo. Sr. D. Lorenzo del Rio Fernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Hecho que tuvo lugar el día 10 de octubre de 2023 ante un abarrotado Salón de Actos en el Centro Asociado de la U.N.E.D de Almeria.

El ponente comenzó expresando su satisfacción por haber sido invitado a participar en tal evento, tanto por lo que supone dar la lección inicial del nuevo curso académico, como por haber sido alumno de la UNED, donde curso su licenciatura en derecho y por la importancia de esta Universidad, que tiene el mayor campus universitario de Europa.

Lorenzo del Rio Fernández, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, el segundo por la derecha. (Foto UNED)

Desde el primer momento el conferenciante consciente y conocedor de la generalizada percepción existente sobre el lento funcionamiento del sistema judicial español-junto a otros males como anticuada y politizada-, se centró en ofrecer una vía en línea con lo que existe en otros países europeos para conseguir una mejora en su funcionamiento, que pasaría porque el legislador y la sociedad en su conjunto arbitre mecanismos alternativos al auxilio judicial para resolver las controversias de sus ciudadanos. De nada sirve que se inyecten importantes recursos económicos en medios materiales y personales, si la litigiosidad va en aumento, con cuestiones muchas veces de escasa importancia y que pueden ser solucionados por otras vías. disponía: “Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablara pleito ninguno”. La idea básica de su intervención es desjudicializar asuntos, disminuir la carga de trabajo que accede a los juzgados, señalado que otros países, como el Reino Unido con una mayor población tiene un considerable porcentaje inferior de causas judiciales que en España. Y ello se puede conseguir por dos vías principales, estableciendo por un lado mecanismos de solución de controversias al margen de la vía judicial, como la mediación y el arbitraje -superando la inoperante ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, e introduciendo la mediación en otros ámbitos como el penal- y por otro lado con un nuevo y diferente enfoque que la ciudadanía debe de dar para solventar sus controversias, para que sean ellos mismos quienes los solventes, sin tener que acudir permanentemente al auxilio judicial. Diferencias en el ejercicio de la patria potestad entre los padres; reclamaciones dinerarias de escasa cuantía, conflictos en comunidades de propietarios y otros muchos en las diferentes jurisdicciones no debieran en circunstancia normales acceder al peregrinaje judicial.

Recalco la importancia que tiene un buen funcionamiento del sistema judicial, con resoluciones en plazo y de calidad, no solo para los interesados, sino para el sistema productivo y económico en su conjunto. Poniendo como ejemplo las importantes cantidades de dinero paralizadas en depósitos judiciales en espera de la terminación de los procedimientos. Señalando al respecto una cita del Consejo de Justicia de la Unión Europea, según la cual: “Una administración de justicia independiente, de calidad y eficacia, basada en decisiones motivadas y en plazos razonables, se ofrece hoy, como instrumento imprescindible para facilitar la confianza en un Estado de Derecho y en la estrategia de la recuperación económica”

Aunque no lo menciono expresamente, su intervención fue un llamamiento a la formación de nuevos ciudadanos, menos litigantes y más capacitados para solventar entre ellos sus controversias. Reiterando la importancia de buscar soluciones a través de acuerdos y transacciones, impulsado reformas legales y una cultura que interiorice esos valores.

Por tanto, quedando claro que una justicia ágil lo es en beneficioso de todos, debemos arbitrar mecanismo para su consecución. Y sin descartar más medios, y sobre todo reformas procesales, como en la jurisdicción penal, anclada en estructuras decimonónicas, si hizo hincapié en esa otra visión, que no es más que un nuevo enfoque, una nueva cultura que debemos de tener para resolución de los conflictos. Indico que esta idea no es nueva, teniendo ya precedentes en la Constitución de 1812, cuyo artículo 283

Y es en ese contexto donde sí hizo un expreso llamamiento a la importancia que abogados y demás profesionales de la justicia pueden asumir en ámbito, mencionando expresas prácticas como la llamada del abogado a la parte contraria para solventar en privado sus diferencias.

Pese a los grandes problemas que tiene la justicia, el presidente del TSJ, ve como positivo que el ciudadano siga confiando en la misma, lo que le permite ser optimista y esperanzador en que esto tiene solución. por los colegios de abogados. En el ámbito de la protección jurídica del discapacitado, la reciente Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto un paso importante en la desjudicialización de la materia, que ahora debe de vencer la resistencia de muchos familiares e incluso operadores jurídicos que deben de acomodarse al nuevo marco normativo, superando esquemas pasados, en definitiva, una nueva cultura con la que abordar estos temas. Y en otras muchas materias, podríamos argumentar de forma similar. No es comprensible la celebración de un juicio por delito leve por una posible estafa de 6 euros, en el cual hemos intervenido.

La materia y la propuesta es extraordinariamente interesante, aun cuando su entronque con la constitución gaditana pone de manifiesto que el problema no es nuevo. Sin embargo, no por ello deja de tener actualidad y debiera de ser un apasionante terreno para explorar. Desde nuestra experiencia diaria como fiscal, no terminamos de comprender muchas veces como determinados asuntos se someten a la decisión judicial. En materia de relaciones paternofiliales, y con el añadido de evitar que los hijos tengan que ser explorados en sede judicial, el intento de acuerdo entre las partes debidamente asistidas por sus abogados debería de ser obligatorio, bien por exigencias normativas o por buenas prácticas de conducta reguladas

El camino por recorrer es mucho todavía, pero si queremos aspirar a una respuesta judicial en plazo razonable y de calidad, al margen de la dotación de medios humanos y materiales y las reformas procesales que procedan, la propuesta no debiera caer en el olvido.