Española (CGAE), comparece en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados

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COMPARECENCIA DE VICTORIA ORTEGA, PRESIDENTA DEL CGAE, EN LA COMISION DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS rtega inició su comparecencia recordando que desde hace años, el Consejo General de la Abogacía se encuentra firmemente implicado en fortalecer y modernizar la Justicia, muestra de este compromiso es la “propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia que presentamos el 16 de diciembre de 2016, que es fiel reflejo del compromiso constante de abogadas y abogados por mejorar este servicio público”, afirmó la presidenta de la Abogacía.

Las aportaciones de la Abogacía realizadas ante la Subcomisión para el Estudio y Definición de una Estrategia Nacional de Justicia, creada dentro de la Comisión de Justicia, tienen como objetivo común conseguir una “justicia independiente, ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía”. En el pasado han sido muchos los intentos de lograr un pacto de Estado, pero también son muchas las ocasiones en que los “pactos se han incumplido y demasiadas veces en que han sido fruto de una lucha partidista”.

Transformar la Justicia no debe ser una labor de un pacto estrictamente político, sino que precisa del apoyo de sus usuarios. “Un pacto de transformación de la Justicia no puede sino abordarse desde la visión del ciudadano que acude para resolver sus conflictos. Sólo así la Justicia será percibida como factor de pacificación social”, trasladó Ortega a los diputados de la Comisión. GARANTÍAS Y DERECHOS

La presidenta de la Abogacía presentó ante los diputados las cinco grandes áreas de actuación para trabajar en la mejora de la Administración de Justicia. La primera idea defendida por Victoria Ortega fue consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos mediante una apuesta para promover la precisión técnica de las resoluciones judiciales a través de la especialización de los órganos judiciales; el desarrollo efectivo de la garantía constitucional de defensa mediante la necesidad de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa; la promoción de un sistema de acceso universal a la Justicia homogéneo y garantizado. En este punto la presidenta destacó la validez del actual sistema de Justicia Gratuita, pero recordando la necesidad de una reforma que garantice un sistema de calidad para el ciudadano con especial atención a la territorialidad y proximidad al justiciable y la especialidad.

Dentro de esta primera área, Victoria Ortega propuso superar el vencimiento en costas cuando constituya una barrera al acceso universal a la Justicia y redefinir el sistema de recursos para garantizar la función casacional.

EXCELENCIA Y EFICIENCIA

Equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos fue la segunda área de aportación realizada por Ortega. Para ello sería necesario asegurar la

Julio 2017

> Victoria Ortega cambia impresiones con Margarita Robles y otros diputados de la Comisión de Justicia. accesibilidad, claridad y calidad de la información legal y evitar una Administración de Justicia ineficaz e ininteligible (recordó que ésta es la opinión de la sociedad recogida en el Barómetro de Opinión de 2015 de Metroscopia); impulsar la coordinación y coherencia de las políticas de gestión en el sector Justicia.

Otras de las propuestas es promover la capacitación y la especialización –mediante formación y capacitación- para afrontar la creciente complejidad legal. A los órganos especializados sólo se debería acceder con la necesaria especialización, recordando los juzgados uniprovinciales de Primera Instancia que conocen los asuntos sobre cláusulas suelo. Victoria Ortega también propuso crear una arquitectura para cumplir el mandato constitucional de hacer ejecutar lo juzgado y recordó que el Observatorio de Actividad de la Justicia calcula que el 38,61% de las sentencias firmes no son ejecutadas. EFICIENCIA OPERATIVA DE LA JUSTICIA La tercera área defendida por la presidenta de la Abogacía se basa en promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia proponiendo transformar la actual estructura de planta y demarcación judicial y apostando por crear tribunales colegiados no provinciales tribunales de base o primer grado para atender los más numerosos e importantes asuntos para los ciudadanos. Otras propuestas planteadas son la implantación completa y definitiva del proyecto de Oficina Judicial; promover la flexibilidad y no formalismo de los procedimientos para lograr su simplificación; consolidar un proyecto de expediente judicial que sea seguro y accesible e integrar las plataformas de gestión procesal para preservar la igualdad y racionalizar los métodos de trabajo para la eficiencia operativa tendiendo a una estructura gerencial.

CONVERGENCIA CON EUROPA

Victoria Ortega destacó como cuarta área de propuestas que se alineen las políticas públicas en materia de Justicia a los están- dares europeos. Para lograr este objetivo, la presidenta de la Abogacía propuso actualizar las formas de investigación y enjuiciamiento penal para garantizar los derechos de las partes; reequilibrar la posición de los consumidores en la contratación general, recordando que la normativa europea se va imponiendo a golpe de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE; desarrollar infraestructuras y políticas para la gestión integral de los conflictos con un impulso a las fórmulas alternativas de resolución de conflictos. EQUIPARAR LA JUSTICIA A LA EFICIENCIA DEL RESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Como última área de actuación, la presidenta de la Abogacía defendió equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos. Para lograr este objetivo, Victoria Ortega propuso rediseñar un sistema de acceso, promoción e incentivos basado en el mérito y la capacidad, particularmente de los jueces; evitar que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano de representación privativo de jueces y magistrados, mejorar progresivamente la disciplina profesional basada en la deontología y consolidar un sistema judicial creíble y confiable.

