Icalmería participa en las VII Jornadas de Justicia Gratuita

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La Presidenta de la Subcomisión de Penitenciario y SOAJP del CGAE y Decana de Pamplona Blanca Ramos Aranaz. quier restricción debe respetar los principios de proporcionalidad, individualización y respecto a la dignidad humana. Debe potenciarse la creación en los Colegios de turnos especializados en materia de derechos humanos para acudir a instancias internacionales, así como eliminar los obstáculos de acceso de los abogados designados por turno de oficio al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. 4ª Se valora positivamente la predisposición de Instituciones Penitenciarias desde el año 2018 a potenciar la concesión de terceros grados y medidas de cumplimiento en medio abierto y se insta a la reflexión sobre la posibilidad de compensar con otros beneficios la pérdida de derechos de las personas presas durante la pandemia.

5ª Se considera que debe modificarse la actual regulación sobre la libertad condicional en el sentido de recuperar la existente antes de la reforma del Código Penal de 2015. 6ª En relación con el trabajo en prisión se entiende que debe equipararse a efectos retributivos con el que se desarrolla en el exterior.

2ª El desconocimiento de la problemática que sufren las personas con diversidad funcional intelectual en prisión es generalizado. Es imprescindible la formación, información y concienciación de todos los operadores jurídicos en materia de diversidad funcional intelectual en prisión, así como promover la colaboración con entidades sociales que intervienen en el ámbito penitenciario en la materia.

7ª Debe reiterarse la necesidad de cumplir el mandato previsto en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, en relación con la asunción y el traslado de las competencias en materia de sanidad penitenciaria. 8ª Es necesaria la implicación de la administración y de los Colegios de la Abogacía para crear y gestionar servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en el marco de la asistencia jurídica gratuita.

3ª Las personas presas son titulares de los derechos incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cual-

ICAALMERIA PARTICIPA EN LAS VII JORNADAS DE JUSTICIA GRATUITA La vicedecana Rita María Sánchez y la diputada V y presidenta de la Comisión del TOF de nuestro colegio Miriam Cervera, asistieron a estas imprescindibles jornadas celebradas en Elche el 28 y 29 de octubre en las que se analizó el nuevo Reglamento y se reivindicó la deontología como garantía de calidad en la prestación del servicio, alcanzándose las siguientes Conclusiones::

1ª.- Se constata la función social que desempeña la Abogacía a través de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos y asumido por más de 45.000 profesionales de la abogacía, garantizando con ello plenamente el derecho de defensa. 2ª.- Es necesario actualizar el marco regulatorio en esta materia. Tras 25 años de vigencia de la Ley se hace precisa una actualización legal ante la evolución de la sociedad, los múltiples cambios legales operados en numerosas áreas y la implantación de herramientas digitales en todos los ámbitos.

Vicente Pascual Pascual, decano del colegio de Elche, recoge el obsequio conmemorativo de las jornadas de manos de la presidenta del CGAE Victoria Ortega Benito. responsabilidad en la prestación del servicio. Además se espera que inicie lo antes posible un trabajo efectivo para coordinar y aunar los criterios de las distintas administraciones implicadas.

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3ª.- El reciente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita se evidencia insuficiente para dar respuesta a los déficits del sistema. Además introduce unas excesivas exigencias de recopilación de datos a cargo de los Colegios, que ya han evidenciado numerosos problemas. Se recuerda la importancia de que los Colegios velen para que los profesionales ejerzan el turno de oficio en un solo colegio: aquel en el que el que estén inscritos como ejercientes residentes y tengan su despacho único o principal.

6ª.- Siendo un servicio público el sistema de asistencia jurídica gratuita, así como los servicios de asistencia y orientación jurídicos conexos por su naturaleza (el asesoramiento integral a la mujer, y el dispensado a presos, inmigrantes y solicitantes de protección internacional), se reitera la necesidad de que sean organizados y dispensados a través de los Colegios de la Abogacía evitando su privatización o externalización, para garantizar la calidad y el control deontológico del servicio.

4ª.- Las herramientas digitales de obligada utilización para la gestión de los servicios de Justicia Gratuita, aun siendo de innegable utilidad, parecen estar condicionando la eficacia del sistema. La eficiencia de la Asistencia Jurídica Gratuita no puede estar supeditada a los instrumentos de gestión y administración.

7ª.- Se reafirma el compromiso de la Abogacía en seguir impulsando la formación continua de los profesionales del derecho que prestan los servicios. Igualmente se demanda la actualización de las compensaciones económicas a los letrados, garantizando la dignidad de las mismas y evitando que existan actuaciones profesionales sin remuneración.

5ª.- En atención a la dispersión normativa y multiplicidad de agentes intervinientes en la gestión del sistema de Asistencia Jurídica gratuita, ha sido un acierto la creación del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que la Abogacía debería tener un peso correspondiente a su

NUESTRO COLEGIO EN LAS IX JORNADAS DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO nal, con especial hincapié en el ámbito rural y personas con discapacidad.

La vicedecana y vocal de la subcomisión de VIOGéN del CGAE Rita María Sánchez, acompañada de la diputada IV y presidenta de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de nuestro colegio Maylo García Salcedo, la vocal de la subcomisión de VIOGÉN en el CADECA María Guerrero y la vocal de la Comisión del TOF de nuestro colegio Marta Ortiz, participaron en estas interesantes jornadas celebradas en Ciudad Real el 11 y 12 de noviembre en las que se profundizó en las recientes reformas legislativas y novedades jurisprudenciales, explorándose la realidad de esta violencia en el ámbito rural y alcanzándose, en síntesis, las siguientes Conclusiones:

3ª.- Necesidad de formación especializada y organización de un turno especializado para hacer efectivo el derecho de los menores víctimas en similares términos al existente para las víctimas de violencia de género. 4ª.- Progresar en el reconocimiento de la violencia económica como una modalidad de la violencia de género. 5ª.- Necesidad de visualizar la violencia vicaria, procurar reparar a la víctima además de indemnizarla. 6ª.- A pesar de los avances en la materia, queda mucho camino por recorrer en la protección de las mujeres, especialmente las más vulnerables, como son las mujeres con discapacidad y las mujeres en el ámbito rural.

1ª.- Reivindicamos nuevamente la preceptividad de la asistencia letrada antes de la denuncia para garantizar los derechos de las víctimas. 2ª.- Dotación de medios suficientes a cargo de la Administración Pública para ampliar el número de letrados y letradas especializados en violencia de género y garantizar la inmediatez de la prestación del servicio en todo el territorio nacio-

7ª.- La reforma en materia de dispensa legal es necesaria aunque habrá que analizar sus resultados y si es posible “obligar” a declarar a una víctima que no quiera hacerlo. 97