Ortega aseguró ante los diputados que estas son las ideas fuerza “en torno a las cuales la Abogacía española –lejos de intereses corporativos- ha tratado de construir una propuesta para un Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia”.

Tras la intervención de la presidenta de la Abogacía, que recibió un aplauso unánime, los diputados reconocieron -durante sus intervenciones- la labor del Consejo General de la Abogacía para aportar ideas con la finalidad de lograr una mejor Administración de Justicia. Ante las preguntas de los diputados por la opinión de la Abogacía sobre los juzgados de las cláusulas suelo, Victoria Ortega recordó el acuerdo unánime del Pleno del Consejo General de la Abogacía para impugnar ante el Tribunal Supremo el plan del CGPJ ya que la atribución de competencias exclusivas a un único juzgado por provincia es “contrario al juez legal predeterminado por ley” aunque la Abogacía seguirá negociando para encontrar soluciones a esta situación”.

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Conoce la Fundación Abogacía L a Fundación del Consejo General de la Abogacía Española es una entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo. Para lograrlos desarrolla proyectos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en los ámbitos de la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. La función social de una abogacía libre, independiente y entendida como pieza esencia de la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de todos los individuos, sin distinción de ninguna clase, es la fuente de inspiración de toda la actividad de esta Fundación, creada por el Consejo General de la AbogacíaEspañola en el año 2003. ACTIVIDADES:

AMBITO DE LA COOPERACIÓN :

ACCESO A LA JUSTICIA DE

COLECTIVOS VULNERABLES EN

AMÉRICA LATINA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROPEO EUROSOCIAL

La Fundación Abogacía Española es Socio Operativo del sector Justicia del Programa EUROSOCIAL, una de las iniciativas de cooperación institucional más importantes a día de hoy entre la Unión Europea y América Latina. El cometido de la Fundación es liderar los proyectos referidos a la mejora en el acceso a la Justicia de ciertos colectivos vulnerables en América Latina: personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, población indígena, afrodescendientes, adultos mayores, menores, o personas privadas de libertad. Trabajamos en más de 1O países latinoamericanos en el marco de este Programa con Ministerios de Justicia, Poderes Judiciales y Defensorías Públicas.

Frutos de los años de estrecha colaboración con todas las instituciones públicas citadas, la Fundación Abogacía Española se constituye como una de las organizaciones de referencia en el ámbito de la cooperación institucional en el sector Justicia. La amplitud de áreas de actuación y la diversidad 100 de países e instituciones con las que trabajamos nos aportan una visión de conjunto que nos permite aprender y mejorar la calidad de nuestro trabajo cada día.

PRESOS ESPAÑOLES EN EL

EXTRANJERO

Las personas privadas de libertad ven especialmente dificultado el acceso a sus derechos y a veces a sus necesidades más básicas por el propio hecho del encarcelamiento. Esta situación se ve fuertemente agravada cuando se trata de personas que cumple n condenas en un país extranjero. En contextos de enorme complejidad, estamos trabajando para favorecer que los españoles condenados en países extranjeros puedan acceder a la justicia en mejores condiciones. Más de 1.700 españoles se encuentran actualmente privados de libertad en prisiones extranjeras, un volumen que requiere un mayor esfuerzo por parte de administraciones y entidades sociales españolas.

APOYO A LA ABOGACIA EN RIESGO La desprotección e indefensión en la que se encuentran muchos abogados en el mundo constituye desde siempre uno de los principales focos de atención de la Fundación en el ámbi-

Sala de Togas · Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería to de su mandato ligado a la cooperación. Colombia es uno de los países donde se produce un mayor número de asesinatos de abogados con un insufrible índice de impunidad. Desde 2010 promovemos y apoyamos la protección de los abogados en este país mediante el fomento de acciones de visibilidad, sensibilización e incidencia política sobre la situación que viven en el desempeño de su trabajo. La Fundación Abogacía Española promueve la defensa de los Derechos Humanos y el acceso a la Justicia de los grupos de población desfavorecidos, tanto en el ámbito nacional como en el de la cooperación al desarrollo. ÁMBITO NACIONAL:

AULA DE DERECHOS HUMANOS

La Fundación, en colaboración con los Colegios de Abogados, organiza jornadas divulgativas y formativas referentes al adecuado acceso a la Justicia de los grupos de personas más vulnerables. El proyecto contribuye a incrementar los conocimientos de los letrados acerca de los instrumentos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y les permite comprobar cómo la aplicación de estas Julio 2017